Echávarri, Bellido y Pavón, en una comparecencia pública, de archivo.ALICANTE. Doble cambio de paso simultáneo en las negociaciones con Ikea. PSOE, Guanyar y Compromís abren una nueva fase en las relaciones del Ayuntamiento de Alicante con la multinacional del mueble con dos escenarios en el horizonte hasta ahora no contemplados: la presión con otras ofertas para tratar de forzar la llegada de la inversión, por un lado, y la preparación del terreno para su posible fuga, por el otro.
El primero lo dejó caer el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, este jueves. En declaraciones públicas, el primer edil desveló que existen al menos otras dos empresas de relevancia que se habrían interesado por invertir en la cotizada partida de Rabasa, justo en el mismo emplazamiento en el que el gigante sueco pretendería instalar su segunda tienda en la Comunitat por su cercanía a la A-7 y sus consiguientes facilidades de acceso.
Según el primer edil, tras la renuncia de Alicante Avanza (la sociedad liderada por el controvertido empresario Enrique Ortiz) a desarrollar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en Rabassa, este mes de septiembre, hasta dos "grandísimas multinacionales" se han dirigido al Ayuntamiento para desarrollar ese suelo "y algunos con proyectos muy interesantes". No dio nombres ni más detalles sobre en qué consistirían esas propuestas. Salvo él y su entorno de colaboradores más directos, además de esas hipotéticas compañías, nadie más sabe de qué iniciativas puede tratarse.
Lo que está claro es que la revelación de ese interés de otros dos presuntos aspirantes al suelo de Rabasa forma parte de una nueva estrategia de presión, que se pone en marcha justo dos días después de que la multinacional acordase suspender in extremis el encuentro institucional concertado por el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). En esa cita se pretendía transmitir a la compañía la predisposición de Alicante y de su equipo de Gobierno a admitir la implantación de una tienda del mueble asociada a una zona de medianas superficies, pero sin macrocentro comercial. Es decir, la misma posición que viene reflejada en el pacto que dio lugar al tripartito; la misma que ya se aprobó en el consejo local de Comercio el pasado mes de octubre; y la misma que se fijó en Junta de Gobierno a principios de marzo, cuando se dio respaldo a la modificación número 35 del PGOU por la que se cierra la puerta a la instalación de nuevos hipermercados.
Nada había trascendido hasta este jueves del interés de otras multinacionales por implantarse en Rabasa
Hasta ahora, los tres socios de gobierno no han decidido si van a solicitar un nuevo encuentro institucional con la compañía para tratar de reanudar las conversaciones y esperan a que los dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, expresen, en la comisión de Ikea prevista para este viernes, si están dispuestos a asumir un macrocentro comercial de 80.000 metros que contempla en la última propuesta comunicada oficialmente por Ikea en el verano de 2015.
La pregunta puede resultar pertinente si se tiene en cuenta que, en el comunicado difundido el martes, la multinacional del mueble volvió a supeditar la instalación de una posible tienda en Alicante a la inclusión de un centro comercial anexo en el mismo proyecto. No dio mayores detalles respecto a su superficie ni características, pero lo volvió a introducir como requisito irrenunciable.
No obstante, lo cierto es que ni PP ni C's parecen dispuestos a mojarse más de lo necesario. Tanto la portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, como la líder de C's, Yaneth Giraldo, y su compañero de filas, Vicente Buades, afirmaron este jueves que lo que debe hacer el equipo de Gobierno es sentarse con Ikea a negociar para garantizar la llegada de la inversión sin pretender que sea la oposición la que "solvente la papeleta" después de dos años en los que "el tripartito no ha conseguido nada".
El segundo escenario, el de contemplar abiertamente la marcha de Ikea a otro punto de la provincia, se baraja internamente en el seno del tripartito al menos desde diciembre. En el equipo de Gobierno se mantiene desde entonces que el efecto de la llegada de Ikea ya no es el que hubiese sido diez años atrás porque ya no aporta valor añadido a una ciudad, como lo podía haber hecho hace una década. Esa tesis se viene barajando especialmente después de que quedase descartada la posibilidad de que la Generalitat gestionase la compra de terrenos en Rabasa y que, después, los pusiese a disposición de la multinacional (nunca llegó a concretarse cómo, aunque se daba por sentado que deberían venderse al mejor postor), para que pudiese instalar su tienda como parte de un proyecto más ambicioso, de gestión pública aunque de financiación no precisada, que incluía reserva de suelo para un hospital, una parcela de uso industrial para la instalación de empresas y otra para ocho campos de fútbol.
Esa propuesta quedó reducida finalmente a un proyecto de menores dimensiones en el que la Generalitat ya no asumía ninguna participación directa, con suelo para la tienda de Ikea y para la implantación de hasta cuatro medianas superficies (establecimientos del tipo de Decathlon o Media Markt). Desde entonces no ha trascendido ningún avance en esa dirección. Sobre todo porque el alcalde -que, en la responsabilidad institucional que le confiere el cargo, ha querido pilotar el proceso- se autoimpuso la máxima del silencio: no hablar de Ikea hasta que existiese acuerdo.
En el equipo de Gobierno se quita trascendencia desde finales de año a una posible renuncia de Ikea con el argumento de que ya no aporta el mismo valor añadido que hace una década
Sin embargo, ha sido ahora, después de que el propio Echávarri se descolgase de la delegación municipal que iba a reunirse con responsables del departamento de Expansión de Ikea, y de que la multinacional anulase ese encuentro, cuando se ha trasladado a la opinión pública con más intensidad la supuesta irrelevancia de la fuga de la inversión. Echávarri trató de quitar trascendencia a la posible renuncia de la multinacional al subrayar este jueves que no había que "rasgarse las vestiduras" si finalmente apostaba por otro municipio. "Quien pierde será Ikea, que no estará en la capital; vendrán otros a hacer negocio", añadió.
El portavoz del tripartito y líder de Compromís, Natxo Bellido, también lo reiteró por segunda vez en menos de 48 horas al sostener que "Alicante es más que Ikea", aunque añadió que "hay margen para negociar". Y en la misma posición se manifestó el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), el miércoles, al sostener que "tampoco pasaría nada si Ikea decide no instalarse en la ciudad; podría ser positivo pero si no viene tampoco pasa nada, no se acaba el mundo; pueden haber otros proyectos", dijo.
La cuestión que queda por resolver es si Ikea sigue interesada realmente en llegar a Alicante en el caso de que se cierre definitivamente la puerta a que su aterrizaje se produzca con un centro comercial anexo. ¿Le resultaría rentable la operación?, ¿seguiría interesándole abrir únicamente una tienda sin poder vender suelo a otros operadores comerciales para instalarse en su entorno?, ¿necesita invertir sólo para abrir una tienda cuando ya dispone de otro establecimiento en Murcia, a menos de una hora de desplazamiento en coche, por mucho que en Alicante pudiese optar al flujo de clientes procedentes de la carretera de Madrid? Las respuestas sólo las tiene Ikea.
Los representantes vecinales de la Zona Norte. Mientras, los vecinos de los barrios de la Zona Norte mantienen su confianza en que la implantación de la multinacional en Rabasa pueda suponer la llegada de inversiones a su entorno más próximo. Representantes de esos colectivos presentaron este jueves por registro un escrito por el que instan al Ayuntamiento a allanar la instalación de la multinacional precisamente en busca de ese efecto dinamizador y hasta anunciaron la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para apoyar ese aterrizaje.
