ALICANTE. Una de las prioridades que se marcó el primer Consell del Botànic tras su toma de posesión, en 2015 -renovado cuatro años después-, fue el de la ampliación del parque público de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional en el conjunto de la Comunitat. Para ello, se pertrechó de distintos instrumentos como la convocatoria de concursos compra directa a particulares, la negociación con grandes tenedores para cerrar acuerdos de adquisición o el desarrollo del derecho de tanteo y retracto, con el que la administración se reserva la opción preferente de compra frente a otros posibles interesados.
Y es ahora cuando la Conselleria de Vivienda hace balance del trabajo conseguido en esa dirección en el margen de los tres últimos años, en los que habría completado la adquisición de 236 inmuebles en el conjunto de municipios de la provincia de Alicante: el 30,76% de los adquiridos en el conjunto de la Comunitat. Por su parte, en la provincia de Valencia la cifra asciende a 419; y en la de Castellón, a 112.
Las poblaciones alicantinas en las que se concentra la mayor proporción de esas adquisiciones son las de mayor peso demográfico: Alicante y Elche. En concreto, el listado lo encabeza esta última ciudad, con 34 viviendas adquiridas por un coste de más de 1,8 millones. Le sigue la capital, con un saldo de 32 inmuebles más y una inversión de 1,6 millones. Y, después, se sitúan otros grandes municipios aunque no necesariamente los de mayor censo. Se trata, por ejemplo, de Alcoy, que ocupa la tercera posición con la incorporación de 24 inmuebles en los que se habría invertido más de un millón (1.079.495 euros).
En la cuarta plaza figura Elda, en la que el departamento autonómico que coordina Héctor Illueca ha adquirido otros 20 pisos por 763.000 euros. Y el top cinco lo completa Almoradí, con 14 pisos y una inversión de 744.000 euros. En la lista figuran otros 29 municipios como El Campello (13 viviendas); Novelda y Villena (ambas con 10); Orihuela, Torrevieja, Xixona y Monforte (con 9), Petrer (con 6) o Santa Pola (con 5). Y ya con menos unidades, se encuentran Aspe (4); Callosa de Segura, Dolores, Crevillent y Monóvar (3); Cocentaina (2); Agost, Albatera, Algorfa, Altea, Calp, Dénia, Guardamar, Muro, Mutxamel, Pilar de la Horadada, Pinoso, San Vicente del Raspeig y la Vila Joiosa (con 1).
La lista, en la que se incluyen 34 municipios, la encabeza Elche, con 34 inmuebles, y Alicante, con otros 32
Ese conjunto de operaciones formalizadas por la Dirección General de Vivienda de manera directa, o a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (EvHa), ha supuesto un desembolso global de 13,3 millones, mientras que esa cifra se ha elevado hasta los 43 millones en el conjunto de la Comunitat.
¿Cuál ha sido la herramienta que ha ofrecido mejores resultados a la hora de formalizar esas adquisiciones? Lo cierto es que tanto en la provincia de Alicante como en el cómputo de las tres provincias, la opción que ha permitido cerrar la mayoría de las compras ha sido el derecho de tanteo y retracto, pese a las dudas que llegó a generar en el momento en el que se habilitó su aplicación. En concreto, en Alicante se ha formalizado 111 operaciones a través del ejercicio de ese derecho, frente a las 40 asumidas a partir de los concursos convocados en 2018 y en 2020.
Con todo, esas adquisiciones no parecen poder cubrir la demanda de vivienda existente, toda vez que siguen produciéndose procesos de desahucio. Sin ir más lejos, según concretaron fuentes del Sindicato del Barrio de Carolinas en Alicante, este lunes está previsto el desalojo de tres familias afincadas en inmuebles de un mismo bloque propiedad de la Sareb en la calle Elda, frente al que se han movilizado los vecinos.