ALICANTE. Este viernes se espera que se apruebe de manera definitiva el ya famoso protocolo armonizado de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional.
Respecto a las pruebas, el protocolo dice lo siguiente: "El CSD recomienda que en todas las competiciones, organizadas por las FFDDEE (Federaciones Deportivas Españolas) al iniciar los entrenamientos de pretemporada o en su defecto 72 horas antes del inicio de las competiciones, se realice una prueba específica Covid-19 (...) Aspectos como el tipo de prueba a realizar, su financiación, la evaluación de su utilidad y si se debe realizar más veces con posterioridad (incluido a través de un mecanismo de pruebas aleatorias no anunciadas) serán determinados con criterios sanitarios, en el marco de los mecanismos existentes de coordinación con las CCAA. Estos analizarán la evolución de los contagios en estas competiciones deportivas de forma regular". Es decir, que el protocolo se limita a aconsejar la realización de pruebas sin concretar ni el tipo (PCR o test rápido) ni mucho menos quién corre con el coste (si ya hay notables diferencias de fiabilidad entre las diferentes pruebas, también las hay en cuanto al precio).
Y en cuanto a la presencia de público, el protocolo establece lo siguiente: "Las competencias sanitarias precisas para una vuelta segura a la competición (...) se encuentran radicadas en sede autonómica, por lo que las CCAA podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo de las competiciones con eventual presencia de público (...) Las competencias deportivas sobre las competiciones federadas de ámbito estatal y carácter no profesional se encuentran radicadas en las FFDDEE, bajo la tutela del CSD en atención a las funciones públicas delegadas, por lo que éstas podrán adoptar las decisiones que estimen pertinentes sobre afluencia de público en la competición, junto con los organizadores de las mismas, para garantizar el desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones de público (...) todo ello sin perjuicio del respeto, en cualquier caso, a las decisiones adoptadas al respecto por parte de las CCAA sobre limitaciones de asistencia de público a que se hace referencia en el párrafo anterior".
Es decir, que en el caso del fútbol y la Segunda B, salvo que la Real Federación Española de Fútbol se pronuncie al respecto (esta ha esquivado en todo momento hacerlo, quería precisamente no ser la que cargara con la responsabilidad de diseñar el protocolo), son las CCAA las que tienen la última palabra para autorizar la presencia de público.
Hasta tal punto queda también en manos de estas últimas el asunto que el protocolo se limita a recomendar, para el caso de que una Comunidad apruebe la presencia de público, un número máximo de público asistente de 500 personas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas instalaciones al aire libre. Se trata de cifras ridículas si las comparamos con lo que establece la normativa autonómica en la Comunitat Valenciana, en la que se contempla la posibilidad de autorizar hasta el 75% del aforo ordinario de una instalación:
