El PSOE quiere ganarse a los funcionarios con un plan de empleo; los sindicatos exigen su ejecución 

ALICANTE. El cortejo con el que el equipo de Gobierno pretende ganarse la confianza y respaldo de los funcionarios del Ayuntamiento de Alicate ya es oficial. Queda plasmado por escrito en un "Plan de Mejora Continua de los Recursos Humanos" con el que la concejalía responsable de ese área, dirigida por Carlos Giménez, ha dado un paso más en la negociación sobre las condiciones laborales de una plantilla conformada por 2.134 trabajadores municipales: una cifra que convierte al ayuntamiento capitalino en uno de los mayores empleadores de la provincia.

El documento es toda una hoja de ruta sobre los planes del PSOE para ordenar, regular e impulsar un asunto especialmente espinoso en toda administración pública y que en Alicante lo es todavía más desde que se precipitase el despido de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. El alcalde, Gabriel Echávarri, investigado por ese acuerdo, viene justificando esa decisión (sólo adoptada para esa empleada) en el cumplimiento de su compromiso político: acabar con las desigualdades que, a su juicio, se han venido produciendo a lo largo de varios años en el acceso a un puesto de trabajo en el ayuntamiento, en varios casos, sin que mediase un proceso selectivo en el que primase el mérito y la capacidad.

La propuesta en sí misma trata de "racionalizar y optimizar los efectivos" para mejorar el funcionamiento municipal y las condiciones en las que los empleados desempeñan su trabajo para que todo ello repercuta en beneficio de la ciudadanía. De ahí que, entre los objetivos estratégicos se establezca el de "estabilizar el empleo temporal" mediante la convocatoria de procesos de consolidación de puestos y la creación de plazas, lo que afectaría especialmente a los trabajadores interinos; facilitar la movilidad entre puestos de trabajo; establecer un sistema de formación y aprendizaje continuo y fomentar la carrera profesional. Además, se incluye la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones laborales o la revisión de acuerdos que afectan a las condiciones retributivas que hayan quedado obsoletas, como por ejemplo, los complementos de algunos factores como la festividad. 

Esa propuesta, que fue trasladada a los delegados de los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento (SEP, UGT, CCOO, CSIF y SPPL) el pasado 1 de diciembre, parte de un análisis pormenorizado sobre cuál es la situación de la plantilla municipal en la actualidad. El estudio incluye toda serie de variantes: sexo (1.321 hombres, 613 mujeres), tipo de empleo (1.647 funcionarios; 37 funcionarios de empleo; 194 interinos con cargo a plaza y 57, sin cargo a plaza, 131 empleados temporales y 35 colaboradores sociales) o edad (574 tienen más de 55 años y 879, entre 45 y 55). De hecho, ese estudio se considera el auténtico punto de partida que hace necesario el resto de medidas previstas en el conjunto del documento.

Los representantes de los trabajadores reclaman la toma de decisiones concretas y ya sopesan acudir a la movilización

En principio, los sindicatos comparten plenamente el análisis y la necesidad de tomar medidas que, aseguran, ellos mismos vienen planteando e hicieron llegar al alcalde, en una reunión de la Junta de Personal celebrada una semana después de la ruptura del tripartito. Entre ellas, una de las más urgentes, según las fuentes consultadas, sería la convocatoria de oposiciones para cubrir las vacantes de las numerosas jubilaciones que van a producirse en el próximo lustro. Sin embargo, temen que el documento se quede en meras propuestas sin ninguna concreción ni ejecución material. "El estudio es muy completo y las propuestas parecen positivas, pero falta ver cómo se desarrollan y si se ponen en práctica", señalan. En esta línea, añaden que la ruptura de las negociaciones sobre la propuesta de mejora de las gratificaciones por servicios extraordinarios planteada por los sindicatos, que se precipitó en un encuentro con el edil de Recursos Humanos el pasado 5 de diciembre, no es el mejor escenario posible para buscar el respaldo de la parte social a ese Plan de Mejora Continua. Además, insisten en que, en el caso de que no se adopten esas medidas, se reservan la posibilidad de organizar movilizaciones de protesta "como sucedió cuando la exalcaldesa Sonia Castedo planteó quitarnos la paga de productividad". Por lo pronto, así prevén comunicarlo en la próxima reunión fijada el 14 de diciembre para abordar el desarrollo de ese plan.