ELCHE. El pasado lunes declaraba también el arqueólogo municipal por las exhumaciones sin contrato del Cementerio Viejo, poco más de una semana después de que lo hiciera la edil de Cultura, Marga Antón. Tras las intervenciones de ambos ante la jueza del Juzgado de Instrucción nº2 de Elche, ahora el Partido Popular, que es quien puso el caso en los tribunales, pide que comparezca el Técnico de Administración General (TAG), ya que por su cargo también era encargado de la gestión administrativa para armar el expediente que no acabó en la rúbrica del contrato.
Tras las declaraciones de la edil, la jueza llamó a declarar al arqueólogo, y por lo pronto tras la intervención de este último, no ha solicitado más testigos, aunque ha enviado diligencias a ambas partes por si quieren aportar más información. Un acto protocolario en el que ambas partes pueden pronunciarse, así como también el Fiscal. A priori ahora hay un plazo de tres días, aunque puede que en el caso del Ministerio Fiscal tarde más. Es ahora cuando el PP ha pedido que se llame también al TAG, ya que junto al arqueólogo, fueron ambos quienes trataron el expediente, en contacto con la concejal, y a quienes el informe del secretario eximió de responsabilidad alegando que en el transcurso del procedimiento no hubo mala fe sino una consecución de errores fruto en parte de su inexperiencia.
Unos errores que existieron, aunque el expediente y las fechas siguen mostrando cuestiones sin resolver como por qué solo unos días después de que la Junta de Gobierno aprobase el proyecto para pedir la subvención autonómica, la empresa adjudicataria ofreció el precio exacto subvencionable (Drakkar Consultores), además de que varios miembros de la misma figuraran en el equipo previo de elaboración de la propuesta de actuación. Según las declaraciones, la empresa llegó por recomendación de una asociación de represaliados de la provincia, que fue quien contactó con él y con la concejalía, mostrando las subvenciones existentes para financiar las exhumaciones, una serie de nombres de las personas cuyos restos se cree que podían estar en el aljibe, y la propuesta de compañía con la que estaban trabajado y que ha realizado otras intervenciones en la Comunitat.
A preguntas del abogado de la acusación, el arqueólogo respondió que no le comentó a la edil el equipo técnico que iba a proponer. El abogado respondió que Antón respondió en su declaración que no tenía conocimiento de los cinco trabajadores de Drakkar y que los propuso el arqueólogo al menos desde febrero, aunque este lo contradice, porque el 1 de marzo asevera que envió al TAG y a la concejal el proyecto para que le dieran el visto bueno para que la Junta de Gobierno aprobara el proyecto y cómo rellenar los datos que faltaban. La edil llegó a preguntarle en un correo que "si en la parte del equipo de trabajo las cinco personas son del equipo externo que había en las exhumaciones, si son de la empresa que recomendaron desde la asociación". Además de que incluyera entre el equipo a una persona de Crevillent y a alguien del Archivo de Aspe.
Así, al igual que hizo la concejal, el técnico arqueólogo también declaró no conocer todo el procedimiento de contratación, aunque tanto su versión como la de la edil chocan. Mientras que el arqueólogo señaló que nunca tuvo acceso al expediente íntegro, la versión de Antón señalaba que era él el responsable del expediente, a lo que el técnico declaró que nunca había visto uno de los papeles que le mostraron en la vista. Asimismo, reconoció que había prisas por finalizar la obra para poder justificar y obtener la subvención, como ha venido contando este diario —lo que por ejemplo llevó a que se iniciasen los trabajos sin que finalizase el periodo de exposición pública—, y que suponía que había contrato, alegando que fue más tarde cuando se enteró de que no existía. Una sucesión argumentada por el Secretario municipal, que detalla en su informe cómo se fueron dando los pasos de este contrato menor que debió ser licitación, y que acabó sin contrato firmado.
Otra contradicción según fuentes presentes en la sesión del lunes es que la edil declaró que era el arqueólogo quien marcaba los tiempos de la actuación, mientras que este refirió que no los marcaba él. Tampoco relató que se le hubiese urgido a acelerar las actuaciones. Asimismo, el arqueólogo también mentó en su declaración que el TAG —que también era nuevo, como justificó el Secretario—, le había preguntado si querían hacer un contrato de obras o menor, cuestión que le responde que es asunto del TAG, aunque dado que eran actuaciones de exhumación, el arqueólogo supuso que eran obras. Ello hubiera permitido realizar un contrato menor; pero eran servicios a contratar, por lo que procedía licitación.
En consecuencia, para el Partido Popular, que quiere que Antón dimita, señalaban este martes que "se ha demostrado con la declaración del arqueólogo es que la concejal quien ha mentido. Dijo que se enteró a finales de octubre de que no había contrato y el arqueólogo corroboró que antes del informe del vicesecretario del 17 de septiembre ya mantuvieron reuniones en las que sabían perfectamente que no había contrato, y visitó las actuaciones el día 30 del mismo mes". Para el secretario general local, Sergio Rodríguez, las frases de la declaración del edil referente a que no entiende de contratos y qué paso va antes o después, "es un intento de exculparse como como si no supiera nada".
