El abogado de Camps defiende que no existen pruebas de que ordenara contratar con la Gürtel

VALÈNCIA. El juicio del caso Gürtel sobre la pieza de los contratos menores de la Generalitat ha quedado este jueves visto para sentencia después de casi nueve meses desde su inicio y diversas suspensiones. La sesión ha estado centrada especialmente en la exposición de conclusiones del abogado de Francisco Camps. El exjefe del Consell, por su parte, ha ejercido el derecho a la última palabra únicamente como agradecimiento a la Audiencia Nacional y al tribunal, además de ponerse a su disposición. 

En esta pieza de Gürtel se ha juzgado el presunto trato de favor desde la Generalitat a siete empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que entre 2004 y 2009 recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros. También se incluyen las supuestas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

El letrado de Camps, Pablo Delgado, ha defendido la inexistencia de delitos cometidos por el que fuera jefe del Consell. En resumen, que no hay prueba alguna sobre que Camps diera orden, instrucción, inducción o influyera en la contratación de Orange Market por parte de la administración valenciana. "Nadie ha manifestado conocer ni haber recibido orden ni instrucción de Camps. El señor Camps es un hombre honrado", ha afirmado. 

El abogado ha atacado duramente a la Fiscalía Anticorrupción, que pide un año de prisión para el expresidente de la Generalitat por un presunto delito de tráfico de influencias en concurso con prevaricación –una rebaja sustancial respecto a los 2 años y medio que solicitaba inicialmente–. "Pedimos justicia ante el juicio continuado que, con una obsesión psicopatológica, ha mantenido el Ministerio Fiscal", ha dicho. 

En el mismo sentido, ha criticado la "indefinición de las fechas y los hechos" de los que se acusa a Camps y que, bajo su punto de vista, demuestran "la feria y la ruleta de la fortuna" de Anticorrupción, que ha lanzado "aseveraciones infundadas" a lo largo del juicio. Con expresiones como "ferocidad inusitada" o "interés desbordado", el letrado ha querido responder a una de las preguntas que pronunció la fiscal en su informe: "¿Quién controla a quien nos controla? La Fiscalía. ¿Y quién custodia? Los tribunales", ha respondido.

Tirando de ironía, el abogado ha comentado que en este juicio sólo se puede concluir que hubo dos posibles inducciones por parte de Camps: "la telepática, que no está penada porque sería imposible de demostrar, o por aclamación. Es decir, que todos los súbditos se subyugaron a su poder y no es que hicieran lo que él dijo, sino lo que pensaban que le pudiera agradar", ha señalado en referencia a contratar con Orange Market. 

El letrado ha destacado que ninguno de los conformados que han reconocido los hechos ha deslizado ningún "elemento fáctico delimitativo". "Únicamente hablan del ambiente de las relaciones personales", ha señalado en referencia a la de Camps y el director de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Algo que, a su juicio, no demostraría que el expresidente de la Generalitat dio una orden directa o indirecta.

Sobre el hecho de que 'El Bigotes' se trasladara a València a realizar trabajos para la Generalitat y para el PP porque se lo dijo Camps, lo ha justificado en la naturalidad de la invitación. "A los valencianos nos sale del alma invitar (...) es que aquí se vive bien. Yo entiendo que eso a los de Cuenca y Teruel no les sale, pero a nosotros sí", ha señalado. 

El letrado ha negado que los famosos regalos de Álvaro Pérez se llegaran a entregar y ha expuesto sus contradicciones de este último respecto a sus declaraciones durante la fase de instrucción de los procedimientos de Gürtel. En ellas, ha destacado que aseguró que nunca había recibido ningún trato de favor de Camps, versión que luego cambió. 

El abogado ha hecho hincapié, del mismo modo, en que tanto la Policía como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) admitieron en el juicio que no había ningún documento que pudiera vincular a Camps de manera directa con los hechos.