El Puerto ya crece un 38% en mercancías y logra fondos del Estado para las obras 'antigraneles'

ALICANTE. El Puerto de Alicante consolida su repunte. El balance de resultados dado a conocer este jueves ante el consejo de administración arroja cifras más que positivas hasta el cierre de noviembre con un aumento del 37,87% en el tráfico de mercancías (3.199.865 toneladas; 879.003 más que en el mismo periodo de 2015) y de un 12% en la llegada de cruceristas (88.545; 9.484 más). Se trata, en definitiva, de los dos pretendidos puntales de su actividad que afianzan la buena evolución que ya comenzó a registrarse en 2015.

Por partes. Por lo que respecta al tráfico de mercancías, la aportación clave sigue siendo la del movimiento de graneles, en plena controversia sobre su regulación y sus supuestas consecuencias contaminantes. Según pudo conocer Alicante Plaza, el tráfico de este tipo de materiales registra un aumento de un 70,5% en el acumulado hasta noviembre, con 1,6 millones de toneladas. El movimiento de cemento, también experimenta otro incremento de un 8,5%, con 113.000 toneladas, y sube igualmente el tráfico de contenedores, que se dispara un 24,7%, fundamentalmente por las buenas cifras que se desprenden de la conexión con Canarias, con un aumento del 16,9%. Entre las mercancías convencionales principales, continúan figurando los cementos, papel prensa y el mármol.

La llegada de pasajeros cae un 2,4% por la caída del tráfico con el norte de África, de un 8,85%, pero sube el de cruceristas un 12% 

En lo que concierne al tráfico de pasajeros, el saldo final es de ligero decrecimiento, con una caída de 2,4% motivada por la pérdida de tráfico con el norte de África. Los ferrys que conectan con Argelia transportan hasta noviembre 15.637 pasajeros menos (un retroceso del 8,85%) que hasta el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, ese descenso se compensa gracias al aumento de la llegada de cruceristas y a la apuesta de Pullmantur por convertir a la terminal alicantina en puerto base para algunos de sus recorridos por el Mediterráneo. Como publicó este diario, la cifra podría ampliarse en el próximo ejercicio, ya que la concesionaria de la terminal confía en captar a una segunda gran compañía del sector en las negociaciones que mantiene abiertas con al menos dos de ellas.

Inversiones de futuro

El consejo abordó, además, planes de futuro para el próximo año. Entre las principales novedades, según las fuentes consultadas, figura la ejecución de obras para ampliar el calado del muelle 13, lo que permitirá ganar capacidad de maniobra, y sobre todo, el desarrollo de las obras para mitigar el posible impacto del movimiento de graneles reclamadas por la Conselleria de Medio Ambiente al conceder la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera, el pasado 22 de noviembre que -según se reconoció en el consejo- regula por primera vez la actividad, tras la mediación de Compromís. Según las mismas fuentes, la Autoridad Portuaria ya habría logrado un doble respaldo de Puertos del Estado a su ejecución: la autorización para acometerlas y el compromiso de que, de resultar necesario (como parece probable) llegarán los fondos requeridos para acometer esa inversión. Se trata de diversas actuaciones por un importe próximo a los cuatro millones de euros, en el caso de que llegasen a ejecutarse en su totalidad. Entre ellas, como publicó este diario, figura la construcción de naves cerradas o silos, y en depresión, para evitar la difusión de partículas pulverulentas a la atmósfera, además de la instalación de muros pantalla adicionales o de sistemas de difusión de agua y de la puesta en marcha de cuatro estaciones de medición del aire para monitorizar y controlar la propagación de materiales a la atmósfera durante un año (una labor que se encargará de tutelar la Universidad de Alicante, UA). 

De hecho, la autorización de Medio Ambiente -en principio, por un periodo de ocho años- está condicionada al cumplimiento de esas medidas. Si en el plazo de un año, la UA constata en su informe sobre la calidad del aire que se superan los límites de contaminación, la autorización quedará suspendida hasta que se adopten nuevas acciones correctoras. Sin embargo, ese mismo permiso también abría la puerta a que esas mejoras (incluida la construcción de naves cerradas) no llegasen a ser necesarias en el caso de que el estudio de la UA atestiguase que el resto de sistemas ya resultan efectivos para impedir que se rebase el umbral límite de emisiones de partículas.

Según las fuentes consultadas, la Concejalía de Urbanismo todavía no ha resuelto sobre los permisos municipales de actividad que el propio departamento instó al Puerto a solicitar en septiembre. Los técnicos deben resolver si aceptan el recurso presentado por el Puerto, en el que alega que debe ser cada una de las tres empresas que se dedican al movimiento de graneles quienes deben ocuparse de solicitar esas licencias. 

Petición de licencia de los operadores

En el consejo de administración también se dio cuenta del primer paso dado por el primero de los tres operadores que desarrollan la actividad de carga y descarga de graneles para solicitar licencia municipal. Los otros dos prevén hacerlo en los próximos días. De hecho, según pudo conocer Alicante Plaza, prácticamente no les quedaba otra opción que solicitar ese permiso, ya que el propio presidente de la Autoridad Portuaria había sido quien les había instado a cumplimentar ese trámite en el plazo de un mes, a contar desde que se conoció la concesión de autorización ambiental de emisiones a la atmósfera por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.

El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), apuntó por su parte, que lo relevante es que la actividad se regularice después de tantos años y no quién solicite la licencia. Con todo, insistió en que en la concesión del permiso autonómico, quien figura como titular de la actividad es la Autoridad Portuaria. Sea como fuere, recalcó que tomará en considaración la documentación que presenten las tres empresas que desarrollan la actividad de carga y descarga de graneles a la hora de resolver el recurso de reposición presentado por el Puerto contra el decreto en el que Urbanismo le instaba a solicitar esos permisos.