Empleados de la anterior adjudicataria, que presta sus servicios fuera de contrato al haber vencidoALICANTE. El recurso que ha presentado la mercantil Alavés, Montajes y Realización S.L., y que ha paralizado la adjudicación del contrato de infraestructuras festivas, se basa en dos aspectos fundamentales: las dudas sobre la solvencia de una de las empresas que forma parte de la UTE adjudicataria, de un lado, y el hecho de que el Ayuntamiento no les haya permitido conocer la oferta técnica ganadora y, por tanto, poder compararla con la suya.
Como publicó Alicante Plaza este miércoles, tras el recurso de Alavés la junta de gobierno local ha acordado suspender la tramitación del expediente administrativo (como indica la ley cuando el acto recurrido es la adjudicación), hacer suyos los informes evacuados por los servicios afectados por el recurso (Infraestructuras y Contratación), y remitir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los citados informes y copia del expediente de contratación. La resolución del recurso llegará en el plazo de uno a dos meses, tiempo durante el cual la adjudicación queda en suspenso.
Fuentes de la representación legal de la empresa indicaron a este diario que el recurso se basa, en el primer punto, en el hecho de que "una de las tres empresas que forman la UTE adjudicataria (Sit Down MM S.L., APQ Stage Ibérica S.L. y Fiestas Infantiles Pequeñín S.L., las tres de la provincia de València) se encuentra en situación de 'cierre registral' desde 2013". Esto significa que no ha cumplido alguna de las obligaciones registrales, fundamentalmente, la de depositar las cuentas anuales (o justificar debidamente la imposibilidad de hacerlo). Algo que a juicio de los letrados de Alavés siembra dudas sobre la solvencia de la firma, "aunque la hayan podido acreditar con el certificado de impuestos, como suele hacerse".
En cuanto al segundo punto, el recurso alega que el Consistorio no ha permitido acceder a la documentación de la oferta técnica vencedora. "Es cierto que la UTE presentó la oferta más ventajosa económicamente, pero no conocemos los detalles técnicos para poder compararla con la nuestra; por ejemplo, el número de vehículos que ofertan o su tipología". Según se recogía en el acuerdo aprobado por la junta de gobierno, el Consistorio permitió a un representante de Alavés consultar la documentación de la oferta vencedora, pero previa consulta a la adjudicataria sobre qué documentos debían considerarse "confidenciales". A juicio de los abogados recurrentes, "el carácter de confidencialidad debería establecerse en el momento de presentar la documentación, no una vez resuelta la adjudicación".
Las mismas fuentes señalan que "Alavés no recurre por recurrir, por el hecho de que no haya sido la adjudicataria", sino que consideran que hay base para ello. De hecho, subrayan que hasta esta última solo han recurrido dos adjudicaciones, y en ambas los tribunales les dieron la razón. La primera, que se ganó directamente en los juzgados de lo Contencioso (al no admitir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el recurso de la otra parte), relativa a la adjudicación de las carpas para la Volvo Ocean Race de 2011. Y la segunda, la adjudicación en 2009 a Isjoma de esta misma contrata de montajes festivos.
En este último caso, hay abierta una causa penal por posibles irregularidades en la adjudicación a Isjoma (que sigue prestando fuera de contrato el servicio hasta que se haga efectiva esta nueva adjudicación), que ha terminado con dos exconcejales del PP como imputados (Andrés Llorens y Juan Zaragoza). Sin embargo, los abogados de Alavés destacan que en la vía administrativa el contencioso ya se ganó, y que el TSJCV condenó al Ayuntamiento en febrero de 2014 a indemnizarles con 233.894 euros, ratificando así que su oferta era mejor que la finalmente escogida.
