ALTEA. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha iniciado una queja de oficio para conocer las medidas que piensa adoptar la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para garantizar la continuidad en la atención a las personas atendidas en recursos de Emaús. El grupo está afectado por una demanda de concurso de acreedores que puede acabar con un ERE, y como consecuencia, a los trabajadores y a los usuarios allí atendidos.
La especial vulnerabilidad de las personas atendidas: mayores, menores en situación de desprotección, mujeres víctimas de violencias, personas con discapacidad. Así como la responsabilidad directa que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asume sobre muchas de estas personas, la mayor parte de los menores atendidos se encuentran bajo la tutela de la Conselleria, justifica la actuación del Síndic de Greuges en este asunto.
Las medidas que, según el Comité de Empresa, piensa adoptar la Administración autonómica (traslado de las personas atendidas a otros centros en los que exista disponibilidad de plazas) afectarían negativamente a los procesos de atención iniciados y por tanto a la estabilidad psicológica y emocional de las personas atendidas.
"Hay que tener en cuenta que los menores atendidos están mayoritariamente tutelados por la Administración por encontrarse en situación de desprotección. Muchos de ellos se encuentran acogidos en los centros del grupo Emaús desde hace años, por lo que los/as educadores/as que les atienden se han convertido en sus referentes afectivos y en guías de sus procesos socio educativos. Igualmente, sus compañeros/as de centros, de escuela, de barrio, de actividades deportivas conforman un contexto que les proporciona la seguridad y estabilidad que no tuvieron en sus familias", explica el Síndic en un comunicado. Por todo ello, entienden que un posible traslado de centro supondría una nueva ruptura en la vida de estos menores y podría suponer una vulneración de sus derechos. Lo mismo ocurre con las personas mayores y con discapacidad que, por su edad y necesidades, viven con extrema inseguridad cualquier cambio de circunstancia que se pueda producir y en especial en su ámbito afectivo relacional.
Así, explican que el defensor del pueblo valenciano "no puede entrar a valorar las cuestiones laborales que se encuentran actualmente sujetas a decisión judicial (ERE). No obstante, esta institución viene pronunciándose desde hace años respecto a las demoras, por parte de la Administración autonómica, en los pagos a las entidades que gestionan recursos de servicios sociales. Unos retrasos que han tenido consecuencias directas en los/as usuarios, pero también y no menos importantes, en los trabajadores de las mismas y en las propias entidades (muchas de ellas abocadas a su desaparición o a procesos como el que nos ocupa)", dice el escrito.
Sobre este asunto, el Síndic recuerda que desde hace años, los/as trabajadores/as de las entidades afectadas sufren importantes demoras en el cobro de sus salarios, llegando, como actualmente, a adeudárseles hasta siete mensualidades. No obstante, el defensor ha querido destacar y poner en valor la profesionalidad de las personas afectadas que siempre han continuado con su labor con absoluta diligencia en cada una de las quejas tramitadas sobre esta problemática.
