BENIDORM. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decretado la medida cautelar pedida por el Ayuntamiento de Benidorm ante una reclamación del Consell de Transparencia. Este ente resolvió que tenía que entregar documentación relativa a los comercios de la ciudad que pudieran tener irregularidades en sus aperturas o licencias. Sin embargo, el Consistorio ha recurrido esta imposición, al que se opuso el Abogado de la Generalitat.
De este modo, pidió que como medida cautelar no enseñaran este listado puesto que si no, no tendría sentido el propio recurso y tendría consecuencia irreversibles. El Ayuntamiento apela a la protección de datos para proteger esta información municipal, así como a los procedimientos cambiantes en estos asuntos.
Hay que tener en cuenta que la documentación tenía que incluir los siguientes estados de la licencia: Anulado, Denegado, en trámite, carecen de licencia, debe hacer cambio de titular, licencia en trámite y falta ampliación de epígrafes.
El TSJ advierte en su escrito del 3 de abril al que ha tenido acceso Alicante Plaza, que con esta decisión no se inclina a favor o en contra de la tesis que defiende el Ayuntamiento sobre la protección de estos datos. Pero sí que aprueba la argumentación de que en caso de que sus pretensiones se estimen en una futura sentencia, perdería la efectividad si no decretan la suspensión momentánea. No obstante, la resolución no es firme y cabe recurso de casación.
En el escrito de demanda que avanzó en su momento este diario, explicaban que el interesado había tenido acceso a la información, lo que se discute es la entrega de documentación o listados "por lo que su derecho no se ve notablemente afectado". Pero el demandante niega que haya tenido acceso a esta documentación.
En el recurso del Consistorio, manifestaba que hay más de 1500 establecimientos comerciales cuyos datos sobre su titularidad y situación serían públicos si se atendiera a esta entrega de documentación. Por lo que creen que la reclamación deberá ser accesible para toda la ciudadanía en general, por el principio de igualdad en el derecho, no sólo para el demandante.