Los portavoces de PSOE, Guanyar y Compromís, Montesinos, Pavón y Bellido, en un pleno, de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso de venta de la parcela pública de Historiador Vicente Ramos, en Playa de San Juan, no ha dejado indiferentes a los grupos de la oposición. Tanto PSOE como Guanyar ya expresaron la semana pasada sus dudas sobre la oportunidad de la convocatoria y sobre la conveniencia del proceso en sí mismo. Y este martes plantearon las primeras iniciativas al respecto. En esta línea, el grupo municipal socialista -que ha lamentado que se recurra a la venta de un bien público para generar ingresos mientras se destinan 30 millones a amortizar deuda- ha presentado una moción para su debate en el pleno ordinario de julio, el próximo jueves, en la que reclama la creación de una comisión no permanente de pleno para tutelar el proceso de enajenación de la parcela en cuestión.
Su portavoz municipal, Eva Montesinos, precisó que la propuesta trata de propiciar "un mayor control sobre la gestión de un bien patrimonial público, de modo que se garantice con total transparencia la adjudicación a la mejor propuesta de promoción que se presente". Como viene informando este diario, la parcela sale a la venta por un precio fijo (6,6 millones) sin que se admitan ofertas al alza, de modo que su venta se decidirá a partir de la valoración de las mejoras constructivas y de servicios que se propongan.
Así, la moción del PSOE trata de que todos los grupos de la oposición puedan participar en la evaluación de las ofertas presentadas con dos representantes por cada grupo político, que dispondrían de voz y voto ponderado (con un valor proporcional a la representación de cada formación en el pleno).
La comisión trataría de conseguir un funcionamiento similar al que se dio a la mesa de contratación en el arranque del mandato, a la que el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) dio cabida a representantes de la oposición. Tras su llegada al poder, el PP aprobó una nueva configuración adaptada a las novedades de la Ley de Contratación del Sector Público con la que dejó fuera a los grupos opositores, con el compromiso -todavía no materializado- de dar participación a representantes del resto de partidos como invitados.
El grupo municipal de Compromís, por su parte, concluyó, tras una primera labor de fiscalización sobre el proceso de venta, que la iniciativa "carece de sentido si de lo que se trata es de facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda de protección oficial". "Con el precio máximo que se ha fijado para que los promotores opten a la compra del solar ya se determina que el precio de venta de los futuros 150 pisos previstos será superior a los 160.000 euros, a los que habría que añadir el coste de una plaza de garaje, por lo que no estamos hablando de VPO, sino de precios casi equiparables a la renta libre", según recalcó su portavoz, Natxo Bellido.
"Si lo que se pretende es promover vivienda a precios asequibles, que se ponga en marcha una promoción municipal, sin venta del suelo a terceros", añadió. "Y si lo que se quiere es generar ingresos, el PP lo tiene muy fácil: no haría falta que vendiesen esa parcela si siguiesen la fórmula de renegociación de préstamos que propone Compromís para poder cancelar el plan de ajuste sin necesidad de destinar 30 millones a pagar deuda", insistió.
