José Cholbi, Sindic de GreugesVALÈNCIA. La deuda de la Conselleria de Igualdad son las entidades que gestionan los centros de menores en situación de desamparo, que ya alcanza los 30 millones de euros, no solo le ha provocado a Mónica Oltra un problema de reputación por las protestas públicas de estas entidades, sino que también le ha costado ser amonestada por la Sindicatura de Greuges.
El organismo que dirige José Cholbi abrió a finales de marzo un expediente de oficio para investigar los impagos a las entidades sin ánimo de lucro que atienden a menores tutelados por la Generalitat a raíz de una queja de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores en la Comunitat (Apime).
A lo largo de estos cinco meses, la Sindicatura de Greuges se ha dirigido en varias ocasiones al departamento de Oltra para requerirle la relación de centros afectados, la situación de los pagos pendientes o la fecha prevista de su liquidación, pero la Conselleria de Igualdad no ha respondido a ninguna de esas peticiones.
En la última de esas cartas, fechada el pasado 1 de julio y dirigida directamente a la consellera, el órgano le requiere por tercera y "última vez" que aporte la información solicitada en un plazo máximo de 15 días. De no hacerlo, la Sindicatura de Greuges daría por cerrado el expediente sin el informe de Igualdad. Cinco semanas después, Oltra no solo ha facilitado los datos, sino que ni siquiera ha dado acuse de recibo.
Por ello, y dado que la no emisión de informes solicitados por la Sindicatura de Greuges se califica como una actitud "entorpecedora de la labor de investigación", la Conselleria de Oltra se expone a ser objeto de un informe especial a Les Corts, además de ser destacada en el Informe Anual de la Sindicatura de Greuges.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Igualdad alegan que parte de las "dificultades" para responder al Síndic se deben a la falta de personal, ya que la Comunitat es una de las autonomías con menor ratio de funcionarios por habitante. "Dedicamos los esfuerzos principalmente a la atención directa y tramitaciones burocráticas", alegaron.
Desde que a finales del año pasado acabaron los últimos contratos de los centros de menores, la Conselleria de Igualdad les ha pagado algunas facturas por el servicio mediante el procedimiento extraordinario de pago por resarcimiento de enriquecimiento injusto. Igualdad cifra en 11 millones de euros el montante total desembolsado, pero a algunos centros no se les paga desde enero.
La Conselleria ha tenido que recurrir a ese procedimiento por el retraso en la aprobación del concierto de servicios y plazas de centros de menores tutelados en situación de desamparo, un modelo que no se ha puesto en marcha hasta el pasado 1 de junio a pesar de que el objetivo era precisamente evitar los problemas en el pago con el anterior modelo de subvenciones.
La situación ha llevado a varios de estas entidades, especialmente a las medianas o pequeñas, a una situación límite de liquidez. Tal es así que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) –entidad financiera dependiente de la Conselleria de Hacienda, ha salido al rescate de los centros asfixiados por los impagos tuvo que abrir una línea de crédito especial, pero con un interés del 2% que las entidades consideran fuera de mercado.
Al respecto, la vicesecretaria regional del PP valenciano, Elena Bastidas, denunció este jueves que la vicepresidenta del Consell "estrangula" a los centros de menores tutelados por la Generalitat con "más impagos". Por ello, le instó a "resolver el agravio que ha provocado" y hacerse cargo de los intereses de los créditos concedidos por el IVF.
