El empresario Enrique Ortiz a la salida del Ayuntamiento, en imagen de archivo. Foto: JUAN CARLOS SOLERALICANTE. El empresario Enrique Ortiz expone al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante a tomar otro acuerdo in extremis sobre la contrata de la limpieza de colegios y dependencias municipales (como la anulación del primer pliego, el último día de plazo para presentar ofertas). PSOE, Guanyar y Compromís disponen de siete días de plazo para tratar de cuadrar la contratación de una empresa que asuma la prestación de ese servicio a partir del 1 de marzo, después de que su responsable actual, Ortiz e Hijos, notificase el pasado día 15 su renuncia a seguir asumiéndolo en precario desde finales de este mes, después de venir haciéndolo durante 20 meses sin el respaldo legal de un contrato.
Fuentes municipales confirmaron a Alicante Plaza que, a expensas de las consideraciones de los servicios jurídicos, la opción que se considera más viable es la de iniciar un proceso exprés para garantizar que los 53 colegios de la ciudad y el resto de dependencias municipales (polideportivos, bibliotecas o el propio ayuntamiento) sigan limpiándose hasta que se adjudique el nuevo contrato. Como publicó este diario, el concurso quedó convocado la semana pasada y hasta el propio tripartito asume que no habrá nuevo concesionario como muy pronto hasta el mes de mayo.
Las mismas fuentes precisaron que tanto el interventor como el secretario municipal habrían avalado la posibilidad de recurrir a esa contratación exprés, ya que se trata de dar cobertura a una necesidad urgente que afecta a un servicio público. Se baraja la posibilidad de pedir precio a tres empresas del sector para poder escoger, aunque no habrá decisión definitiva previsiblemente hasta mediados de semana.
La posibilidad que sí parece descartada, al menos por el PSOE (titular de la Concejalía de Infraestructuras, de la que depende el servicio), es la de prestarlo provisionalmente por gestión directa. El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), planteó esa posible salida como la más ágil y económica para el interés general, ya que, según explicó, bastaría con que el ayuntamiento se subrogase y asumiese el pago de las nóminas de los 440 empleados a cargo del servicio, con un ahorro del 30% para las arcas municipales respecto al sistema actual, al no tener que pagar ni IVA ni el beneficio industrial. No fue ninguna sorpresa: Guanyar siempre se ha mostrado a favor de municipalizar el servicio y ha sido consecuente con esa posición: votó en contra de la primera licitación y se abstuvo en la aprobada el pasado martes.
Sin embargo, el nuevo planteamiento no convenció a sus socios de gobierno. El PSOE, que se ha puesto al frente de la resolución del conflicto -con el primer edil, Gabriel Echávarri, a la cabeza- lo consideró inviable y Compromís eludió decantarse hasta conocer qué otras fórmulas se plantean. Su líder, edil de Contratación y portavoz del tripartito, Natxo Bellido, dijo que "lo lógico es que se apueste por la opción más rápida y más operativa".
Entretanto, el alcalde sí garantizó este lunes que se emprenderán acciones legales contra Ortiz e Hijos por romper el compromiso que firmó en octubre de 2015 para continuar prestando el servicio hasta que hubiese un nuevo adjudicatario y descartó que esa firma o cualquier otra asociada a Ortiz pudiese reanudar su prestación. Además, trató de lanzar un mensaje de tranquilidad a la plantilla al asegurar que seguirán percibiendo sus nóminas.
Sea como fuere, la gestión de la renuncia de Ortiz e Hijos ha vuelto a tensar las relaciones entre los tres socios al haberse interpretado en las filas de Guanyar y Compromís como un nuevo ejemplo de incomunicación. Los dos grupos confirmaron este lunes que tuvieron información oficial sobre la renuncia de la empresa el sábado, tres días después de que se registrase en el ayuntamiento y cuando ya se había producido una filtración que se llegó a calificar de interesada. En el entorno del PSOE se alegó este lunes que no se había tenido conocimiento previo hasta que se produjo esa filtración.
Las fuentes consultadas por este diario sí pudieron precisar que hasta este lunes no se había recibido más notificaciones judiciales de embargo sobre los ingresos de empresas de Ortiz, en respuesta a la decena de demandas presentadas por el Banco Sabadell sobre los impagos de los créditos concedidos por la extinta CAM a sociedades del controvertido promotor para la adquisición de suelo en el sector de Rabasa, entre otros emplazamientos de la provincia. Como informó este diario, la primera providencia en ese sentido quedó sin efecto la semana pasada después de que el juzgado aceptase el recurso presentado por Ortiz.
Según las mismas fuentes, Ortiz e Hijos tampoco había presentado las facturas derivadas de la prestación del servicio de limpieza de dependencias públicas por los meses de diciembre y enero. Según las mismas fuentes, la empresa no se había demorado con anterioridad en ese trámite, necesario para que el ayuntamiento pueda abonar el importe debido (en torno a 730.000 euros mensuales).
