ALICANTE. La burocracia previa que debe permitir el desarrollo del centro de congresos promovido por la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante en terrenos del Puerto comienza a traducirse en plazos concretos de manera oficial. Al menos, por lo que respecta a la modificación número 7 del Plan Especial del Puerto con el que se debe dar encaje a la construcción del edificio, para el que el propio Puerto acaba de licitar ahora la elaboración de un contrato de asistencia externa, con un presupuesto de 40.000 euros (sin impuestos).
Entre los requisitos de esa licitación se recoge de forma expresa el objetivo de que los cambios en la ordenación urbanística del recinto portuario puedan estar aprobados por el órgano ambiental y territorial competente en el plazo máximo de 18 meses. Eso sí, la propuesta de modificación debe entregarse mucho antes, dentro de los cinco meses siguientes a la adjudicación del contrato, para que pueda iniciarse su tramitación administrativa y someterse a evaluación.
Las variaciones que se pretenden incorporar al planeamiento del Puerto afectarían al ámbito comprendido por los sectores, 2, 3, 4, 5 y 9; el sector 3MP zona I y II y el sector 3MP del Plan Especial actual. O lo que es lo mismo, prácticamente todo el entorno de la zona de Poniente, en especial los espacios situados en el borde con la trama urbana, con el fin de adecuarlos "a los nuevos retos que se plantean, tanto logísticos, como de interacción puerto-ciudad, entre los que se encuentra el interés para construir un nuevo palacio de congresos en el dominio público portuario", según se detalla en el propio pliego.
Esa zonificación, incluye, en consecuencia, las explanadas de los muelles 7 y 9 en los que se planea ubicar el centro de convenciones, junto a la sede del futuro centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación), en función de la manifestación de interés registrada por la institución provincial y por la administración local en abril de 2021.
Alicante y Diputación solicitan al Puerto el uso de los muelles 7 y 9 para un Palacio de 5.500 metros
Desde entonces, al margen de las primeras consignaciones presupuestarias en las cuentas de la Diputación, y de las visitas giradas a ciudades que ya cuentan con centros de congresos para evaluar experiencias previas, solo se ha puesto en marcha otro proceso paralelo de adaptación normativa que resulta necesario para la ejecución del proyecto: la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). El consejo de administración del Puerto acordó iniciar su nueva redacción, cuya propuesta permanece ahora en exposición al público para la presentación de alegaciones, como avanzó este diario.
En suma, con ese cambio se plantea que los 24.257 metros cuadrados de la explanada de los muelles 7 y 9 dejen de tener la calificación de suelo comercial (sujeto al movimiento de mercancías o al tráfico de pasajeros) para transformarse en suelo con una condición mixta para usos comerciales y usos vinculados a la interacción puerto-ciudad. De ese modo, ese emplazamiento, que llegó a utilizarse como punto de embarque de la línea implantada por Acciona para conectar con las Islas Baleares, quedará habilitado para albergar el centro de congresos.
Ahora, además de esos ajustes urbanísticos sobre la ordenación del Puerto, comienza a activarse el proceso para concretar el diseño del edificio. Como mínimo, el departamento de Arquitectura de la Diputación ya habría cerrado el pliego de condiciones para poder licitar la redacción del proyecto con el propósito de poder lanzar el concurso en el menor plazo posible. De hecho, todo parece indicar que su convocatoria podría quedar anunciada en breve, en cuanto se produzca una última reunión de coordinación entre las áreas de Presidencia, Arquitectura e Infraestructuras con representantes del Ayuntamiento de Alicante. Es más, se espera que para entonces también pueda concretarse la firma del convenio para regular la participación de cada administración en el proceso de tramitación de ese futuro centro de convenciones.
Eso sí, hasta ahora no ha trascendido ningún avance sobre las condiciones con las que partirá la licitación sobre el diseño del edificio: ni su importe ni el plazo para la entrega del proyecto redactado. Desde que la iniciativa se dio a conocer en abril, solo se ha apuntado que el coste de la obra (que no de la redacción de proyecto) oscilaría entre los 45 y los 50 millones a sufragar entre Diputación (dos tercios) y Ayuntamiento (el tercio restante) a la espera de que pueda concretarse la posible participación de la Generalitat (que no ha podido definirse, al no haberse producido ningún encuentro específico sobre el proyecto). En todo caso, por el momento se ha venido manteniendo la previsión de que el concurso de ejecución de obra (el paso posterior a la adjudicación de la redacción del diseño) pueda estar al menos en fase de tramitación a mediados de 2023.