El exconcejal de Cultura, Daniel Simón, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE/AP). El exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y ahora edil en la oposición, Daniel Simón (Guanyar), se ha ratificado este lunes en las apreciaciones que ya trasladó a la Fiscalía en relación al despido de la trabajadora interina adscrita a su departamento, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Un despido ejecutado el pasado mes de abril a instancias del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, contra quien se siguen las diligencias por un supuesto delito de prevaricación. Junto a Echávarrí también figura como investigado el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, quien firmó el decreto de despido, a la vista de que contaba con informes técnicos favorables.
Como avanzó Alicante Plaza, Simón reflejó, en ese informe requerido por el Ministerio Público, que él no había solicitado el cese de esa trabajadora, ni tampoco el del resto de empleados (en torno a otros diez trabajadores) que se encontraban en su misma situación: contratados sin cargo a plaza, sin haber superado una oposición.
En su comparecencia en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2, Simón ha insistido en que si hubiese solicitado el despido de esa empleada o de cualquier otro interino habría incurrido en una irresponsabilidad, ya que en su departamento se requería personal adicional por lo que no se podía prescindir de ningún empleado. De hecho, ha abundado en que, cuando tomó posesión del cargo, en 2015, la plantilla adscrita a la concejalía se había reducido en 17 personas. Es más, según ha abundado el regidor al término de su declaración, el mismo pidió verbalmente a los responsables de Recursos Humanos que abordaran esta situación y sacaran las plazas de los interinos a concurso público, pero siempre desde una perspectiva "colectiva y sin individualizarlo en nadie". Además, ha añadido que, en el tiempo en el que se demorase ese proceso, debía mantenerse el personal existente.
Simón, que ha comparecido durante cerca de dos horas, ha respondido a las preguntas formuladas por la jueza, por el fiscal y por los letrados defensores del alcalde y del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez. El edil de Guanyar ha confirmado que él tomó la decisión política de reubicar a la cuñada de Barcala desde el centro cultural Las Cigarreras (donde venía ejerciendo sus funciones desde que fue contratada, en 2010) hasta la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado tras abordar una redistribución organizativa del personal del departamento. En este sentido, ha señalado que el procedimiento administrativo para que se produjese ese traslado quedó en manos de los técnicos de la propia concejalía, a quienes elevó la pertinente consulta. Según el regidor, se limitó a seguir las pautas que le marcaron.
Tras Simón también ha comparecido la jefa de servicio de Cultura, que también emitió un informe a petición de Fiscalía en relación al mismo despido. La funcionaria ha comparecido durante cerca de diez minutos. Según han precisado fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe, tanto esta técnico como Simón han coincidido en que no veían ninguna irregularidad en el traslado de la trabajadora.
Las diligencias se iniciaron a instancias de la denuncia presentada en Fiscalía por dos activistas vecinales, el pasado mes de abril, después de que el primer edil admitiese en su cuenta en una conocida red social que pudo haber acelerado la decisión del despido de la mencionada trabajadora de Cultura, cuando el grupo municipal del PP presentó una denuncia contra él por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio.
A la vista de la denuncia vecinal, el Ministerio Público solicitó las declaraciones de técnicos, del alcalde y del edil de Recursos Humanos y, a la postre, dio traslado de sus actuaciones al juzgado para que fuese un juez quien dilucidase si se incurrió en delito. En su comparecencia ante la Fiscalía y en sede judicial, el primer edil mantuvo que el despido fue legal, ya que las funciones por las que la trabajadora había sido contratada (la apertura de Las Cigarreras y del MACA) ya se habían extinguido. En esta línea, señaló que así lo concluían los informes técnicos.
