La plaza de Séneca, en la que se preveía la construcción del aparcamiento subterráneo.ALICANTE. El Tribunal Supremo (TS) conmina al Ayuntamiento de Alicante a a resolver otro entuerto heredado de los mandatos de la popular Sonia Castedo y obliga a devolver la fianza incautada por la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Séneca que nunca llegó a ejecutarse. La consecuencia: el actual equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, tendrá que reintegrar 100.000 euros por un proyecto fallido ocho años después de que se iniciase el conflicto con la empresa que teóricamente debía construir el aparcamiento.
La disputa se remonta al año 2012, cuando el equipo de Gobierno, del PP, acordó licitar la construcción y explotación de la infraestructura. El concurso partía con un presupuesto de 2,2 millones y un plazo de concesión de 40 años, a cambio un canon de 55.000 euros anuales. La primera convocatoria quedó desierta. Pero la segunda sí atrajo, al menos, a un licitador: la empresa New Capital 2000. El Ayuntamiento aprobó la clasificación de esa única oferta presentada, aunque la propia empresa decidió recurrir el acuerdo al disentir sobre sus términos, pese a que habían quedado regulados en el pliego de condiciones. Acto seguido, la Junta de Gobierno desestimó ese recurso, decidió no adjudicar la construcción del aparcamiento e inició el expediente para incautarse de la fianza depositada por la compañía.
A partir de ahí, New Capital 2000 presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TCARC) dependiente del Ministerio de Hacienda, al que la Junta de Gobierno acordó no dar curso. Así que la empresa acudió a los juzgados de lo Contencioso y, en 2015, logró una sentencia favorable que forzó al ayuntamiento a tramitar ese recurso. En él, la compañía pedía que le adjudicase la obra o, en caso contrario, que se le indemnizase con un 3% del importe del contrato no ejecutado.
El PP aceptó la oferta de New Capital 2000 en 2012 pero acordó no adjudicarle el contrato y bloqueó su recurso posterior
La resolución del Tribunal de Contratación llegó en septiembre de 2015 estimando solo parcialmente las pretensiones de New Capital. En concreto, el órgano adscrito a Hacienda consideró correcta la no adjudicación del contrato a la empresa, puesto que había tratado de modificar las obligaciones previstas en el pliego de condiciones del concurso para acordar otras relacionadas con la financiación de las obras y el plazo para iniciarlas. No obstante, sí estimó necesaria la devolución de la fianza.
Pero el asunto no quedó ahí: el ayuntamiento recurrió esa resolución ante el TSJCV que, validó el acuerdo del tribunal de contratación en febrero de 2019. El ayuntamiento volvió a recurrir ante el TS. Sin embargo, en sentencia dictada el pasado noviembre, el alto tribunal rechaza el recurso municipal y confirma la decisión del TSJCV en la que, en último extremo, se obliga a devolver el aval incautado a la empresa de manera indebida.
Así, el bipartito asumió la ejecución de sentencia a través de un acuerdo de Junta de Gobierno aprobado este martes. Además de devolver los citados 100.000 euros, PP y Cs tuvieron que revisar el expediente de contratación de 2012 para rechazar expresamente la propuesta de New Capital 2.000 al no cumplir los requisitos en el pliego de condiciones.
