ALICANTE. La situación de la plantilla a cargo del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, a examen. El concejal de Limpieza, el socialista Fernando Marcos, confirmó este miércoles que había solicitado a los técnicos de su departamento la emisión de un informe sobre la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores de la empresa concesionaria (una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, de Enrique Ortiz), para conocer si existe algún tipo de anomalía o de fraude de ley en su contratación.
Además, según Marcos, también se ha requerido a la propia empresa para que facilite información sobre ese mismo concepto, tras conocerse la sentencia de un Juzgado de lo Social de Alicante, que obliga a readmitir o a indemnizar a un operario tras constatar una concatenación de contratos temporales. El regidor apuntó que UTE Alicante ya ha consignado en el juzgado la cantidad establecida como indemnización, mientras se dirime el fondo de la cuestión (si hubo o irregularidad en el contrato) tras la interposición de un recurso frente a esa sentencia dictada en primera instancia.
En esta línea, el máximo responsable de Limpieza precisó que "no se podrá tomar ninguna determinación sobre posibles sanciones mientras exista un trámite judicial abierto y mientras no exista información concreta sobre la situación laboral del conjunto de la plantilla". "Si se constatan anomalías o algún incumplimiento que pueda estar recogido en el pliego de condiciones del contrato, que nadie dude que se actuará en consecuencia, pero entre tanto no podemos actuar a la ligera", incidió. Es decir, que no se abrirá el expediente de rescisión reclamado por Guanyar en relación a la supuesta situación de fraude de ley en la que se encontrarían alrededor de otros 50 empleados más, según la plataforma electoral que lidera EU.