Moreno Bonilla y Puig juntos en un acto en Andalucía. Foto: EP/María José LópezVALÈNCIA. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció este lunes que las elecciones autonómicas en su comunidad autónoma se adelantarán para celebrarse el próximo 19 de junio. Una visita a las urnas convocada por el dirigente 'popular' con el objetivo de mejorar los resultados cosechados en 2018, donde fue la segunda fuerza por detrás de los socialistas, si bien pudo alcanzar la presidencia con los votos de Ciudadanos y Vox.
El PP está de 'dulce', o al menos así lo señalan diversos sondeos en el ámbito nacional, que señalan un efecto efervescente con la entrada como líder de Alberto Núñez Feijóo en sustitución de Pablo Casado. Las últimas citas electorales se han saldado con victorias 'populares' de distinto calado, aunque victorias al fin y al cabo. Isabel Díaz Ayuso venció con solvencia en la Comunidad de Madrid sin permitir la progresión de Vox, mientras que Alfonso Fernández Mañueco también ganó los comicios y repite como presidente de Castilla y León aunque, en este caso, pactando la entrada en el gobierno del partido de Santiago Abascal.
Ahora, Moreno Bonilla se lanza a unos comicios que resultarán claves no sólo en el marco autonómico sino también en el escenario nacional. Una victoria del PP sería la tercera seguida del partido de la gaviota e incluso podría ocurrir que en los tres casos se hubiera arrebatado al PSOE su puesto como fuerza más votada. Pero habría más cuestiones de interés: ver si esta cita supone un clavo más en el ataúd político de Ciudadanos y comprobar hasta qué punto Vox es un partido que puede ser un competidor directo para el PP o si se queda en socio de gran relevancia o simplemente complementario.
Pero estas conjeturas tampoco son ajenas a otras autonomías como la Comunitat Valenciana. El paso adelante dado por el PP andaluz apuntala la idea que ya venía instalándose en el Palau de la Generalitat de que el jefe del Consell, Ximo Puig, apostará por apurar la legislatura e, incluso, llegar a hacer coincidir las elecciones autonómicas con las locales de mayo del año que viene.
La coyuntura para los socialistas valencianos con esta convocatoria andaluza no parece propicia. El PP, tras la irrupción de Feijóo y los últimos resultados, parece atravesar un momento de recuperación de la marca. Al mismo tiempo, Vox también disfruta de buenas proyecciones en los sondeos especialmente tras la crisis energética y de inflación provocada por la invasión rusa a Ucrania, algo que ha venido produciendo descontento en distintos sectores que podría rentabilizar el partido de Abascal mediante su discurso populista.
En este sentido, algunas fuentes socialistas apuntan a que en la dirección del PSOE existe cierto interés en la posibilidad de que Puig pudiera lanzarse a un adelanto electoral que coincidiera con el promovido por Moreno Bonilla en Andalucía. Una opción que en Ferraz verían con buenos ojos dado que consideran que Puig tiene buena imagen nacional y podría equilibrar la imagen de marca del PSOE si, como esperan, los socialistas valencianos retuvieran la Generalitat. Sin embargo, según distintos altos cargos consultados por este diario, esta posibilidad no se ha puesto sobre la mesa sobre el Palau y no estaría en la mente del presidente prestarse a este tipo de arriesgada operación.
Una distancia que el propio Puig quiso hacer patente al ser preguntado por la convocatoria realizada por Moreno Bonilla al subrayar que existen "diferencias abismales" entre ambas autonomías. Entre ellas, subrayó, que en la Comunitat Valenciana hay un "presupuesto aprobado en tiempo y forma" y un "gobierno estable, cosa que no tenía el presidente de Andalucía".
"En la Comunitat Valenciana hay estabilidad y capacidad de mirar adelante y de proyectar los fondos europeos, que es en lo que estamos, trabajando, que es de lo que se trata", explicó Puig a preguntas de los periodistas, deslizando así que, tal y como subrayan desde su entorno, el adelanto electoral está descartado a día de hoy.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
