El TSJ 'refuerza' el plan de Alicante para no ampliar el vertedero: más reciclaje y menos residuo ajeno 

ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el permiso para crear una quinta celda de vertido en la planta de residuos de Fontcalent invita a profundizar en los planes del tripartito de Alicante sobre el nuevo proyecto de gestión de las instalaciones. La clave de ese proyecto es la de tratar de alargar la vida útil del centro de tratamiento para no tener que llevar a cabo ninguna ampliación de la zona de vertido. Ni la concedida por la Generalitat en 2012, ahora sin eficacia, ni ninguna otra posterior. De hecho, según el concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), "en realidad nunca contamos con la construcción de esa quinta celda, pese a que estaba autorizada; ni se ha ejecutado desde 2012 hasta ahora ni pensamos en hacerlo ahora, así que, en principio, la sentencia no nos supone ningún contratiempo".

El plan de gestión del vertedero, que PSOE, Guanyar y Compromís quieren aprobar antes de que finalice 2017, insiste en reforzar cuatro líneas básicas para reducir el depósito de resto: la basura ya no aprovechable que debe ir a vertedero. Primero, avanzar en la recogida selectiva de los residuos orgánicos para potenciar su reutilización como compost. Segundo, insistir en la modernización de la maquinaria de tratamiento y en las campañas informativas para mejorar los porcentajes de reciclaje de vidrio, envases y papel y cartón. Tercero, seguir reduciendo la llegada de basuras de otras poblaciones hasta llegar a eliminarla. Y cuarto, lanzar campañas de concienciación para fomentar un consumo responsable, de modo que se compren bienes y objetos con el menor envoltorio posible para reducir el volumen de desechos depositados en los contenedores. 

En la planta se trabaja ahora con la tercera y cuarta celdas de vertido, tras haberse colmatado las dos primeras

En la actualidad, según Domínguez, en la planta de Fontcalent se trabaja ahora con la tercera y cuarta celda de vertido tras haberse colmatado y sellado la primera y segunda. La tendencia experimentada en el último año es de reducción del volumen de toneladas tratadas. De acuerdo con la memoria de Gestión de 2016, se trataron 176.200 toneladas, 68.000 menos que en 2015. De ellas, 120.600 fueron de Alicante, 43.200 de la zona sur de Valencia (Plan zonal 5, Área de Gestión V5) y 12.400 de la Vega Baja (Plan Zonal 11, Área de Gestión A6).

¿Tiene intención el equipo de Gobierno de promover un recurso ante el Tribunal Supremo para que la licencia vuelva a tener validez? Según Domínguez, hasta ahora no se habría contemplado. Y en realidad, el Ayuntamiento no podría hacerlo salvo que conminase a la concesionaria de la planta (UTE Alicante, compuesta por FCC, Cespa, Inusa y Ortiz e Hijos) ya que no forma parte del procedimiento. Sí podría hacerlo, no obstante, la propia Generalitat: parte demandada junto a Inusa (la antigua concesionaria del vertedero). Sin embargo, no parece que esa sea su intención si se considera que en 2015 inició un expediente para declarar la caducidad de ese permiso ahora anulado.