El acuerdo de Les Corts que contempla despidos de personal no contó con informes jurídicos

VALÈNCIA. El acuerdo de la Mesa de Les Corts que prevé el despido de todos los trabajadores de cada formación con representación en el Parlamento cuando finalice la actual legislatura y que todos los grupos secundaron por unanimidad no contó con informes jurídicos de Les Corts que certificaran su viabilidad.  

Tal y como ya informó Valencia Plaza, PSPV, Compromís, PPCV, Ciudadanos, Unides Podem y Vox llegaron a un acuerdo el pasado mes de diciembre que pretendía regular el uso que realizan los grupos parlamentarios de las subvenciones que perciben de la Cámara para su funcionamiento. Con ello, quisieron dar respuesta a las numerosas pegas que ha puesto año tras año la Sindicatura de Comptes sobre cómo gestionan los partidos estas ayudas que suponen 4 millones de euros anuales para el erario público. 

Con el compromiso de ser más transparentes a partir de 2022, los seis partidos pactaron un texto que fija que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen" y que estos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran. 

El convenio añade que cuando finalice la legislatura los contratos laborales que suscriban los grupos también "se extinguirán" y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado. 

El acuerdo fue sellado en una comisión de Gobierno Interior, la única que se celebra a puerta cerrada. Pero más allá de dónde y cómo se cerró el pacto, conviene señalar cómo se desarrolló. Crearon una "comisión técnica" para estudiar cómo los grupos parlamentarios podían dotarse de personalidad jurídica para ser responsables de las contrataciones del personal a su cargo. Esto es porque a raíz de un escrito del diputado Vicente Fernández, ex de Ciudadanos, corrió el temor entre sus señorías de tener que responder con su patrimonio ante cualquier despido que se produjera del personal al servicio del grupo parlamentario. 

Así, pactaron que el texto determinara que los grupos se constituyeran con el inicio de la legislatura con un NIF nuevo y al finalizar, se extinguieran. Algo que no ha ocurrido hasta ahora. De esa forma, atribuían a los grupos la responsabilidad de asumir con las subvenciones que perciben de la Cámara cualquier tipo de indemnización. Y después de acordar el redactado en esta comisión técnica, terminaron de cerrar el convenio en una comisión de Gobierno Interior por unanimidad. 

Esa propuesta fue elaborada, según explican fuentes conocedoras de la negociación, "vista la propuesta elaborada por el jefe del Servicio de Asuntos Económicos y el letrado de Asuntos Económicos". Motivo por el que "nadie de ningún grupo" reclamó un informe jurídico en ningún momento. No consta en ningún acta de ninguna reunión que ninguna formación se opusiera al acuerdo porque, de hecho, se aprobó por unanimidad y a la Mesa el texto llegó cerrado. 

La mitad del acuerdo no podría aplicarse

La falta de informe jurídico, sin embargo, podría ser un problema porque es una pieza clave. No en vano, existen serias dudas legales de que las formaciones puedan aplicar este acuerdo si más adelante, en la legislatura siguiente, quieren contratar al mismo personal: técnicos, cámaras, periodistas, etc. que trabajan en el grupo. Principalmente, porque una vez despedidos no podrían volver a contar con sus servicios.  

Tampoco podrían aplicar este acuerdo en lo que respecta a las indemnizaciones, pues si los partidos abonan una indemnización a los trabajadores y más tarde vuelven a contratarlos -con otro NIF-, se entendería que estarían incurriendo en un fraude de ley, dado que las indemnizaciones están exentas del pago de IRPF a la Seguridad Social y, después de esto, la misma empresa no puede volver a contratar al empleado al que ha indemnizado. 

Con todo, los partidos justifican que lo que hace este acuerdo, en realidad, es resolver "una primera parte" que afecta a cómo los grupos gestionan las subvenciones y dotarse de "personalidad jurídica" para que sean estos los que contraten. Pero reconocen que no está resuelta la continuidad de los trabajadores y esto sería un dilema. Especialmente para PPCV, Compromís y PSPV, que son los partidos que tienen garantizada su representación en Les Corts en la legislatura que viene. 

Si Podem o Ciudadanos no superan la barrera electoral del 5% en las próximas elecciones autonómicas, no ocurriría nada por haber abonado a sus trabajadores una indemnización al finalizar el mandato actual, puesto que no deberían volver a constituirse como grupos parlamentarios al inicio de la XI legislatura. Pero no ocurre lo mismo con populares, socialistas y valencianistas, que a partir de mayo de 2023 volverán a constituirse como grupos parlamentarios con NIF nuevo y tienen predisposición de mantener el equipo con el que cuentan actualmente. 

En definitiva, el acuerdo podría ser válido para partidos con bajas expectativas electorales. Pero el apartado que establece que los grupos deben extinguir los contratos que tengan suscritos e indemnizar a sus trabajadores es un callejón sin salida que impide a los técnicos actuales continuar más allá de mayo de 2023. Una coyuntura que, ahora, fuentes parlamentarias admiten que están tratando de resolver. Explican que se está trabajando actualmente en "esa segunda parte", en un acuerdo complementario, pero no se le había dado "tanta premura" porque son hechos que no se consumarán hasta que lleguen las elecciones, dentro de 11 meses.  

En esos casos, explican que se está pensando en no abonar las indemnizaciones ni extinguir los contratos de las personas que vayan a continuar prestando sus servicios, sino mantenerlas desde la convocatoria de elecciones hasta que se constituyan los nuevos futuros grupos. No finalizarían sus contratos -aunque el acuerdo actual obliga a extinguir esos contratos-. 

Sin embargo, resulta complejo que una vez extinguido el grupo que les ha contratado, los empleados puedan seguir con contratos en vigor y cotizando a la Seguridad Social, puesto que sin empresa empleadora es difícil que haya trabajador y surgen diferentes preguntas al respecto tales como para quién prestaría sus servicios ese trabajador o quién le pagaría el salario. 

Otras fuentes parlamentarias van más allá y consideran que, con este problema sobre la mesa que afecta solo al personal laboral, a los partidos solo les queda una opción: revocar el acuerdo sellado en diciembre.