Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Transparencia por la resolución que otorga la obligación al consistorio de entregar documentación a su demandante. Se trata del miembro de Podemos en Benidorm, Andrés Tovar, que reclamó acceso a la información relativa a establecimientos comerciales con sus licencias en los siguientes estados: Anulado, Denegado, en trámite, carecen de licencia, debe hacer cambio de titular, licencia en trámite y falta ampliación de epígrafes.
En la misma demanda, el consistorio pide como medida cautelar no entregar los documentos hasta que se pronuncie el juez, porque de este modo, no tendría sentido el recurso, que se motiva en la protección de datos.
En este sentido, explican que el interesado ha tenido acceso a la información, lo que se discute es la entrega de documentación o listados "por lo que su derecho no se ve notablemente afectado", recoge el escrito de demanda al que ha tenido acceso este diario.
El consistorio argumenta que hay más de 1500 establecimientos comerciales cuyos datos en cuanto a información sobre su titularidad y situación serían públicos si se atendiera a esta entrega de documentación. La reclamación deberá ser accesible para toda la ciudadanía en general, por el principio de igualdad en el derecho, no sólo para el demandante.
Asimismo, el decreto de Alcaldía afirma que no se trata de una información que se pueda facilitar de forma general a toda la ciudadanía, dado que incluye datos especialmente protegidos y datos relativos, en algunos casos, a la comisión de infracciones administrativas que no conllevan la amonestación pública al infractor. "A lo que se añade que el solicitante/reclamante no justifica en ningún momento el interés en los expedientes ni el uso o destino de la información, desconocemos si tiene fines comerciales, empresariales, para facilitarlos a terceros o cualquier otro".
Al mismo tiempo, explican que la información es cambiante diariamente en función de los trámites que se vayan realizando en cada expediente, tanto por la administración como por los ciudadanos o titulares de cada establecimiento comercial.
"En el caso que nos ocupa, el dar publicidad a la información obrante en la administración respecto a establecimientos comerciales sobre los que se deba llevar a cabo actuaciones administrativas puede suponer un perjuicio para poder llevar a cabo la labor de la administración, a lo que se debe añadir que no existe un interés que justifique la publicidad y el acceso a dicha información", concluyen en el decreto de Alcaldía que justifica este recurso.
