ALICANTE (EFE).- El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha realizado en los últimos meses 31 inspecciones en la provincia para detectar irregularidades urbanísticas y, como resultado, ha puesto a disposición judicial a 22 personas acusadas de delitos contra la ordenación del territorio.
Según ha informado hoy en un comunicado del Instituto armado, el Seprona ha tramitado, además, "numerosas" denuncias administrativas, con sanciones de entre 300 euros y un millón y medio de euros.
Las infracciones administrativas detectadas afectan a las localidades de Hondón de los Frailes, Confrides, Benifato, Villajoyosa, Pilar de la Horadada, Callosa d’en Sarrià, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Petrer y la ciudad de Alicante.
Para el operativo destinado a comprobar el correcto cumplimiento de la legislación que regula la ordenación del territorio y el urbanismo, los agentes del Seprona han realizado vuelos en helicóptero por toda la provincia, junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
De este modo, han llevado a cabo un total de 31 inspecciones para la investigación de la comisión de posibles delitos contra la ordenación del territorio, así como también, para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con urbanismo.
Mediante estas inspecciones, se ha comprobado la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y territorial aplicable, y se ha constatado la existencia de una serie de edificaciones o construcciones que, "por su situación actual y aspecto exterior, parecían recientes y no legalizables".
"Tras un análisis minucioso de la casuística de cada una de las diferentes situaciones encontradas", se ha verificado que estas edificaciones estaban ubicadas en terreno clasificado como no urbanizable protegido, ámbitos protegidos de la Red Natura 2000, concretamente de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Como resultado de estas irregularidades, se ha puesto a disposición judicial a un total de 22 personas, como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, además, se han realizado numerosas denuncias administrativas a las leyes de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de Vías Pecuarias y de Aguas.
Las sanciones de estas denuncias van de los 300 a los 3.000 euros, si la infracción es leve, de los 3.001 a los 30.000 euros, si la infracción es grave, y de los 30.001 al millón y medio de euros, si ésta es considerada muy grave.
Del mismo modo, se ha solicitado a la autoridad competente el requerimiento de incoación de expediente de reposición de la legalidad urbanística y restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de las actuaciones ilegales.
El Seprona recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar compra, obra o construcción alguna, deben de asesorarse correctamente sobre aspectos como la catalogación del terreno sobre el que se disponen a construir y sobre la categorización y usos permitidos del mismo.
Además de la posibilidad de incurrir en infracciones administrativas, "también se puede estar cometiendo delitos castigados con penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, así como incluso tener que demoler la edificación por decreto judicial".
