La edil de Memoria Histórica, María José Espuch, preside la comisión de pleno sobre la revisión del callejero, en noviembre. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La propuesta que impulsa el grupo municipal de Guanyar desde la Concejalía de Urbanismo para excluir del catálogo de protecciones dos monumentos construidos durante la Dictadura en homenaje a los fallecidos en el bando franquista -la Cruz de los Caídos de Calvo Sotelo y el Monumento a los Caídos de la Vega Baja, en Aguamarga- ya fue debatida por el actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) en otro contexto: el de la comisión no permanente de pleno creada para ajustar el callejero de la ciudad a la Ley de Memoria Histórica. Y, en principio, ese precedente podría jugar en contra del planteamiento que por ahora sólo Guanyar abandera de forma decidida para promover su descatalogación.
La propuesta de acuerdo que se aprobó tras los trabajos de esa comisión sobre la Memoria Histórica establece que esos dos elementos "perdieron dicha connotación [franquista] en el momento en que se modificó años atrás, la leyenda de su placa conmemorativa, convirtiéndolos o bien en simples monumentos considerados de interés por haber sido realizados por artistas alicantinos de renombre, como el Monumento de Aguamarga realizado por Bañuls; o bien en monumentos que representan a la totalidad de las y los españoles. Es el caso de la Cruz de los Caídos en la confluencia de los Paseos de Soto y Gadea, construido por el arquitecto Miguel López".
Es más, el apartado específico que el dictamen dedicada al análisis sobre la posible "Eliminación de símbolos existentes en la ciudad y afectos al cumplimiento de la legislación sobre Memoria Histórica" añade que: "La lápida conmemorativa actual hace referencia a todas las personas caídas en las guerras". En esta línea, el informe firmado por el jefe de Memoria Histórica y Democrática Municipal, Pablo Rosser, concluye: "Es por ello que creemos que se deben hoy considerar para eliminarse ahora de nuestra ciudad aquellos elementos que sí mantienen la simbología franquista. Salvo error u omisión, sólo se han encontrado las placas que aún se conservan en muchos edificios de aquellos años y que fueron construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda. Al incorporar el Yugo y las Flechas de la Falange, evidentemente, deben ser retirados".
Ese dictamen se aprobó el pasado mes de noviembre en Junta de Gobierno con los votos del tripartito (y, por tanto, incluidos los de Guanyar) después de haber obtenido un respaldo mayoritario en la comisión mixta creada para revisar el listado de denominaciones y elementos que debían ser retirados y/o sustituidos de la vía pública en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Esa comisión mixta también integraba a representantes vecinales de las Juntas de Distrito, de la Universidad de Alicante (UA) y de colectivos sociales como Alicante Vivo o la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria.
El PP y Ciudadanos, por su parte, rechazaron la propuesta al considerar que el proceso no se había abierto a la participación pública y que no se había respetado los criterios objetivos que se habían establecido a la hora de decidir qué nombres se retiraban y qué nuevas denominaciones se concedían. El desacuerdo de los dos grupos de la oposición se sustanció, después, en un recurso de reposición de Cs (que, al parecer, sigue sin responderse) y en un contencioso del PP, que forzó la suspensión cautelar del cambio de rótulos y la reposición de los retirados por resolución judicial.
El dictamen aprobado en Junta de Gobierno tras lograr un respaldo mayoritario en la comisión específica establecía que esos monumentos habían perdido su connotación franquista
Sea como fuere, el portavoz de Guanyar y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, recalcó este jueves que su planteamiento es excluir del catálogo (el documento que servirá como punto de partida e inspiración para la redacción del futuro Plan General Estructural) esos dos monumentos si se constata que contradicen las indicaciones de la Ley de Memoria Histórica como, apuntó, le han manifestado representantes de colectivos como la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria. Dijo que también le había expresado sus dudas al respecto la edil no adscrita, Nerea Belmonte.
Para precisar si existe o no esa contradicción, dijo, se baraja solicitar informes jurídicos. Con todo, señaló que, a su juicio, "esos dos monumentos son objetos que se construyeron con un fin, que era el de la exaltación del bando que se sublevó, y siguen teniendo ese fin". La descatalogación no tendría por qué tener más consecuencias que las meramente simbólicas. Como el propio Pavón señaló el miércoles, se trataba de que un equipo de Gobierno de corte progresista no mantuviese la protección de esos elementos que se incluyeron en la anterior versión del catálogo, durante la etapa de Gobierno del PP, por criterios artísticos y culturales. Ahora bien, Pavón también deslizó que Guanyar podría plantear en el futuro alguna iniciativa para promover su traslado a otro emplazamiento de la ciudad, como el cementerio municipal.
Según fuentes de Guanyar, además, no es una posición nueva ni un cambio de rumbo: "siempre se ha sido de la opinión de que esos momumentos se debían descatalogar". ¿Por qué se apoyó, entonces, la propuesta de acuerdo de la comisión sobre el callejero? Según las mismas fuentes, porque en ese momento se pensó que había que priorizar al menos el cambio de nomenclatura en las calles que incluyesen ese tipo de referencias. Es más, recalcaron que esa comisión -y por tanto ese dictamen- sólo tenía como fin la revisión de la denominación de las calles, no el resto de elementos con posibles referencias franquistas. E insistieron en todo caso en que un catálogo de protecciones es un elemento vivo en constante revisión. De hecho, Urbanismo ya está trabajando en una futura ampliación en la que se pretende incorporar nuevos edificios que no se pudieron incluir en esta primera versión por la premura de los plazos (la suspensión de licencias acabó en junio).
No obstante, la posición de Guanyar no es plenamente compartida por sus socios de tripartito. Como publicó Alicante Plaza, este jueves tanto PSOE como Compromís matizaron su posición sobre la propuesta e insistieron en que sólo la apoyarían si se constata esa vulneración de la Ley de Memoria Histórica. El alcalde, Gabriel Echávarri, se mostró tajante al asegurar que los ediles del grupo socialista "solamente nos planteamos desprotegerla, moverla o cualquier acción sobre ella si fuera ilegal su mantenimiento; si tuviéramos informes técnicos, sin ningún género de dudas, de que vulnera la ley". Y agregó: "Si no, no lo apoyamos". En esta línea, sostuvo que fue un debate que "se cerró" de la mano del exalcalde socialista José Luis Lassaletta, al modificar "el sentido" con el cambio de la placa. "La ley de Memoria Histórica es posterior y habrá que ver si vulnera o no la ley", señaló. "Creo que no es un debate que esté en la calle, no es polémico y vamos a dedicarnos a otras cosas más útiles", concluyó. Y en parecidos términos se expresó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.
