El PP se opone al recurso de Echávarri por el 'caso Comercio': "Solo trata de dilatar plazos"

ALICANTE. Nuevo paso en el proceso sobre el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio. El portavoz del PP, Luis Barcala, ha confirmado este miércoles que la representación legal de su partido ha registrado en el Juzgado de Instrucción número 9 su escrito de oposición al recurso de apelación ante la Audiencia Provincial interpuesto por el alcalde, Gabriel Echávarri, y sus asesores Lalo Díez y Pedro de Gea: los tres, procesados en relación a esas contrataciones bajo sospecha por los delitos de prevaricación administrativa y de posible usurpación de funciones. 

"Los intentos de recurso por justificar que no hay fraccionamiento son entendibles dentro del derecho de defensa", ha explicado Barcala, "pero no pueden compartirse si se analizan las facturas, los conceptos y las explicaciones de los recurrentes". El líder del PP ha explicado que "se trata de un recurso cuya única finalidad es dilatoria, para alargar el plazo en que se puedan presentar los escritos de acusación". Además, ha valorado que "los presuntos delitos cometidos no pueden reducirse al ámbito administrativo, porque se vulneró la ley a conciencia", y se usó el contrato menor "porque por los trámites legales no habría dado tiempo, beneficiando a unos proveedores sobre el resto de la competencia, al ser elegidos directamente".

Los populares rechazan en su escrito los argumentos relativos a la supuesta contratación a precios de mercado, porque "no es una cuestión solamente del precio abonado, sino que se trata de que utilizando el contrato menor al fraccionar contratos se está privando a la competencia de acceder a unos contratos a los que podría haber accedido de haberse seguido los trámites correctos y haberse llevado a cabo un concurso público o negociado". 

Barcala destaca que "la persona competente en el Ayuntamiento para apreciar si hubo fraccionamiento es el interventor, quien manifestó expresamente que sí lo hubo". Y además, señala que "no hubo un solo argumento que no fuese ya expuesto por los denunciados en sus declaraciones y por sus abogados en los interrogatorios, y a pesar de ello la juez incoo procedimiento abreviado".

Respecto al presunto delito de usurpación de funciones, por el que los asesores Díez y De Gea han presentado recurso, el PP reitera en su escrito que "no puede prosperar por cuanto era notorio que los recurrentes eran asesores y debían actuar como tales". Explica Barcala que, sin embargo, "procedieron a actuar y a realizar acciones que no se correspondían con las facultades de las que disponían, siendo conocedores de que no podían efectuarlas y que sólo los concejales tenían esas facultades, pero aun así las llevaron a cabo".