El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, tras un encuentro de trabajo.ALICANTE. El Puerto de Alicante trata de enmendar al equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, a cuenta de una de las iniciativas que ambos grupos políticos pretenden someter a debate en el pleno ordinario de octubre, que se celebra este jueves, al considerar que se basa en un supuesto completamente equivocado. Se trata de una declaración institucional (una resolución política sin eficacia ejecutiva) con la que los dos socios aliados en la gestión municipal pretenden que el pleno del Ayuntamiento de Alicante reclame al Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, que reconsidere las inversiones previstas en los tres puertos estatales de la Comunitat y aplique un reparto proporcional que mejore las cifras previstas para el periodo 2020-2024 en el Puerto de Alicante.
En el texto de la declaración, PP y Cs critican la "diferencia millonaria" que se realiza "año tras año" en el reparto del Plan de Inversiones que "está minando el crecimiento del Puerto de Alicante y sus posibilidades de mejora" en la medida en que, según se apunta, se destina a la segunda ciudad de la Comunitat "una inversión 25 veces menor" que la que se prevé para el Puerto de València "y cuatro veces menor a la de Castelló". En esa propuesta de reparto, según recalca la declaración, se prevé que València reciba 578 millones, Castellón 98 millones, y Alicante "la modesta cantidad de 22,8 millones".
En esta línea, la iniciativa de PP y Cs defiende que "la falta de inversión en el Puerto de Alicante deriva a su vez en una falta de instalaciones y la consecuente disminución del tráfico de mercancías, hechos que sin duda van minando sus posibilidades de crecimiento, porque, difícilmente puede mejorarse la rentabilidad de un puerto que está a la cola de las inversiones".
No obstante, el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, remitió este lunes una comunicación dirigida a las portavoces de PP y Cs, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, respectivamente, en la que solicita la retirada de esa declaración institucional "bienintencionada" en la medida en que "con la ley en la mano, carece de la más mínima justificación". ¿Por qué motivo? Sencillamente, porque las inversiones recogidas en el plan de empresa del Puerto de Alicante trazado para los próximos cuatro años no se incluyen inversiones a ejecutar mediante transferencias estatales, sino que se trata de actuaciones que dependen de fondos propios o procedentes de la iniciativa privada, como sucede con el conjunto de puertos de la red estatal. Es decir, que, como explica Gisbert en su misiva, no existe el supuesto agravio comparativo por parte del Ejecutivo central en una hipotética distribución de recursos que se podría colegir a partir de la iniciativa conjunta del equipo de Gobierno.
El presidente de la Autoridad Portuaria califica la declaración institucional de "injustificada" y de carente de utilidad, puesto que las inversiones a ejecutar no dependen de recursos facilitados por el Gobierno
Así, en su escrito, el presidente de la Autoridad Portuaria explica que el artículo 55 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante obliga anualmente a cada Autoridad Portuaria a elaborar su propio plan de empresa. En concreto, en su carta, extracta literalmente el contenido de dicho artículo: "El proyecto de plan de empresa será elaborado anualmente por la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los objetivos definidos, en su caso, en los instrumentos de planificación plurianual, que deberán ajustarse a la política económica del gobierno. Dicho plan deberá contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las previsiones de tráfico portuario, las previsiones económico-financiera, (…), la programación de inversiones públicas, la estimación de inversiones privadas, (…)".
Y añade: "Eso significa que las inversiones previstas para el puerto de Alicante las decide y las financia, con recursos propios o con financiación ajena, la Autoridad Portuaria de Alicante, de forma consensuada con Puertos del Estado, pero siempre a iniciativa de la propia Autoridad Portuaria. Lo mismo para el resto de las otras autoridades portuarias".
En esta línea, Gisbert explica que "los ingresos de las autoridades portuarias, proceden de las tasas que recaudan por autorización legal y no de transferencias que decide el Gobierno de España. En otros términos, el Gobierno de España no es quien dota a las autoridades portuarias de unas cuantías u otras para financiar sus gastos, incluidos los de inversión". Y añade que "esto lo saben bien –o debieran saberlo porque así se explica en las sesiones—los representantes de ese Excelentísimo Ayuntamiento en el consejo de administración de esta Autoridad Portuaria", entre los que se encuentra el alcalde, Luis Barcala (PP), y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs).
De ahí que, exponga la necesidad de que la propuesta del bipartito no llegue a debatirse en el pleno. "Salvo que la pretensión de la declaración institucional sea otra, sería razonable que fuera retirada antes de proceder a su votación, dada la inutilidad de la misma, dicho sea con el máximo respeto", recalca Gisbert.
¿Qué inversiones comprende el plan de empresa trazado por el Puerto de Alicante, en consenso con Puertos del Estado? Como concretaron portavoces oficiales el pasado 16 de octubre, se prevé el desarrollo de inversiones por un valor total de 140 millones, 22 de los cuales proceden de recursos de la propia Autoridad Portuaria, mientras que la inversión privada superará los 118 millones.
