Recreación virtual de la marina náutico deportiva proyectada por Puerta del Mar y Ocio.ALICANTE. El Puerto de Alicante frena las pretensiones de la empresa Puerta del Mar y Ocio para reconvertir su proyecto de construcción de una nueva marina deportiva sobre los muelles 10, 12 y 14 del dique de Levante en una infraestructura capaz de albergar yates de gran tamaño que puedan recalar en aguas alicantinas para pasar el invierno, como informó Alicante Plaza. La compañía, que resultó adjudicataria de la concesión en el concurso convocado a finales de 2019, tendrá que volver a presentar una nueva solicitud de modificación si mantiene el interés en transformar el proyecto, siempre que ese cambio no se vincule a la posibilidad de disponer de un plazo adicional para su explotación, más allá de los 10 años previstos.
Así se resolvió en la reunión del consejo de administración del Puerto celebrada el pasado viernes, 8 de octubre, en la que se desestimó la modificación sustancial solicitada por Puerta del Mar y Ocio (la empresa gestora de la sala de fiestas Marmarela) para reorientar el proyecto de la futura marina. En esa solicitud, la empresa planteó ejecutar una inversión superior de la prevista en un principio. En concreto, planteaba que asumiría obras por valor de 15,5 millones, en lugar de los 10 de la oferta con la que concurrió al concurso.
Esa suma adicional se justificaba en su propósito de redefinir las características de la marina, de modo que pudiese albergar yates de más de 50 metros de eslora (al menos 8). Todo, al margen de otras embarcaciones de menor tamaño, con esloras de 40 metros (8 atraques más), de 30 (otros 20), de 8 (22) y de menos de 8 (18 más). Eso sí, al tiempo, planteaba ganar otros cinco años adicionales de plazo de concesión para poder rentabilizar ese desembolso extra. En esta línea, plantea disponer de 15 años de explotación de las futuras instalaciones, en lugar de los 10 aprobados hasta ahora, en la adjudicación que se acabó otorgando en octubre de 2020.
El Puerto de Alicante analizó la propuesta y concluyó que, en efecto, debía tramitarse como una modificación sustancial de la concesión otorgada en la medida en que ampliaba en más de un 10% la superficie adjudicada inicialmente, hace ahora justo un año. En ese momento, Puerta del Mar y Ocio pasaba a disponer de un total de 88.030 metros cuadrados: 67.231 correspondientes a espacio de agua y 20.799 en superficie, en los que se incluían 748 metros lineales de los tres muelles. Con la propuesta modificada planteada ahora, los técnicos del Puerto certificaron que el complejo destinado a albergar el varadero, la marina seca para pequeñas embarcaciones y para el desarrollo de actividades comerciales, de ocio y restauración ganaban tamaño. En concreto, pasaban de los 5.361 metros en planta baja y 2.320 en planta primera del proyecto inicial, a los 13.359 y los 4.745 respectivamente en el proyecto modificado.
Además, el Puerto solicitó un primer informe a la Abogacía del Estado para que se pronunciase sobre la viabilidad jurídica de la extensión del plazo concesional solicitado (los cinco años de explotación adicional). En ese dictamen, se concluía que la hipotética ampliación del periodo de explotación no vulneraba el principio de concurrencia competitiva, en la medida en que queda vinculada a un aumento de la inversión prevista. Es decir, justo en la línea que se establecía en el pliego de bases del concurso. De hecho, como informó este diario, a grandes rasgos, entre las condiciones de esa licitación se preveía que, a más inversión, se podía optar a más años de concesión.
Un informe de la Abogacía del Estado solicitado tras la presentación de alegaciones concluye que no procede conceder la prórroga de la concesión solicitada al no haberse cumplido un tercio de su duración inicial
De igual modo, el propio dictamen de la Abogacía añadía que la de Puerta del Mar y Ocio fue, finalmente, la única oferta recibida, por lo que el cambio propuesto en su proyecto de marina náutico-deportiva no podía afectar a ningún otro posible competidor. De ahí que considerase que la propuesta de modificación planteada por la empresa resultaba viable. Eso sí, la Abogacía también añadía que, en todo caso, ese cambio debía tramitarse según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRPEMM), aunque sin expresar ningún reparo específico que pudiese dificultar su aprobación.
Tras la recepción de ese primer informe, la propuesta de modificación quedó expuesta al público para la presentación de alegaciones. En ese proceso, se registraron tres objeciones concretas: una formulada por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional; otra por el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, a título particular; y otra por la empresa concesionaria Marina Deportiva (concesionaria de la marina de la dársena interior). Al analizar esas tres objeciones, la Autoridad Portuaria volvió a requerir un segundo informe a la Abogacía para darles respuesta. En concreto, para que determinase si podía concederse la prórroga del plazo de la concesión solicitada sin que hubiese transcurrido al menos una tercera parte de su plazo de vigencia original. Es decir, una de las condiciones apuntadas en el TRPEMM. Y fue en ese segundo informe en el que la Abogacía concluyó que no procedía conceder esa ampliación del plazo de explotación, puesto que no se había cumplido ese requisito previo.
De ahí que la propuesta avalada por el consejo de administración el pasado viernes fuese la de desestimar la solicitud de Puerta del Mar y Ocio en base a ese impedimento normativo. No obstante, en la resolución se deja la puerta abierta a que la empresa vuelva a reiterar su propuesta reformulada. En esta línea, se emplaza a sus representantes a mantener su proyecto original, o a presentar una nueva propuesta de modificación sustancial que no quede ligada a una prórroga de los derechos de explotación de la futura marina. En definitiva, se trata de una respuesta que deja el futuro de la nueva marina en manos de la propia empresa, sin que haya comenzado a correr de manera oficial el plazo de explotación original que sigue en vigor, de 10 años de duración.
