El director general, Carlos Eleno, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. Foto: APALICANTE. El año 2016 se confirma definitivamente como de la consolidación del Puerto de Alicante. El consejo de administración conoció este viernes que el balance económico del ejercicio pasado se cerró con un beneficio de 1,4 millones de euros: prácticamente el triple del alcanzado sólo un año antes, 2015, cuando ese mismo concepto se cuadró por una suma ligeramente superior al medio millón.
En términos absolutos, se trata todavía de una cifra modesta en comparación con otros puertos del arco mediterráneo. El de Valencia, por ejemplo, obtuvo el año pasado un beneficio de 10 millones. Sin embargo, sí resulta significativa como reflejo de una evolución ascendente. Según datos publicados por la Autoridad Portuaria, el año 2014 -el año en el que se produjo el cese de Joaquín Ripoll como presidente y su sustitución provisional por Juan Ferrer- se cerró con un beneficio similar al de 2015, de 560.000 euros. Tres años atrás, en 2013, la Autoridad Portuaria había publicado beneficios por 700.000 euros, pero el Ministerio de Hacienda anunció una fiscalización de esas cuentas después de que la Intervención Territorial detectase que, en el ejercicio de 2012, la Autoridad Portuaria diese cuenta de beneficios de 200.000 euros sin haber reflejado en su contabilidad oficial pérdidas por un millón.
El repunte en la cifra de resultados deriva de la reactivación del tráfico de mercancías y de pasajeros. Como publicó Alicante Plaza, con datos disponibles hasta noviembre, el Puerto registró un incremento del 38% en ese capítulo respecto y de otro 12% por lo que respecta a la llegada de cruceristas en comparación a los datos de 2015.
En el consejo también se dio cuenta de la petición trasladada a Puertos del Estado por lo que respecta a la dotación de personal. Según las fuentes consultadas, la Autoridad Portuaria habría reclamado la reposición de ocho plazas y la creación de otras cuatro nuevas para ocupar diferentes puestos. Justo este jueves se registró una protesta por parte de agentes de la Policía Portuaria, mientras se celebraba el consejo de administración, para denunciar la falta de efectivos.
Por último, en el consejo también se conoció la renovación anual de las licencias provisionales otorgadas a las cuatro empresas estibadoras que operan en el puerto (fundamentalmente dedicadas a la carga y descarga de graneles) y se comunicó la ampliación del permiso de ocupación en aguas del muelle de Levante para el restaurante flotante Santísima Trinidad, conocido como barco pirata, hasta finales de 2018. Ese permiso está condicionado, no obstante, a la superación de una inspección submarina sobre el estado del casco.
