El procesamiento por el 'caso despido', otra vez en manos de la Fiscalía

ALICANTE. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, todavía podría sumar un segundo auto de procesamiento a cuenta de la investigación abierta por el supuesto despido irregular de una trabajadora municipal, contratada como interina en 2008, que guarda una relación de parentesco con el portavoz municipal del PP, Luis Barcala (es su cuñada). Fuentes jurídicas consultadas por Alicante Plaza precisaron este lunes que el futuro de esa causa vuelve a pasar por las manos de la Fiscalía, que todavía no se habría pronunciado sobre la petición de archivo presentada "hace cerca de dos meses" por las defensas de los dos imputados: el propio alcalde y el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez. Como mínimo, a los afectados no se les habría comunicado nada.

Sus respectivos representantes legales presentaron sendos escritos de petición de archivo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, sobre el que recayeron las diligencias tras la denuncia formulada por la propia Fiscalía. Como ha venido contando este diario, el Ministerio Público hizo suya la denuncia previa presentada por dos activistas vecinales el pasado mes de abril, tomó declaración a Echávarri, a Giménez y a varios técnicos municipales y, tras solicitar informes a la Concejalía de Cultura (a la que se adscribía la trabajadora cesada), elevó el expediente al juzgado al advertir indicios de un delito de prevaricación.

Las defensas de los dos investigados solicitaron el archivo hace dos meses y no quedan más trámites por resolver 

Echávarri y Giménez tuvieron que volver a declarar ante el juzgado en calidad de investigados. Y también fue citado el ya exconcejal de Cultura, Daniel Simón (Guanyar), quien ratificó el contenido de los informes de su concejalía al señalar que Cultura no había solicitado el despido de la trabajadora ni había intervenido en él. En esa declaración, sostuvo que, en su opinión, el alcalde pudo haber ordenado el despido de la empleada con la intención de vengarse del líder de los populares, después de que éste hubiese presentado una denuncia contra él por el supuesto fraccionamiento de contratos de llamado caso Comercio. Justo el caso que ha acabado colocando a Echávarri al borde de juicio. 

Las fuentes jurídicas consultadas precisaron que la resolución de la Fiscalía sobre las peticiones de archivo podría ser inminente. Si se opusiese a esas peticiones, la titular del juzgado podría acceder a las pretensiones de Echávarri y Giménez. Sin embargo, no parece probable que la instancia que pudo archivar la denuncia y, sin embargo, consideró que existían indicios delictivos para que se elevase al juzgado, se muestre partidaria ahora de que las diligencias se sobresean. Según las mismas fuentes, en esa investigación no quedaría ninguna otra cuestión por resolver, de modo que se espera que -tras recibir respuesta de Fiscalía- el juzgado dicte un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (la antesala de juicio) o su archivo.