El PP echa el resto: derechos para Belmonte, la oposición en contratación y sin permisos para pubs

ALICANTE. El equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Alicante, compuesto por 8 concejales en una corporación de 29 ediles, acelera el paso y aprueba de una tacada una batería de acuerdos de trascendencia para el devenir de la ciudad y para el propio funcionamiento del Ayuntamiento justo en la última sesión de la Junta de Gobierno antes de que dé inicio el mes vacacional por excelencia: agosto. Varias de esas iniciativas estaban atascadas desde mediados de 2017 y otras se hacían especialmente necesarias por el vencimiento de plazos.

Por partes. La primera decisión de calado aprobada este martes es la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para dar cabida a las peticiones formuladas por la edil no adscrita, Nerea Belmonte. Como viene informando Alicante Plaza, la exconcejal de Guanyar -que en el pleno de elección de nuevo alcalde, el pasado 19 de abril, varió el sentido del voto que emitió en 2015 y acabó propiciando la toma de posesión de Luis Barcala como primer edil- venía reivindicando que el reglamento municipal reconociera a los concejales no adscritos los mismos derechos de participación política y económica que al resto de concejales. Esa iniciativa, avalada por el informe del secretario municipal desde enero de este año, permanecía paralizada hasta ahora. Ni el PSOE, que fue quien dio inicio al expediente, ni el PP, que tomó las riendas del Ayuntamiento en abril, habían movido ficha hasta ahora, cuando se acaban de cumplir los 100 primeros días de su mandato.

La portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen de España, ha precisado, al informar sobre el acuerdo, lo que ya había adelantado el alcalde, Luis Barcala, en una entrevista publicada por este diario: que Belmonte había presentado un requerimiento formal para que se tramitara su propuesta de modificación sin más dilaciones y que la revisión del ROP se iba a ajustar al reconocimiento de los derechos que delimita el informe del secretario, en virtud de la reciente jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC). 

Así, ha señalado que la propuesta de modificación plantea permitir a los no adscritos el registro de dos mociones o declaraciones institucionales en cada pleno (una posibilidad que no se contemplaba ahora), además de amparar su participación en las comisiones no permanentes del pleno (algo también vetado en la actualidad). De España ha insistido en que la propuesta no incluirá ningún acuerdo posterior relacionado con la posible concesión de retribuciones. Y ha añadido que, en el supuesto de que Belmonte lo pueda llegar a plantear en el futuro, ha señalado que el PP votará en contra.

Como también ha informado este diario, la propuesta de modificación del ROP debe debatirse en una comisión informativa de Presidencia y Régimen Interior y, después, elevarse a pleno para su aprobación. Para que prospere, según las fuentes consultada, debería reunir más votos a favor que en contra. Hasta el momento, los tres grupos que formaron parte del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) sí habían llegado a firmar un compromiso por el que garantizaban el respaldo a la propuesta de modificación del ROP planteada por Belmonte, igualmente limitada a la concesión de derechos políticos (no sueldo). No obstante, en ese compromiso se planteaba una reforma más ambiciosa en la que también requerían otros cambios relacionados con el exceso de prerrogativas que ese reglamento concede a la figura del alcalde, por ejemplo. Así que, por el momento, la postura de las tres fuerzas progresistas sigue siendo una incógnita.

La oposición formará parte de la mesa de Contratación

El PP también ha aprobado un segundo acuerdo de trascendencia que trataría de restablecer las condiciones de participación política de los concejales de la oposición y, así, de restaurar la transparencia que todos venían reivindicando desde que el PP aprobase la nueva composición de la Mesa de Contratación. Se trata de la incorporación de los grupos opositores a las sesiones de ese órgano en el que se supervisan los proceso de contratación del Ayuntamiento. A partir de ahora, podrá participar en las reuniones un concejal de cada grupo político de la oposición bajo la condición de invitado. 

Desde la llegada del PP al poder, la Mesa de Contratación se limitó a la participación de concejales del equipo de Gobierno y a los técnicos municipales competentes sobre la materia. En ese momento, la medida se justificó en la necesidad de adaptar su funcionamiento a las novedades introducidas en la Ley de Contratación del Sector Público y se anunció que se daría cabida a los ediles de oposición. Un acuerdo que no se había llegado a adoptar hasta ahora.

Prórroga para la suspensión de licencias a locales de ocio en el Centro Tradicional

En tercer lugar, los populares también han aprobado elevar al Consell una solicitud de prórroga excepcional sobre la suspensión de licencias en el Centro Tradicional y Casco Antiguo, con la intención de evitar la instalación de más restaurantes y locales de ocio. Esa suspensión de permisos, aprobada en 2016 y renovada en 2017, expira el 24 de agosto. Ahora, con la petición que se formula para la consideración del Consell se plantea que se amplíe su vigencia durante otro año más, o hasta "la definitiva aprobación de las modificaciones puntuales tanto del Plan Especial del Casco Antiguo como del Plan Especial del Centro Tradicional".

El propósito que se persigue con esa solicitud es disponer del plazo requerido para acordar esa nueva regulación para ambos barrios, de modo que no se incremente "el número de locales susceptibles de crear molestias o que se extiendan por el resto del Casco Antiguo y del Centro Tradicional, con el objetivo de impedir que se acentúen o amplien las molestias actuales a la totalidad del ámbito regulado por los respectivos planes especiales, armonizando el drecho al descanso de los vecinos con los intereses de los promotores de las actividades terciarias incluidas en dichos ámbitos".

El equipo de Gobierno viene sosteniendo que la nueva petición de prórroga está contemplada en la legislación. Con todo, la decisión de concederla queda en manos del Gobierno autonómico, que deberá someterla a estudio antes de poder pronunciarse. De no hacerlo antes del 24 de agosto, la suspensión de licencias actual dejará de aplicarse.

Autorización para las vaquillas en El Moralet

La Junta de Gobierno ha aprobado también un cuarto acuerdo no menos controvertido, en la medida en que supone revertir una decisión previa adoptada por el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) hace justo un año. Este martes, el PP ha aprobado la autorización para que pueda desarrollarse la tradicional suelta de vaquillas en las fiestas de la partida de El Moralet. La autorización responde favorablemente a la solicitud cursada por la Asociación Taurina de El Moralet para la celebración del espectáculo de bous al carrer entre los días 18 y 26 de agosto. 

Además, se ha adoptado un segundo acuerdo por el que se autoriza la cesión temporal y en precario de la finca de propiedad municipal de 5.500 metros cuadrados en el que se desarrollará dicho espectáculo. La autorización se concede, como se ha dicho, en precario, lo que conlleva que el Ayuntamiento se desvincula de cualquier responsabilidad en la que pudiese incurrirse "durante el plazo de ocupación de la parcela". En concreto, esa posible responsabilidad se refiere a "los daños a las personas o a los bienes que se pueden producir durante el plazo de la ocupación tanto las que puedan derivarse de la propia actividad del festejo taurino, como de su realización sobre una parcela inundable en condiciones meteorológicas adversas, así como de las condiciones de accesibilidad y seguridad al público en el interior de la parcela".

Como informó este diario, el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE, Guanyar y Compromís denegó la cesión de esa finca municipal en base a un informe evacuado por la Concejalía de Urbanismo en la que se daba cuenta de la existencia de riesgo de inundabilidad, en la medida en que la parcela en cuestión se sitúa en una rambla, lo que conlleva riesgo de que puedan producirse avenidas de agua.  

Contratación de jóvenes con polémica

Por último, el PP también ha aprobado en la misma sesión de la Junta la contratación de 173 jóvenes para trabajar en diferentes áreas municipales durante un periodo de 12 meses, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un presupuesto de 6,7 millones procedente del Fondo Social Europeo y con una aportación de 478.626,59 euros del Ayuntamiento. En un principio, el propio había anunciado que se daría pie a la contratación de 400 jóvenes. Sin embargo, finalmente se han contratado a 121, según ha confirmado De España. En esta línea, ha señalado que la contratación de la cifra total de 400 hubiese supuesto un coste añadido de 2,4 millones "que no se había presupuestado por parte del PSOE y no tenía partida presupuestaria", ha dicho. Además, según De España, el anterior concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, dejo por escrito un documento en el que decía que "estando sin resolver la denuncia presentada por la sección sindical de CCOO ante la Inspección de Trabajo, en caso de que la misma fuera resuelta en sentido de que podría suponer coste para el Ayuntamiento de Alicante se procederá a la renuncia de la subvención".

Ahora, según fuentes municipales, el equipo de Gobierno ha decidido asumir un total de 478.626,59 euros del Ayuntamiento y reducir el número de las personas contratadas debido a que no se podía hacer frente al total de las cuatrocientas contrataciones porque el PSOE no dejó partida presupuestaria preparada para este gasto. A su vez Mª Carmen de España ha recordado que este equipo de gobierno ha tenido que presupuestar también el gasto de 800.000 euros para completar el anterior programa que finaliza este martes.

Además, ha concretado que del total de las 173 personas que se pretendía incorporar, al final se ha contratado a 121 jóvenes, ya que algunos han renunciado y otros no estaban en la bolsa del Servef. La contratación de los jóvenes menores de 30 años que comienzan atrabajar a partir de mañana 1 de agosto va a facilitar la generación de oportunidades laborales para este colectivo a través de la mejora de sus competencias en las distintas dependencias municipales.

El edil socialista Carlos Giménez ha replicado que las explicaciones facilitadas por el PP no eran ciertas, ya que "sí existía una partida presupuestaria para afrontar la contratación de todo el personal".  

Según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil recibieron el pasado 2 de julio la comunicación de una propuesta de subvención en el EMCUJU de 3,706.830,12 euros y en el EMPUJU de 3.064.189,44 euros, con el objetivo principal de fomentar el empleo para la contratación de personas jóvenes.

Asimismo, el Ayuntamiento contrata a 103 jóvenes para el desempeñode puestos correspondientes al subgrupo profesional C2 a través de la convocatoria EMPUJU (Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes no cualificadas por entidades locales). A su vez, la convocatoria EMCUJU (Programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales) va a permitir la contratación de 70 jóvenes con diversos perfiles, correspondientes a los siguientes grupos profesionales: 39 puestos del grupo profesional C2, 10 puestos pertenecientes al grupo C1, 14 puestos del grupo A2 y 7 puestos correspondientes al grupo profesional A1.