Panorámica de la terminal de mercancías gestionada por TMS en la que se ubicarían los depósitos.ALICANTE. El proyecto de instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos que promueve la empresa XC Business 90 es una actividad comercial contemplada en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante a partir de la modificación puntual número 3 del Plan Especial del Puerto, que se aprobó de manera definitiva en 2006. Es decir, once años después de que se firmase el convenio por el traslado de los depósitos preexistentes de la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) hasta la partida de Els Reiets, en el Bacarot.
Esa es la conclusión fundamental del informe elaborado por los servicios técnicos y jurídicos del Puerto, en respuesta a los recursos presentados por asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, en el que se ratifica la validez del acuerdo por el que se daba encaje al desarrollo del nuevo proyecto, aprobado en la reunión del consejo de administración el pasado mes de julio.
En concreto, según las fuentes consultadas por Alicante Plaza, en ese dictamen se insiste en que aquel convenio por el que se canalizó el traslado de los silos de CLH -firmado en 1995- tenía un objeto puntual y una vigencia limitada. Es más, se sostiene que cumplió sus efectos en el año 2000, cuando se completó el desmontaje de los silos, por lo que no tendría mayor alcance legal. En esta línea, dicho informe subraya las diferencias entre una y otra propuesta, al apuntar que las instalaciones de CLH se encontraban a 250 metros de zona residencial, mientras que la terminal de mercancías gestionada por TMS en la que se ubicarían los nuevos depósitos estarían a una distancia mínima de 800 metros respecto a las viviendas más próximas al recinto portuario.
El informe abunda también en que, con la citada modificación puntual del Plan Especial, se regularon las ordenanzas y usos aplicables en la nueva dársena comercial formada por los muelles 19, 21, 23 y 25, y que toda su tramitación contó con los informes favorables de todas las administraciones competentes. O lo que es lo mismo, que entonces nadie planteó un supuesto blindaje para que no pudiese situarse en esa terminal de mercancías un proyecto como el promovido por XC Business 90.
El informe vendría a rebatir, así, uno de los argumentos centrales en los que se basan los recursos vecinales y de los colectivos conservacionistas, ahora reorganizados en la Plataforma por un Puerto sostenible. No obstante, también restaría validez al resto de sus objeciones. Así, el dictamen concreta que no se habría producido indefensión ni falta de información, puesto que el trámite de modificación de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) se expuso al público para la presentación de alegaciones y, además, la resolución de las 1.303 objeciones que se presentaron contra el desarrollo del proyecto se publicó en boletines oficiales el pasado agosto.
El informe subraya que la regulación de usos y actividades aplicables a la nueva dársena contó con todos los informes favorables sin que se plantease ningún 'blindaje'
El dictamen también incide en que los fondos europeos que pudieron destinarse para el traslado de las instalaciones de CLH se usaron para ese fin concreto que se ejecutó de manera efectiva, de modo que tampoco se derivaría ahora ninguna posible responsabilidad patrimonial, como apuntan los recursos. Igualmente, se subraya que tanto la posible afección al LIC de Tabarca, como la necesidad de la elaboración de un informe ambiental y otro en materia de seguridad y de prevención de incendios queda, en todo caso, a criterio de los organismos competentes que deban resolver sobre la concesión de la licencia de actividad y de obra.
Eso sí, el informe sí considera que la tramitación del proyecto se inició antes de que entrase en vigor la Ley 21/2013, por lo que debe regirse por la normativa anterior, el Real Decreto 1/2008, en el que no figura que una actividad como la propuesta por XC Business 90 deba someterse a estudio de impacto ambiental. Y además se añade en el expediente ya figura un informe municipal en el que se concluye que el proyecto no está sujeto a la emisión de ese estudio de impacto.
Por último, el dictamen incide en que la propuesta no incurre en un supuesto fraude administrativo por plantear una ejecución en dos fases distintas, en la medida en que la empresa promotora ha renunciado a desarrollar una posible ampliación. También concluye que no existe motivo para dudar de la solvencia técnica de la empresa promotora, puesto que el proyecto está redactado por ingenieros que han participado en otras instalaciones de almacenamiento de combustible en Algeciras, Sagunto o Bilbao. Y sobre la ausencia de los representantes municipales en el consejo del Puerto durante la reunión en la que se votó el acuerdo sobre los silos, se replica que esos representantes (Luis Barcala y Adrián Santos Pérez) podían haber delegado el voto (debían participar en el pleno del Ayuntamiento de Alicante en ese momento) y no lo hicieron.
La Plataforma por un Puerto sostenible insta a requerir a la promotora la autorización para distribuir carburantes a las gasolineras
En cualquier caso, según las fuentes consultadas el informe no tiene todavía ninguna eficacia hasta que no sea analizado y debatido en una próxima reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Y lo cierto es que el proyecto sigue en el mismo punto en el que estaba hasta ahora: a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante conceda o rechace de forma definitiva la licencia de actividad y de obra solicitada para su construcción, después de haberla denegado por silencio administrativo positivo.
Además, como también ha informado este diario, la Conselleria de Transición Ecológica y el Ayuntamiento acordaron constituir este martes una comisión mixta para analizar la viabilidad del proyecto, a la vista de los informes ambientales y de prevención de emergencias solicitados por la Concejalía de Urbanismo. Precisamente, representantes de la Plataforma en defensa del Puerto mantuvo este viernes una reunión con el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), para exponerle sus argumentos frente al desarrollo del proyecto y sugirieron que también se requiriese a la empresa para que acreditase que dispone de autorización para la distribución de carburantes a las gasolineras y para el desarrollo de la práctica de bunkering.
