ALICANTE. Se adjudicó en octubre de 2019. Pero, casi un año y medio después, no ha llegado a ejecutarse y ahora depende de un último informe de supervisión por parte del Ministerio de Cultura para que pueda llevarse a cabo. Se trata del traslado de Torre Placia: uno de los baluartes que conforman el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta, que el Ayuntamiento de Alicante está obligado a desplazar de su emplazamiento original, tras haberla adquirido por un precio de 1,7 millones, en cumplimiento de una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el año 2004.
El traslado del edificio fue, de hecho, la fórmula propuesta por el propio ayuntamiento como mecanismo alternativo para la ejecución de dicha sentencia, en la que se conminaba a demoler las viviendas que se construyeron de manera indebida (a partir de la licencia que se concedió en el año 2000) en el entorno de protección de la torre. Para sustanciar esa propuesta alternativa, el ayuntamiento argumentó que con el desplazamiento de la torre se conseguiría minimizar los costes económicos y sociales que conllevaba la demolición de las viviendas, en la medida en que se tendría que indemnizar a sus propietarios y que se les generaría desarraigo, ante la nnecesidad de cambiar de domicilio.
Ahora, fuentes municipales consultadas indicaron que el proyecto para desmontar y reconstruir el baluarte, trazado por Estudio Métodos de la Restauración (la empresa adjudicataria, que también se perfila para llevar a cabo la recuperación de la fuente de Luceros), queda en manos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ipce). ¿En qué sentido? En la medida en que debe emitir un informe favorable que autorice la ejecución de los trabajos de forma definitiva. Como informó este diario, la propuesta técnica presentada por Estudio Métodos de la Restauración (la mejor valorada por la comisión técnica constituida ex profeso) plantea un desmontaje pieza a pieza del baluarte para reponer su estructura en su nueva ubicación.
La autorización del Instituto del Patrimonio podría demorarse varios meses y su ejecución se prolongará durante medio año
La torre se reconstruirá en una parcela de propiedad municipal calificada como equipamiento cultural, que se sitúa entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés. Se trata de un emplazamiento próximo a su situación actual, en la calle Campoamor, con lo que, de algún modo, quedaría preservado el respeto a la conexión física que existe en el conjunto de torres defensivas del que forma parte.
Esa reubicación ya logró el beneplácito del ministerio, que avaló la propuesta de traslado en mayo de 2017. De hecho, en ese momento se consideró que el emplazamiento propuesto para su reconstrucción respetaba la continuidad de la línea visual con la que se construyó el conjunto de las Torres de la Huerta, entre los siglos XVI y XVII, como baluartes de vigilancia desde los que se debía comunicar la llegada de piratas.
Así que el examen que debe formular en este momento el Ipce se circunscribe únicamente al proyecto de ejecución concreto, después de que el ayuntamiento requiriese a la empresa adjudicataria para que introdujese algunas modificaciones relacionadas con algunas nomenclaturas erróneas.
En principio, no existe ningún plazo determinado para que el Ipce pueda conceder esa autorización, aunque, según fuentes consultadas, ese permiso podría demorarse todavía varios meses. De lo que sí existe certeza es de su plazo de ejecución: de acuerdo con la propuesta de Estudio Método de la Restauración, los trabajos se prolongarán durante seis meses en cuanto puedan dar comienzo.