ALICANTE. La gestión turística de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando vuelve al centro del debate político municipal. Esta vez, a instancias de una propuesta registrada por el grupo municipal de Unides Podem EU, que se ha debatido en pleno este jueves, por la que se planteaba que el Ayuntamiento garantizase "de manera permanente el libre y gratuito acceso" a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando a todas las personas empadronadas en Alicante, así como la conexión mediante transporte público hasta la fortaleza situada en el monte Benacantil, ante la posibilidad de que el concurso convocado para externalizar la explotación de su dinamización turística acabe abriendo la puerta a la implantación del pago de una entrada.
Así lo ha apuntado el portavoz municipal de la confluencia, Xavier López, en la defensa de la iniciativa, en una intervención en la que ha insistido en acusar al equipo de gobierno -el bipartito conformado por Partido Popular y Ciudadanos- de privatizar el patrimonio público y de actuar al servicio "del lobby hotelero" pese a que, después, "se les llene la boca para criticar la propuesta de instauración de una tasa turística de carácter autonómico". "Están en contra de eso, pero no de cobrar entrada en el castillo", ha dicho. En esta línea, ha instado a los dos socios de gobierno a revertir el traspaso de competencias de los dos castillos, de modo que vuelvan a quedar bajo la responsabilidad íntegra de la Concejalía de Cultura, con el fin de que pueda garantizarse el respeto al patrimonio, según ha recalcado.
No obstante, la propuesta ha quedado rechazada con los votos de las dos formaciones que comparten responsabilidades de gobierno, tras un cruce de discrepancias sobre las implicaciones que tendrá la puesta en marcha de ese contrato de explotación, todavía en fase de evaluación de las dos propuestas presentadas por Esatur y por MagmaCultura, como informó Alicante Plaza.
Así, en primer término, el edil de Vox, José Bonet, ha considerado que, a su juicio, no debería plantearse el pago de una entrada para acceder al castillo de Santa Bárbara, pero ha optado por poner el foco fundamentalmente en los problemas de acceso generados tras el cese en el funcionamiento del ascensor y la prohibición de estacionamiento en el baluarte de Santa Ana. En segundo lugar, el edil de Compromís, Rafa Mas, también ha recriminado al bipartito los problemas de accesibilidad que existen para llegar hasta la fortaleza y ha lamentado que se pretenda "regalar el patrimonio" entregándole "las llaves del castillo a una empresa" para que asuma su gestión sin que se cuente "con un plan director" con carácter previo. Además, ha lamentado que se haya destinado cerca de dos millones a la ejecución de trabajos de rehabilitación en los dos castillos y que, sin embargo, no resulte posible llegar hasta ellos, con una referencia expresa al cierre de la fortaleza de San Fernando, "que ustedes han abierto y cerrado como si fuesen la inspiración de la canción de Ana Belén y Víctor Manuel y su 'abre la muralla' en función de quién quisiese visitarlo".
Acto seguido, la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha acusado a Unides Podem EU de mentir en su declaración y ha tratado de explicar cuál será el alcance real del concurso de explotación del castillo frente a "las falsedades" que ha atribuido a los grupos de la oposición. En esta línea, ha apuntado que el pliego de ese concurso "solo plantea externalizar la dinamización" del castillo y ha añadido que, "en el caso de que en un futuro se plantee crear una tasa" como precio de entrada, se propone "habilitar a la empresa concesionaria para que pueda cobrarla".
Sánchez insiste en que el Patronato de Turismo tendrá la última palabra sobre las actividades propuestas por la empresa concesionaria de la dinamización y sostiene que en los castillos de municipios gobernados por la izquierda ya se tiene que pagar por visitarlos
Así, ha incidido en que "externalizar no es privatizar". "El castillo no se privatiza, se externaliza su dinamización turística al igual que se externalizó la gestión de las oficinas turísticas o que se han externalizado otros servicios en otros centros culturales y museos", ha enfatizado. De ahí que haya reiterado que, tras la adjudicación del concurso, "el Patronato tendrá la última palabra sobre cualquier actividad que la empresa gestora pueda plantear".
Después, a colación de las críticas lanzadas por Mas sobre la limitación de horarios de apertura disponibles en la actualidad, ha subrayado que, precisamente, "el objetivo de esa externalización es facilitar el funcionamiento del castillo, con una ampliación de su horario". Además, ha subrayado lo que ha considerado un ejemplo de "bipolaridad" por parte de los tres grupos que conforman el eje progresista en la medida en que rechazan la posible implantación de una entrada para acceder al castillo mientras apoyan la instauración de una tasa turística "que lastra la competitividad del sector frente a otros destinos". Y, por último, ha citado algunos ejemplos de otros castillos de municipios de la provincia de Alicante gobernados por los partidos de la izquierda en los que ya se cobra entrada de acceso. Así, ha enumerado el castillo de Banyeres, con un precio de 2,5 euros; el de Dénia, 3 euros; o el de Villena, 3 euros.
Acto seguido, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha apuntado que, a su juicio, "es positivo que se cobre una entrada porque contribuye a poner en valor el patrimonio". No obstante, ha señalado que no se debería cobrar a los ciudadanos de Alicante. Además, ha considerado que la recaudación debería revertir en la propia fortaleza, al destinarse a su mantenimiento y rehabilitación, porque los recursos económicos de un ayuntamiento también son limitados. Después, se ha referido a los problemas de acceso hasta el Castillo de Santa Bárbara para asegurar que el departamento de Cultura había informado con antelación sobre la prohibición del aparcamiento en el baluarte de Santa Ana pero que, entonces, se avanzó que se habilitarían alternativas que, finalmente, no se han puesto en marcha, lo que, según ha incidido, ha obligado a turistas y cruceristas a tener que subir a pie hasta la fortaleza (en realidad, también se puede usar el vehículo particular, sin estacionar, acceder en microbús o recurrir a un taxi).
Al final, en el turno de votación, la propuesta ha contado con el respaldo de PSOE, Unides Podem y Compromís y la abstención de Vox. No obstante, ha quedado rechazada por PP y Cs.
Tras el debate de ese punto, sí se ha aprobado la segunda declaración promovida por Unides Podem EU en defensa de los derechos humanos de la población saharaui, sin el respaldo de Vox. Sin embargo, se ha rechazado la iniciativa promovida por Compromís para instar al Gobierno a promover la ejecución de un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días y a la aprobación de incentivos económicos. La propuesta ha contado con los trece votos a favor del eje progresista y los 16 en contra de PP, Cs y Vox.
Tampoco ha salido adelante la declaración promovida por Vox para que se incluya al pequeño comercio entre los representantes del Patronato Municipal de Turismo. La iniciativa solo ha sumado los votos de los dos concejales de la formación de Santiago Abascal, después de que la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, haya apuntado, en representación del equipo de gobierno, que ya se tiene en consideración la opinión del colectivo y se cuenta con ellos en todas las campañas de promoción.
PP y Cs rechazan la propuesta del PSOE para agilizar las expropiaciones y poner a disposición de la Generalitat el suelo para poder ampliar la Vía Parque, al sostener que el compromiso de inversión de Puig carece de credibilidad
La declaración institucional de urgencia presentada por Unides Podem para instar a la Generalitat a no prorrogar la autorización para la explotación de canteras en Fontcalent ha quedado igualmente rechazada con los votos del equipo de gobierno (PP y Cs). Vox, por su parte, se ha abstenido. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha asegurado que los tres grupos del eje progresista que sí han secundado la iniciativa deberían dirigirse a sus partidos en la Generalitat para conocer cuál es la posición que se pretende adoptar respecto a esa solicitud.
Por último, se ha debatido una segunda declaración institucional de urgencia promovida por el PSOE por la que se insta al ayuntamiento a completar la expropiación de los terrenos necesarios para ampliar el trazado de la Vía Parque de Alicante y ponerlos a disposición de la Generalitat con el fin de que pueda ejecutar sus obras. La edil socialista Trini Amorós ha incidido en que se trata de aprovechar el ofrecimiento asumido por el presidente del Consell, Ximo Puig, de invertir 40 millones en su construcción.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha planteado una enmienda para reformular la iniciativa, de modo que el texto sirva para instar al Consell a transferir esos 40 millones al Ayuntamiento para financiar las últimas expropiaciones pendientes, actualizar el proyecto y ejecutar la obra. "Si no, no nos creeremos la propuesta, como ha pasado otras veces en las que se ha anunciado un dinero del que después no se ha dispuesto", ha recalcado. Además, ha reiterado que el ayuntamiento sigue impulsando las expropiaciones pendientes desde el inicio del mandato y ha apuntado que se trata de un proceso largo. No obstante, ha apremiado al Consell a actualizar el proyecto para que pueda ponerse en ejecución.
Al término del pleno, el PSOE, a través de su portavoz adjunta, Amorós, ha denunciado que el alcalde "ha hipotecado el presente y el futuro del planeamiento urbanístico de Alicante al no aprobar una iniciativa propuesta por el PSOE en la que se recogía el compromiso de Ximo Puig para que el Consell aportara 40 millones de euros para Alicante con el objetivo de acabar la Vía Parque". En un comunicado, el PSOE ha apuntado que "el presidente de la Generalitat Valenciana hizo público este compromiso hace unos días y exhortó al Ayuntamiento a realizar la cesión de los terrenos necesarios para poder llevar a cabo la obra". Además, ha añadido que el propio equipo de gobierno, (PP y Cs), manifestó "que las expropiaciones se estaban realizando", lo que después de la negativa de este jueves, "ponemos en serias dudas", ha afirmado Amorós.
Para el PSOE, "la no finalización de esta obra supone que no podrá desarrollarse Alicante Central ni el proyecto de la Fachada Litoral, condenando a la ciudad a ser una ciudad del siglo pasado, en lugar de situar Alicante como la metrópoli europea que respeta los ODS y a la nueva realidad con la que nos ha enfrentado la crisis sanitaria por la pandemia". "Además, esta decisión arbitraria afecta a los barrios de los PAU, Rabassa, Florida, Ciudad de Asís, impidiendo la vertebración y la integración de estos barrios con la ciudad", concluye el comunicado.