El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral, en las dependencias del SAIC.ALICANTE. Vodafone no da su brazo a torcer y mantiene la pugna por la contrata del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Alicante, cuando parecía que la última resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) había dejado el camino despejado para el desarrollo de la prestación, el pasado mes de julio. Ahora, cerca de cuatro meses después, la compañía ha vuelto a acudir al mismo órgano del Ministerio de Hacienda (responsable de dirimir recursos en materia de contratación pública) para impugnar el acuerdo de adjudicación del servicio en favor de una UTE compuesta por dos filiales de Telefónica, en otra demostración de que sigue interesada en asumir el contrato.
¿En qué se fundamenta el nuevo recurso presentado por Vodafone? De acuerdo con la solicitud de inadmisión de ese recurso, aprobada por el equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) en una Junta Local de carácter extraordinario celebrada el pasado 29 de octubre, la compañía vuelve a exponer los mismos argumentos que ya alegó al impugnar la exclusión de su oferta en el momento de valoración de las propuestas presentadas en el concurso. En ese primer recurso, Vodafone exponía hasta 36 aspectos que, en su opinión, constituían errores de valoración por parte de los técnicos municipales por lo que respecta al apartado de criterios subjetivos con los que se regía el concurso, según lo establecido en el pliego de condiciones.
En su resolución de julio, el TACRC rechazó ese primer recurso y validó la exclusión de la oferta de Vodafone, tras avalar las conclusiones de los técnicos municipales, lo que permitió que la Junta de Gobierno aprobase la adjudicación del servicio a Telefónica el pasado 23 de septiembre. La multinacional española asumía, así, el contrato con una oferta de 2,7 millones por cuatro años de duración. No obstante, el nuevo recurso de Vodafone ha forzado al equipo de gobierno a remitir un nuevo escrito de oposición en el que se insta al TACRC a ratificarse en su resolución inicial.
El bipartito aprecia mala fe en el nuevo recurso y solicita al TACRC que imponga a la compañía una sanción de 30.000 euros
Esa petición se sustenta en tres argumentos básicos. Primero, en la falta de legitimidad que los técnicos municipales del área de Contratación atribuyen a Vodafone para volver a recurrir una resolución administrativa que ya es definitiva. Y lo es, según subrayan los técnicos, puesto que la propia compañía no acudió a los juzgados en vía contenciosa-administrativa después de que el TACRC rechazase su primer recurso. En segundo término, los técnicos municipales inciden en que también se ha producido el efecto de "cosa juzgada" con el rechazo conferido al primer recurso de la compañía frente a su exclusión del proceso. Y en tercer lugar, emplaza al TACRC a tener en cuenta los argumentos técnicos aportados en un nuevo informe elaborado por los jefes de servicio de los departamentos de Nuevas Tecnologías y de Comunicaciones, en el que se reiteran los motivos en los que se sustentó la exclusión de la oferta de Vodafone.
Pero, además, en esta ocasión, el acuerdo adoptado por el bipartito va un paso más allá y solicita al TACRC que se imponga a Vodafone una multa de 30.000 euros "por la mala fe apreciada en la interposición del recurso" al sostener que "los motivos contenidos en el mismo ya fueron planteados ante la Mesa de Contratación y fueron desestimados motivadamente". A ello, se añade todavía otra circunstancia más que justificaría la imposición de esa sanción: el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento por el bloqueo que habría supuesto las impugnaciones de Vodafone para poder adjudicar el servicio de telecomunicaciones de manera regular.
En concreto, ese perjuicio se cifra en 167.532 euros por el coste de las contrataciones adicionales de servicios de telecomunicaciones que el Ayuntamiento se habría visto forzado a realizar durante la crisis de la covid-19 para poder implantar un sistema de teletrabajo, por ejemplo. Ahora, tanto el recurso de Vodafone como el escrito de oposición del Ayuntamiento vuelven a quedar en manos del TACRC, con la previsión de que pueda pronunciarse de manera definitiva en el plazo de los dos próximos meses.
