La oficina de información turística del Paseo de Levante, en imagen de archivo.ALICANTE. La oficina de información turística promovida por la Generalitat en el Paseo de Levante, junto a La Explanada, suma el enésimo contratiempo que completa un largo recorrido de infortunios. En esta ocasión, además, se trata de una cuestión ajena tanto a su emplazamiento como a su montaje: se trata de la coincidencia de la crisis sanitaria, que impide ahora su puesta en funcionamiento.
Fuentes de la Agencia Valenciana de Turisme confirmaron a Alicante Plaza que la empresa adjudicataria de su construcción e instalación, Pramoram, finalizó la construcción de la oficina y la puso a disposición de la Generalitat días antes de la llegada de la Semana Santa. Su conclusión se produce, así, cerca de un año y tres meses después de que se iniciase su montaje (las tareas comenzaron en enero de 2019 tras varios retrasos), después de haber superado múltiples vicisitudes.
Entre ellas, las dudas planteadas por el Ayuntamiento de Alicante en abril de 2018 sobre su necesidad de licencia; la discusión sobre la idoneidad del emplazamiento elegido para su instalación, y la ralentización de su montaje, después de que la empresa adjudicataria solicitase un aumento de precio para poder completar su instalación (que no fue concedido). En todo caso, Turisme ya ha anunciado su intención de aplicar las penalizaciones legales que corresponden por el retraso en la ejecución del contrato por causas imputables a su adjudicatario.
Turisme apremia a la empresa de la oficina de La Explanada: multas de 264 euros por día de retraso
Sea como fuere, tras superar todo ese proceso, el turno le llega ahora a la Generalitat. Los técnicos de Turisme deben inspeccionar la instalación para comprobar que se ajusta al proyecto y que cumple todos los requisitos necesarios para poder ser recepcionada. No obstante, esos dos pasos no podrán desarrollarse -en el caso de que la obra está correctamente finalizada-, hasta que se levanten las restricciones acordadas con motivo de la declaración del Estado de Alarma. No tanto por lo que respecta al desplazamiento de los funcionarios de la Generalitat, sino por lo que concierne a la suspensión de los plazos administrativos: no se podrá asumir la entrega del edificio de manera oficial hasta que se den por reanudados.
En principio, Turisme tiene un plazo de un mes para supervisar el montaje y proceder a la recepción de la obra o, en su caso, solicitar que se acometan las subsanaciones que se aprecien durante la inspección técnica. Pero ese plazo no comenzará a correr mientras siga vigente el Estado de Alarma. Cuando se supere esa fase, y se haya dotado de mobiliario, Turisme cederá su uso al Ayuntamiento de Alicante para que pueda ponerla en funcionamiento mediante la incorporación de su propio personal, en función del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones.
En ese momento, además, podría volver a plantearse el debate sobre la posibilidad de su traslado a otro emplazamiento próximo, en función de la voluntad que el alcalde, Luis Barcala (PP), ha venido expresando hasta ahora, tras calificar la oficina de "pegote que no gusta a nadie". Todo pese a que hasta ahora no ha trascendido que se presentasen alegaciones contra el proyecto ni contra el lugar elegido para su instalación en el momento en el que se hizo público su diseño y el emplazamiento concreto en el que se ubicaría. Así, la construcción se adjudicó en mayo de 2018 sin objeciones.
Sí hubo, no obstante, al menos un recurso de reposición presentado por el grupo municipal de Guanyar, en el que se apuntaban dudas sobre el carácter desmontable de la estructura de la oficina (el motivo que alegó el Ayuntamiento, ya con el PP en el Gobierno, al expresar sus dudas sobre la concesión de licencia) y su supuesta incompatibilidad con el plan urbanístico del Puerto, al tiempo que se alertaba de su afección al Plan de Protección del Castillo de Santa Bárbara por la afección a su visibilidad. El resultado de ese recurso no llegó a trascender, si es que llegó a resolverse.
En todo caso, esa posible traslado sigue supeditado a que el coste económico requerido para acometerlo resulte asumible, según ha apuntado la edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), en sus últimas valoraciones al respecto.
