Un operario del servicio de limpieza. Foto: RAFA MOLINA
20/01/2018 -
ALICANTE. La reunión de la Comisión No Permanente de Pleno para el Estudio y Análisis del Contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Alicante, convocada este viernes por primera vez este mandato, sirvió para constatar dos circunstancias claves: la apuesta por el consenso de la que insiste en hacer gala el actual equipo de Gobierno a la hora de tomar decisiones que afecten a la prestación del servicio, y la evidencia de que todavía no existe ninguna iniciativa concreta para solucionar las deficiencias que todos los grupos políticos subrayan.
Sobre el primer punto, el nuevo edil de Limpieza, el socialista Fernando Marcos, sostuvo -al término de la comisión- que el equipo de Gobierno no pretende eludir su responsabilidad, si no que considera que se deben encontrar soluciones compartidas para afrontar lo que ya se ha convertido en un problema de ciudad. En este sentido, agradeció el tono con el que los cuatro partidos de la oposición acudieron a la cita, así como sus aportaciones. Así, se comprometió a convocar una nueva comisión dentro de quince días para presentar propuestas concretas con el objetivo de que poder adoptar los acuerdos que se estimen oportunos.
Ese compromiso no hizo más que dejar al descubierto lo que el propio Marcos insinuó y el resto de la oposición denunció: el PSOE vuelve a la casilla de salida y trata de trazar ahora una hoja de ruta para que mejore la percepción de la limpieza de la ciudad prácticamente sobre los mismos pasos que ya abordó Guanyar cuando sus concejales (primero Víctor Domínguez y después Miguel Ángel Pavón) asumían las riendas del contrato. Está por ver si esos pasos no se llegaron a ejecutar, si no eran posibles o si realmente no sirvieron para el fin deseado (la mejora de la limpieza). Y también, si pueden llegar a ser útiles ahora.
-La auditoría. Marcos insistió en que la voluntad del equipo de Gobierno (ahora formado por sólo 6 concejales del PSOE) es impulsar la contratación de una auditoría sobre la prestación del servicio para que determine si la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Ortiz) cumple el pliego y, en caso afirmativo, en qué aspectos hay que incidir para que la ciudad esté más limpia. En ese punto, según insistió, el PSOE estaría abierto a estudiar incluso la ampliación de los costes del contrato "si se demuestra que lo que tenemos es insuficiente".
Con todo, en la comisión no se tomó ninguna decisión para activar su contratación. Marcos detalló a la oposición que se barajan hasta cinco consultoras distintas a las que se les podría encomendar esa tarea: cuatro a propuesta de la propia UTE y una quinta (ENT) rescatada de la gestión previa que impulsó Domínguez, sin que se llegase a concertar su elaboración. Sin embargo, Marcos no concretó cómo se produciría esa contratación (si la formalizaría la propia UTE a propuesta del Ayuntamiento, o si se convocaría un proceso público), ni tampoco su importe definitivo (aunque sí apuntó que en el contrato se estipula que la UTE destinará el 0,25% del importe de las certificaciones mensuales a sufragar esa auditoría).
Echávarri y Marcos, con los gerentes de la UTE de la basura.
Ahí encontró los primeros peros de la oposición. Guanyar solicitó que el interventor y el secretario emitiesen informes para dilucidar si se puede pagar una auditoría sobre la calidad del servicio con ese dinero de la contrata (cuando, según ese grupo político, en el pliego sólo se habla de auditar "el negocio" del contrato, es decir, los flujos económicos) y cuál debe ser el procedimiento a seguir para su contratación. Para Guanyar, ese proceso debe ser público, a cargo del Ayuntamiento y no de la UTE.
El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, coincidió con esa apreciación: reclamó el control público del proceso de contratación, de modo que no quede en manos de la UTE, y bajo la supervisión directa del interventor y de los técnicos municipales (incluido el redactor del pliego, Sebastián Chicote). El edil del PP, José Ramón González, criticó la indeterminación. Y la edil de Copromís, Sonia Tirado, incidió en que, al margen de que se garantice una correcta contratación, lo importante es determinar qué criterios debe tener en cuenta esa auditoría para que permita concluir si el servicio se cumple y si es suficiente.
-El absentismo. Marcos detalló que se había pedido un informe a los técnicos de la Concejalía de Contratación para que resolviesen si los niveles de absentismo detectados en las tres auditorías sobre ese punto concreto que se han elaborado hasta ahora (2014, 2015 y 2016) son motivo de infracción y si corresponde aplicar alguna sanción. En esos tres años se superó el nivel de absentismo máximo al que se había comprometido la UTE adjudicataria (5,45%, cuando ha sido de 10,95%, del 9,60% y del 10,33%, respectivamente). Por lo pronto, Marcos apuntó -como ya sostuvo Domínguez durante su etapa en la concejalía- que la UTE aseguraba que cubría esas bajas mediante el pago de horas extra, por lo que podía no resultar un factor determinante.
En cualquier caso, el edil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, defendió que él ya había solicitado que se evaluase ese parámetro y que se informase sobre si era una causa de rescisión. Además, al término de la comisión, se preguntó si se estaba utilizando las herramientas informáticas para controlar la mano de obra disponible a las que él exigió tener acceso durante su etapa en el departamento. Manresa (Cs) y González incidieron en las críticas sobre el descontrol respecto al absentismo.
-Los inspectores. Marcos destacó la labor de los inspectores municipales a cargo del control del servicio y reiteró que se iba a reforzar ese trabajo con otros tres inspectores, de modo que se dé cobertura a esa supervisión durante las 24 horas del día. Guanyar, por su parte, se felicitó de ese refuerzo y lamentó que no se hubiese concedido antes, pese a que, insistieron, se había reclamado insistentemente a Recursos Humanos.
-Las fichas de observación. Marcos también apuntó que se estaba tratando de mejorar otros mecanismos de control del servicio que ahora no resultan eficaces. Citó el caso de las fichas de observación que, según el pliego, deben cumplimentar los inspectores municipales y confirmó -como también había apuntado en el pasado, Domínguez- que a la UTE ya se le puntúa por el simple hecho de que los trabajadores vayan correctamente uniformados. Como publicó Alicante Plaza, Domínguez ya trató de revisar esas fichas de observación. Según Marcos, no lo hizo. ¿Cómo debería haberlo hecho? Con una modificación del contrato.
-Modificación del contrato. Marcos señaló que el equipo de Gobierno no se cierra a la modificación del contrato y defendió que es viable, entre otros puntos, para variar aspectos como el contenido de esas fichas de observación. De hecho, a lo largo de este mandato, ya se han producido varias variaciones: para suprimir el llamado cuarto turno en la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, para evitar la llegada de residuos de poblaciones de Valencia, para reorganizar la frecuencia de barridos mecánicos y baldeos, y para introducir la recogida selectiva (el llamado quinto contenedor).
La planta de tratamiento de Fontcalent.
Es más, Marcos dejó claro desde el principio que el contrato actual no es del agrado del PSOE, que incluso lo recurrió en los juzgados sin éxito. "Lo cierto es que ya de partida, supuso una reducción de la plantilla a cargo del servicio de cerca de 80 operarios y eso tiene consecuencias", dijo. "El pliego, que se elaboró bajo la etapa de Gobierno del PP, en 2012, es el que es, y aunque no nos gusta, primero, tenemos que velar para que se cumpla, y si no es suficiente, estudiaremos otras posibilidades", insistió.
Los ediles de Guanyar, por su parte, defendieron estar abiertos a nuevas modificaciones del contrato para mejorar su prestación siempre que fuesen a coste cero. Incluso defendieron su posible resolución. Cs y PP volvieron a abundar en la inacción del equipo de Gobierno sobre la situación real de la ejecución del contrato. Y desde Compromís se consideró que lo recomendable es que el problema se aborde desde una doble perspectiva: más control para que el contrato se cumpla y una probable ampliación de costes.
Un operario del servicio de limpieza. Foto: RAFA MOLINA 
