El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dicho y hecho. El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto este viernes un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal por el que se aprueba el cambio de nombre en 45 calles de la ciudad que mantenían denominaciones relacionadas con el alzamiento militar, con la guerra civil o con la dictadura franquista.
En un comunicado, el PP ha explicado que el recurso solicita como medida cautelar la suspensión del acuerdo adoptado con el respaldo de los tres socios del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) el 15 de noviembre en la citada Junta de Gobierno. El portavoz del grupo, Luis Barcala, ha sido el encargado de presentar en el Decanato de los Juzgados de Alicante el contencioso. "Terminar en los tribunales es un fracaso del tripartito, que no ha tenido nunca voluntad de alcanzar un consenso ni de aplicar la Ley de Memoria Histórica sino de hacer su propio ajuste de cuentas con la Historia", ha argumentado Barcala.
Así, ha expuesto que "la ejecución del acuerdo impugnado de cambio de calles es susceptible de ocasionar daños o perjuicios tanto a los ciudadanos afectados como a entidades privadas y públicas que sería de difícil o imposible reparación, así como que, de ejecutarse, podría dar lugar a una situación de hecho que ante una revocación del acuerdo sería difícil volver a la situación anterior al mismo".
El grupo 'popular' ha recordado que formuló el pasado 19 de octubre una serie de alegaciones que fueron "todas desestimadas". Por ello, a su juicio, "la propuesta de la comisión incumple todos y cada uno de los fines de la ley, así como los motivos que dieron lugar a su constitución", entre otros motivos "porque en ningún caso la propuesta presentada podía implicar la retirada de nombres de calles que no transgrediesen la Ley de Memoria Histórica", como es el caso de la plaza de Calvo Sotelo.
En este caso, según el PP, el tripartito alega que fue rotulada con una "intención revanchista" tras la Guerra Civil, lo que para los 'populares' es "una prueba más" que demuestra que "los criterios objetivos que debía seguir la Comisión de la Memoria Histórica no se cumplen desde el momento en que se solicita la supresión de esas calles, no en base a criterios objetivos sino en base a la intencionalidad subjetiva que, según ellos, tuvieron quienes rotularon en su momentos esas calles".
Además, "no era competencia de la citada Comisión poner los nombres de calles que sustituyesen a las que debían ser sustituidas, al mismo tiempo que se ha omitido toda participación ciudadana de los vecinos que se verían afectados directamente por el cambio en el nombre de las calles". Y han agregado que "no hay estudios de evaluación del impacto económico que provocarían los cambios de denominación en los vecinos y negocios existentes en esas calles".
Finalmente, el PP ha denunciado que "el acuerdo no ha sido aprobado por el pleno, a pesar de que la comisión ha sido creada por este órgano, por lo que se vulnera el Reglamento". Por todo, el PP solicita que el juzgado estime favorablemente la "nulidad del acuerdo aprobado".
El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), por su parte, ha asegurado también este viernes que el único objetivo del PP sobre este asunto es "alargar el lío, que es lo que quieren".
