El PSOE solicita ser parte en la investigación sobre el contrato del asesor del PP afín a Belmonte

ALICANTE (EP/AP). El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante se personará en las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Alicante para esclarecer si la contratación de Miguel Ángel Redondo como asesor municipal del PP pudo haber tenido alguna relación con el sentido del voto emitido por la edil no adscrita, Nerea Belmonte, en el pleno en el que Luis Barcala se convirtió en nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su doble imputación en el caso Comercio y caso despido. Redondo fue cesado en el mismo día en el que trascendió que era un conocido de Belmonte, de su amiga personal y exconcejal del PP, Elsa Martínez, y que -como viene informando Alicante Plaza- había acudido a varias dependencias del Ayuntamiento y de otras entidades sociales acompañando a la exconcejal de Guanyar, expulsada de esa formación y del equipo de Gobierno por dar contratos menores de manera directos a personas afines, sin que mediase ninguna investigación judicial ni municipal al respecto.

La portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, ha precisado este lunes que la personación se hará efectiva este martes y se produce después de la apertura de diligencias "ante la gravedad de los hechos". Según Montesinos, su partido ha esperado hasta escuchar "las explicaciones que debía dar el señor Barcala en pleno", celebrado el pasado jueves, en las que negó que la contratación del asesor tuviese ninguna relación con una supuesta compra del voto de Belmonte. Ahora, según ha insistido Montesinos, se ha optado por actuar en las diligencias, "una vez comprobamos que no aportó nada nuevo, que persistió en mentir en pleno y que arremetió contra la oposición en un intento de desviar la atención". "Hemos decidido personarnos en Fiscalía para que se investigue la relación existente entre la contratación del asesor y la investidura de Barcala", ha subrayado.

La Fiscalía confirmó el pasado jueves la apertura de esas diligencias de investigación sobre la contratación del asesor del PP, ya destituido, a instancias de las denuncias presentadas por los cuatro grupos de la oposición: PSOE, Compromís y Ciudadanos, además del escrito registrado por Guanyar, con una ampliación de documentación respecto a las diligencias que hasta ese momento estaban en marcha, en relación a la posición de Belmonte en el pleno de investidura.

Esas indagaciones iniciales se refieren al supuesto ofrecimiento de un sueldo de 3.500 euros y la posibilidad de figurar en las listas electorales de 2019 que, según las manifestaciones formuladas por Belmonte en el pleno del 26 de abril, habría recibido por parte de algún representante de los grupos que constituyeron el ya extinto tripartito: PSOE, Guanyar y Compromís. Esas diligencias también se abrieron a instancias de otra denuncia presentada por dos activistas vecinales, a su vez, militantes de Podemos: José Luis Valdés y Francisco García.