El PP, el PSOE y la política basura

Cuando se inicia un viaje, lo prudente es siempre llegar a mitad de camino como máximo en la ida. Es la única forma de asegurarse de que puede uno volver por a la misma ruta. En política pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que saber que, si se debe volver, no puede uno aventurarse a intentar llegar allí de donde no hay certeza de cómo se vuelve. Y esto debiera haberlo aprendido el PSOE, que en el tema del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja inició un viaje sin retorno posible en 2015, que llevaba ya años preparando, y al que se hizo acompañar por un PP acomplejado por sus propios casos de corrupción, sin tener en cuenta que una cosa son los tramposos, presuntos hasta que se demuestre que lo son, y otra la prestación de los servicios públicos a la que está obligada la Administración, que, dicho sea de paso, pagamos todos.

El TSJ valenciano acaba de tumbar la rescisión de la adjudicación de la gestión de ese Plan Zonal, acordada por un Consorcio Zonal dominado por el PP, acomplejado por la corrupción galopante en la materia, y empujado por un PSOE que se encuentra ahora con las consecuencias de ser oposición desmedida sin prever que pudiera ser gobierno del Consorcio de la Vega Baja y de la Generalitat.

El PSOE alicantino, y en la Vega Baja concretamente, ya tiene su caso “la hemos liado parda”, en el que, curiosamente, ha embarcado al PP. No es casualidad, es simplemente la constatación de que ha habido una forma de gestionar lo público indiferente al color político, rojo o azul, azul o rojo. Es la misma manera de hacer mal las cosas que, al final, terminamos pagando los ciudadanos. Es el mismo caso, y si no ya lo veremos, de esa carretera CV-95 que el PSOE lleva años diciendo que no se hace porque sin poner un centímetro de asfalto ya nos ha costado nueve millones de euros a todos por la mala cabeza de los gobiernos del PP.

Ahora tendrán que explicar cuánto y por qué nos va a costar un Plan Zonal de la Vega Baja que debemos respetar en su adjudicación a un conglomerado empresarial (Cespa-Ortiz), que en su configuración original, tal como fue precisamente adjudicado, choca ya con nueva normativa que lo hace difícilmente viable. Huele a indemnización millonaria, de nuevo, y parece que llevamos todos los números.

PP y PSOE han resultado ser lo mismo en la gestión de los residuos de la Vega Baja: ineptos, cuando menos

Era por diciembre de 2013 cuando una presidenta del Consorcio y de la Diputación Provincial, la ya fallecida Luisa Pastor, lanzaba un órdago a los alcaldes de la Vega Baja: si se oponían al desarrollo del Plan Zonal mediante la adjudicación de la gestión del mismo a Cespa-Ortiz, se prepararan a indemnizar a la empresa. En el epicentro de la tormenta una manipulación desde hacía años: nadie quiere el tratamiento de residuos en su municipio, pero en el de al lado sí. Al frente de la pelea dos consistorios con gobiernos del PP, Albatera y Cox, totalmente rebeldes a alojar las plantas de tratamiento y transferencia comarcales, respectivamente. Y como fondo la situación de sospecha generalizada de corrupción del PP en la gestión de las basuras en toda la Vega Baja.

Difícil panorama que el PSOE aprovechó con grandes dosis de oportunidad —y dejémoslo ahí—: bastaba con empujar a una presidenta provincial, alcaldesa de un pueblo alicantino, San Vicente,  en principio alejado de este embrollo de la Vega Baja, a la idea de que la regeneración pasaba por purgar un procedimiento administrativo además de a los propios gestores del PP. Y Pastor optó por lo primero: se subió al carro del PSOE y, previos los informes oportunos que demostraban que las instalaciones no se habían iniciado en su construcción siquiera (algo obvio y comprobable sobre el terreno y tras saberse que los ayuntamientos de Albatera y Cox ponían todos los obstáculos habidos y por haber desde su urbanismo local), inició el procedimiento de rescisión. De hecho, en julio de 2014, el PSOE comarcal, por boca de Manuel Pineda, actual presidente del Consorcio, manifestaba su satisfacción y reiteraba la postura socialista de “que se anule la adjudicación”. Todo en orden: tú me empujas y yo voy. Y lo de volver, ya … Y así lo votaron en enero de 2015, PP y PSOE, al alimón.

Y ahora estamos queriendo volver de donde no sabemos dónde ni cómo y ni siquiera si se puede volver. Porque lo primero que ha hecho el PSOE es decir que, por suerte, no habían puesto en marcha ninguna licitación nueva, porque si no ahora el trance sería tener dos adjudicatarios y tener que indemnizar a uno de ellos. Pues no, señor Pineda, no. No tenemos dos licitadores, efectivamente, pero no porque no se haya intentado o incluso promovido, a la vista de algún lamentable espectáculo de contradicciones sobre ofertas de inversión y gestión que aparecen misteriosamente sobre su mesa. Nadie esperaba esa segunda licitación, sino la gestión directa prometida como solución, al menos, como el propio Pineda mantenía, hasta resolverse el entuerto.

Pero ni lo uno ni lo otro. Ni licitación ni gestión directa. El tratamiento de los residuos en la Vega Baja se encuentra sin solución: más caro e insostenible que nunca. Ese es el resultado de las decisiones que PP y PSOE, juntos los dos, tomaron hace cuatro años. El producto de una gestión horrorosa del PP y de un cortoplacismo miope y temerario del PSOE al que le valía el escándalo sin saber qué hacer con el mismo si ello le llevaba a gobernar. Pues ahí lo tienen, porque el capítulo de ese Plan Zonal y sus más que problemáticas consecuencias por sus vaivenes acaba de empezar. Lo dicho: política basura de PP y PSOE, que en esto ha resultado ser lo mismo: ineptos, cuando menos.

Juan Ignacio López Bas es portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Orihuela y candidato al Congreso de los Diputados