ELCHE. El Partido Popular ilicitano sigue buscando talones de Aquiles en el equipo de gobierno, y esta vez lo ha hecho con la edil de Mayores, Transparencia y Participación, Puri Vives, asegurando que la misma tiene el sueldo embargado por una cantidad de 300.000 euros; es decir, que como en cualquier proceso de embargo, los acreedores van cobrando por orden de parte de su sueldo. Una cifra alta que los populares aseguran que es cierta, y que consideran que no es "ejemplar" para un cargo público, por lo que piden explicaciones tanto a la edil como al alcalde. Según indican, correspondería a un garantía hipotecaria de hace varios años.
Por su parte, el grupo socialista emitía un comunicado, como ya hiciera en 2019 con el primer embargo al sueldo de la edil, alegando que es una cuestión "estrictamente personal" y desligada de su actividad política, por lo que separan la faceta política de la individual. Cierran filas apoyando a la concejala, e inciden en que no hay ninguna novedad en este caso: ejerció de avalista de una tercera persona, "una responsabilidad adquirida con anterioridad a su etapa de concejala y que, en consecuencia, no tiene relación alguna con su actividad municipal". Los socialistas defienden que está haciendo frente con sus bienes y cumpliendo mensualmente con sus obligaciones económicas y legales, como así lo atestigua ante la corporación mensualmente con edictos, cosa de la que están al tanto los grupos de la oposición.
Asimismo, apuntaban también los socialistas que su domicilio es conocido por la administración "y no se ha producido ocultación de información alguna", aclara el comunicado, en el que terminan lamentando las formas, ya que el PP asevera que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque no se le que había podido localizar. "Si se le hubiese notificado en mano no aparecería en el BOE, se ha publicitado por la imposibilidad de encontrarla", declaraba el portavoz adjunto José Navarro. El concejal añade que "se nos pide ejemplaridad a los cargos públicos, se está pidiendo que paguen los impuestos, pero a la vez se mantiene a cargos públicos que no cumplen con sus obligaciones", considera, añadiendo que "obviamente es un asunto de la esfera privada, pero un ciudadano normal se puede entender que tenga deudas e impagos, pero no un cargo público, además cargo de Transparencia y con un alcalde que preside la red de de municipios por la Transparencia".
Han registrado una solicitud los nueve concejales para que desde el equipo de gobierno se den las explicaciones pertinentes. Sin embargo, para el PSOE se trata de un táctica que lamentan "profundamente", considerando que el grupo mayoritario en la oposición sigue haciendo oposición de una forma poco higiénica y hablan de una "utilización partidista de una desafortunada situación patrimonial privada". No son los únicos que piensan así, otras formaciones de la oposición como Ciudadanos creen que el PP se equivoca al ir por este camino, justificando también que se trata de una situación personal ajena a la política municipal y que como en el caso de cualquier funcionario municipal, todos los concejales de la corporación pueden comprobar si tienen alguna carga o embargo en sus salarios.
No obstante, el Partido Popular siembra dudas también sobre la declaración de bienes realizada este año, ya que en ella la edil declaraba en el Pasivo, es decir, en deudas o préstamos activos, 87.914,54 euros. Según el PP, deberían figurar esos 300.000 euros embargados al tratarse de una garantía hipotecaria y aluden a que los socialistas intentan confundir con ese 'aval'. Sin embargo, precisamente la garantía hipotecaria es una vivienda o bien inmueble ofrecido como aval para el pago de una deuda. Según fuentes consultadas, si el embargo se ha ejecutado sí debería aparecer en la declaración aunque sea la avalista, indistintamente de si es un aval 'solidario' o 'subsidiario'. Otra cuestión es, como señalan desde el PSOE o Cs, que se trate de un tema personal y fuera del ámbito político y si por tanto se le puede o debe aplicar el umbral de "ejemplaridad" que plantean desde el PP. O si no son precisamente esos 89.000 euros los que precisamente puede pagar a sus acreedores. Este medio intentó contactar sin éxito con la edil para aclarar la situación.
En cualquier caso, desde la formación saben que la edil ya ha estado en el centro de otros capítulos polémicos y por eso podría ser un 'punto débil' con el que intentarán erosionar a los socialistas, parte mayoritaria del bipartito. Además del primer embargo de 2019, tuvo que dimitir como concejal de Aperturas en 2015 tras conocerse que su marido tenía una de sus empresas en activo sin licencia. Actualmente tiene tres firmas de calzado y ropa, una de ellas en proceso de liquidación. En cuanto al sueldo —14 pagas mensuales de 3.112,16 euros—, desde el PP aseguran que tiene el máximo posible embargado. Unas declaraciones duras de Navarro en las que zanjaba con que el alcalde encubre a la edil, "incapacitada para gestionar dinero público", y que "necesita la política para vivir".