ALICANTE. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha propuesto este viernes la creación de un sistema específico para remunerar el especial rendimiento de todas las categorías y grupos de los trabajadores públicos del área de Acción Social y del resto de departamentos municipales que han estado en primera línea de respuesta a la pandemia, basado en el rendimiento y resultados conseguidos. Su portavoz, Paco Sanguino, considera que esta medida supondría un trato igualitario y no se produciría el "escándalo" que, a su juicio, ha supuesto que los jefes de área de Acción Social pidan para ellos solos una gratificación extra obviando al resto del personal, según ha concretado el PSPV-PSOE, a través de un comunicado.
Sanguino califica de elitista la propuesta de productividad para solo cuatro jefes de Acción Social, y acusa a la concejala Julia Llopis de utilizar la productividad como una "dádiva" para generar privilegios, cuando ellos ya perciben un factor de complemento específico para estas situaciones de especial disponibilidad y dedicación, tengan o no tengan que realizarla. "Se tiene que reconocer la labor como servicio esencial a todos los empleados de Acción Social, no que uno de los jefes pida para sí mismo un plus", ha señalado.
El PSOE considera que la creación de un sistema específico para remunerar el especial rendimiento de los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de Alicante, debe estar perfectamente regulado, y la cuantía de la misma se determinará en la Mesa de Negociación colectiva y su origen debe ser las economías que han generado las partidas no gastadas en el presupuesto del capítulo de personal.
Las cifras que ha facilitado la propia concejalía de Acción Social son las siguientes, literal: "En concreto, desde Acción Social y desde el pasado 15 de marzo y hasta el 25 de mayo, se han dado ayudas alimentarias a cerca de 12.000 personas y se han tramitado un total de 2.627 expedientes para conceder aportaciones económicas a las personas y familias que se han quedado sin ingresos como consecuencia de la covid-19".
Buena muestra de la labor desarrollada desde el área de Acción Social lo da el hecho de que en todo 2019 se tramitaron un total de 2.535 expedientes de ayuda económica, mientras que en poco más de dos meses de lucha contra la crisis provocada por la pandemia se han cursado 2.627 expedientes, es decir, un 3,6% más que en todo el año pasado, según concreta el comunicado. Así, el PSOE estima que estos datos evidencian que "estamos ante una situación objetiva y reconocida públicamente por parte de la Concejalía de Acción Social de incremento de los objetivos y por consiguiente de la productividad de los empleados y las empleadas del Servicio".
Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, el complemento de productividad, "tiene por objeto remunerar el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo, y el resultado o resultados obtenidos". Igualmente, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado vienen indicando que mediante la productividad se retribuirá "el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo", concreta el comunicado.
Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha adelantado que exigirá en el próximo pleno que el bipartito convoque la Mesa Negociadora. "Este organismo está compuesto por todos los sindicatos y por el propio gobierno municipal y regula la relación laboral de los más 2.000 funcionarios y funcionarias que trabajan en la administración local, y sin embargo lleva sin reunirse desde el 20 de diciembre de 2019", según han concretado fuentes de la coalición a través de un comunicado.
Compromís considera imprescindible convocar la mesa cuanto antes, ya que hay temas sensibles pendientes de tratar como el conflicto con los interinos, la oferta de empleo pública, el plan de Formación, la carrera profesional o el vestuario de los trabajadores que llevan dos años sin reponerlo. Pero además, desde la coalición consideran imprescindible la convocatoria de esta Mesa para afrontar la situación dejada por la crisis del coronavirus con aspectos tan importantes como las medidas de seguridad en el trabajo, la regulación del teletrabajo y la conexión digital.
"En definitiva, pedimos al gobierno municipal que negocie, porque además es un mandato constitucional negociar con los representantes legales de los trabajadores, este gobierno tiene que dejar de lado el miedo a la participación y a la negociación y respetar la representatividad de los trabajadores de la administración", ha concluido el edil Rafa Mas.