El emplazamiento de la parcela municipal puesta a la venta en Historiador Vicente Ramos. ALICANTE. El proceso de subasta de una parcela para la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) en el distrito de Playa de San Juan, convocado por el equipo de Gobierno del PP la semana pasada, da al traste de forma definitiva con un viejo proyecto impulsado en 2007 por el Patronato Municipal de la Vivienda bajo el mandato del propio PP con un coste de 400.000 euros en fondos públicos, según precisaron fuentes conocedoras de la propuesta a Alicante Plaza. Se trata de un proyecto de promoción pública en el que el organismo municipal aspiraba a edificar 111 viviendas sociales destinadas al alquiler, justo en esa misma parcela de propiedad pública que se acaba de poner en venta, en el cuadrante formado por Historiador Vicente Ramos y las calles Las Redes y Periodista Asunción Valdés.
El Patronato, presidido entonces por la popular Isabel Fernández como edil responsable de Vivienda, convocó un concurso para escoger el diseño de esa promoción con una dotación presupuestaria de 897.650 euros por la redacción del proyecto básico y de ejecución y por la dirección de obra. La convocatoria se cerró con la selección de la propuesta presentada por el gabinete de arquitectura de Manuel Aranea con la previsión de que sus obras pudieran iniciarse en 2008, según pudo confirmar este diario con fuentes del propio Patronato. En ese momento, la actuación no llegó a ponerse en marcha, ya que, según las mismas fuentes, se requería un desembolso superior a los 10 millones de euros que el Ayuntamiento no pudo afrontar después de que el Gobierno central aprobase la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en diciembre de 2017. No obstante, el Patronato sí tuvo que desembolsar el importe que correspondía a la primera parte del objeto del concurso: la redacción de proyecto básico y de ejecución, con el coste ya citado de 400.000 euros.
El proyecto ya no volvió a retomarse en los años sucesivos. Es más, en 2015, también bajo el mandato del PP, el exalcalde Miguel Valor obvió su existencia para cerrar un convenio de permuta con el Obispado por el que el Ayuntamiento entregaba el solar del que era propietario a cambio del edificio del Antiguo Asilo de Benalúa. El convenio, que llegó a firmarse, no adquirió vigencia, puesto que no se ratificó en Junta de Gobierno. Ahora, el gabinete que coordina Luis Barcala también vuelve a prescindir de esa propuesta -pese al gasto público generado- al lanzar el proceso de enajenación, por un precio tasado (fijo, sin admisión de propuestas al alza) de 6,6 millones de euros. Se trata del importe máximo permitido a partir de los módulos de precio por metro cuadrado establecidos para la promoción de VPO.
El concurso se falló a favor del gabinete de arquitectura de Manuel Aranea y se preveía una inversión superior a los 10 millones, pero no llegó a ejecutarse
Como también ha publicado este diario, el expediente sobre la enajenación del solar se puso en marcha bajo el mandato del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en febrero de 2016, a instancias de la entonces edil de Hacienda y Patrimonio, la socialista Sofía Morales. La iniciativa, que sufrió varias suspensiones ante la desaprobación del exalcalde, Gabriel Echávarri, partió con el objetivo de generar ingresos con los que se había llegado a barajar una posible operación de compra del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio, como fórmula de reinversión en patrimonio público. Con esa adquisición se hubiese puesto fin al contrato de alquiler que el Ayuntamiento suscribió con la Cámara en 2014, bajo el mandato de Sonia Castedo, y que se acaba de renovar ahora, con un desembolso global de cuatro años que ya supera los 2,6 millones a razón de 43.618 euros mensuales.
El actual equipo de Gobierno no ha precisado todavía qué uso podría dar a los 6,6 millones (5,5 netos, sin IVA) que podría obtener en el caso de que se materializase la venta. Al tratarse del producto generado por la venta de patrimonio municipal de suelo, los destinos posibles también están tasados por ley: el rédito generado debe usarse para adquirir más patrimonio o promover VPO, entre otros fines sociales. De hecho, se especula con su posible uso para financiar dos pequeñas promociones del Patronato en casco urbano.
