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licitación del nuevo pliego sin respaldo de guanyar 

El tripartito se vuelve a quebrar por la limpieza de colegios y habrá otros 3 meses de embargos a Ortiz

PSOE y Compromís activan el segundo concurso para regular un servicio prestado desde hace 20 meses por las empresas del polémico constructor sin respaldo de contrato. Los dos partidos tratan de apuntalar los empleos con cláusulas sociales y asumen que la contrata seguirá en precario hasta mayo. Guanyar vuelve a reivindicar la gestión directa y provoca otro estallido en las filas socialistas      

15/02/2017 - 

ALICANTE. El proceso para legalizar la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales dependientes del Ayuntamiento de Alicante se activó finalmente este martes con un nuevo -y, otra vez, tenso- episodio de discrepancia interna en el seno del tripartito. Dos de los tres partidos que lo componen, PSOE y Compromís, aprobaron en una Junta de Gobierno extraordinaria las bases del segundo concurso público sobre la materia que se conoce desde la formación del actual equipo de Gobierno, en junio de 2015: es decir, justo la fecha en la que caducó la última concesión, adjudicada bajo mandato del PP a una de las empresas del constructor Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos).  

El tercer socio del tripartito, Guanyar, optó por no respaldar el pliego -tampoco apoyó su primera versión- y se abstuvo cuando el punto se elevó a la Junta de Gobierno. Su portavoz, Miguel Ángel Pavón, insistió en declaraciones posteriores en que "desde Guanyar Alacant entendemos que el servicio debería haberse municipalizado desde el minuto uno de la legislatura; si se hubiera hecho no estaríamos en el complicado escenario actual", dijo, en alusión a los 20 meses de pagos fuera de contrato que ya se llevan acumulados a Ortiz e Hijos y al embargo judicial de las entregas por el servicio prestado que se comenzó a comunicar al Ayuntamiento desde finales de diciembre (en respuesta a las demandas presentadas por el Banco Sabadell por los impagos de los créditos concedidos a Urbanika -otra de las sociedades de Ortiz- que la entidad catalana heredó de la extinta CAM).

Lo cierto es que el nuevo pliego en sí mismo no introduce novedades que hayan acrecentado las discrepancias ideológicas. Como viene publicando Alicante Plaza, su nueva redacción aspira a reforzar las garantías laborales de los trabajadores a cargo de la contrata actual (unos 420 operarios) con dos añadidos básicos: la introducción de una cláusula para bonificar con una puntuación adicional a las ofertas que se comprometan a mantener a la plantilla durante la vigencia de la concesión y el establecimiento de un límite del 5% de rebaja respecto a la media de precio de todas las ofertas presentadas. Las ofertas que superen ese porcentaje de reducción -y, en consecuencia, también de ahorro para las arcas municipales- quedarán descartadas al considerarse bajas temerarias. El edil de Contratación y portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), explicó que lo habitual es que ese límite se quede en el 1%, de modo que lo que se ha hecho es subirlo en cuatro puntos más para que la lógica competición entre empresas para presentar propuestas más baratas no acabe derivando en una probable reducción de gastos de personal que, a la postre, provoque despidos.

Ese límite del 5% ya existía en el pliego anterior -retirado el pasado diciembre, en el último día de plazo para presentar ofertas- sobre el precio de licitación. Según Bellido, ahora el interventor municipal habría considerado novedades normativas contrarias a esa delimitación, al considerar que con él se estaría limitando la libertad de concurrencia de las empresas.

El pliego también recoge explícitamente la obligación del adjudicatario de cumplir el convenio laboral del sector, en el que ya queda regulada la subrogación de la plantilla, y contempla la valoración de condiciones de conciliación laboral y familiar de los trabajadores como factor de desempate entre las puntuaciones de varias empresas. 

Todas esas cláusulas tratan de amparar la continuidad de los puestos de trabajo, de acuerdo con las peticiones formuladas por los representantes sindicales de los trabajadores en diciembre, cuando ya se daba por hecha una convocatoria de huelga que hubiese dejado sin servicio de limpieza a 53 colegios públicos de la ciudad, además de otras dependencias municipales como el Ayuntamiento o los pabellones deportivos.                  

Para Guanyar, todas esas incorporaciones no suponen ningún problema. Es más, Pavón valoró "positivamente que se hayan aceptado algunas sugerencias que presentamos al pliego". Sin embargo, insistió en que se trata de cuestiones "de orden menor". Y aunque añadió que Guanyar asume "el resultado democrático que se ha producido en el seno de la junta de gobierno, aunque no lo compartamos", recalcó que "estamos muy preocupados por la situación en la que quedan los trabajadores del servicio, más aún en el escenario actual de embargo judicial de la empresa de Ortiz". En su opinión, "pueden acabar siendo víctimas de las prácticas especulativas de Enrique Ortiz, amparadas por el Partido Popular cuando gobernaba el Ayuntamiento y que son objeto de investigación judicial por presunta corrupción urbanística en la pieza de Brugal del Plan General". 

En realidad, sus socios de PSOE y Compromís asumen que no existe otra alternativa que no sea la de retener esos pagos (que comenzarían a contabilizarse desde el mes de diciembre) y admiten que esa situación se va a sostener al menos durante otros tres meses más, ya que los plazos del proceso de licitación (exposición al público y estudio de ofertas) retrasará el momento de la adjudicación del servicio al menos hasta mayo. 

Guanyar insiste en plantear la municipalización de otros servicios como el mantenimiento de parques y jardines  

De ahí que el punto de más difícil encaje de las valoraciones de Guanyar para sus socios fuese, precisamente, la reiteración de su apuesta por la gestión directa. Pavón insistió en que "desde Guanyar no renunciamos a municipalizar servicios por el ahorro que supone en concepto de IVA y beneficio empresarial, por tener el control directo del servicio y por la garantía que supone para la estabilidad laboral de los trabajadores". Es decir, los mismos argumentos que ya se esgrimieron en la convocatoria del primer concurso, después de que un informe de carácter económico elaborado por la Concejalía de Infraestructuras, y otro de carácter legal redactado por los servicios jurídicos municipales desaconsejasen la municipalización por su elevado coste (sobre todo con un Ayuntamiento sometido a un plan de ajuste) y por la imposibilidad ampliar la plantilla de empleados públicos. 

Cuando se conocieron esos informes, Pavón ya sostuvo que en otros ayuntamientos sí se ha llevado a cabo experiencias de gestión pública. Y este martes abundó en ese mensaje: "Esperamos que el mantenimiento de parques y jardines, cuyo contrato finaliza en las próximos meses, pueda municipalizarse, aunque sea parcialmente, con el apoyo de todos los grupos que sustentamos el equipo de gobierno".

Sea como fuere, lo cierto es que el posicionamiento de Guanyar en la Junta de Gobierno (en la que no participaron ni el alcalde, Gabriel Echávarri, ni la edil de Educación, María José Espuch, de Compromís) y las valoraciones posteriores causaron un profundo malestar especialmente en las filas del PSOE. Según las fuentes consultadas, los socialistas recriminaron internamente la intransigencia de Guanyar y trataron de hacer ver a Compromís la falta de predisposición de la coalición liderada por Pavón para hacer equipo. Hasta este martes no había trascendido ninguna posible consecuencia sobre lo sucedido. Se desconoce si pueden llegar a producirse.

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