BENIDORM. El PP de Benidorm defiende su gestión en relación a la prórroga de la explotación del parking de l'Aigüera que ha puesto en tela de juicio la Agencia Valenciana Antifraude. La entidad ha emitido una resolución después de la investigación al caso que denunció Ciudadanos en la legislatura pasada. En sus conclusiones señala que está acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley y calcula que se trataría de un agujero en las arcas municipales de 600.000 euros. Sin embargo, el gobierno local señala que todo se aprobó contando con los informes técnicos favorables.
Como ha contado este diario, la concesión se inició en 1990 por 30 años. Sin embargo, la empresa siguió con la continuidad del contrato, acordándose en mayo de 2021 en el pleno la extensión por un año más, pero no fue hasta febrero de 2023 cuando finalmente la gestión pasó a manos del Ayuntamiento. La resolución pone el foco en el acuerdo adoptado en mayo de 2021.
Antifraude apunta en su escrito que esta continuidad del contrato equivaldría a una nueva adjudicación producida de forma directa o sin concurrencia, "lo que no se considera ajustado ni al clausulado que rige la concesión ni a la normativa contractual y en su consecuencia al margen del procedimiento aplicable a tal fin incurriendo por ello en el supuesto previsto en el artículo 47.1.e) de la LPACAP por una ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".
La portavoz del PP, Lourdes Caselles, afirmó que “el asunto contaba con todos los informes técnicos favorables” y ha aclarado que “el Ayuntamiento de Benidorm sí presentó alegaciones a las conclusiones provisionales”, contrariamente a lo que ha afirmado el portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo. Así, indican que la respuesta se dio a través de un informe del tesorero accidental del pasado 28 de septiembre y otro del TAG de Contratación y Patrimonio del 6 de octubre. Una documentación junto a un oficio del alcalde que, manifestó, se envió a Antifraude y la recibió, "tal y como acredita la documentación del Registro Electrónico del propio organismo con código: 2023494".
“Desconocemos por qué esas alegaciones no han sido plasmadas en las conclusiones definitivas que el organismo ha hecho públicas”, ha precisado, para asegurar a continuación que “entendemos que es un defecto de forma que se deberá subsanar para dar todas las garantías a las partes”.
En su resolución, la entidad hace dos recomendaciones al Ayuntamiento. En primer lugar, que proceda a la revisión de oficio del acuerdo mencionado. Sería momento para pronunciarse sobre la compensación económica y la causa de nulidad manifiesta "por ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de las autoridades y del personal al servicio". Para ello conceden un plazo de tres meses para iniciar las actuaciones y ponerlas en conocimiento de Antifraude.
En segundo lugar, una vez acordada la nulidad, recomiendan la instrucción del expediente para la exigencia del reintegro de los ingresos indebidos y percibidos por la concesionaria a juicio de la investigación y para el que el Consell Jurídic Consultiu tendrá que pronunciarse. En este caso el plazo es de seis meses.
Con esta resolución Antifraude da por finalizada la fase de investigación, abriendo ahora la de seguimiento de las recomendaciones formuladas. No obstante, han tomado otra medida, como es la de dar traslado del expediente al Tribunal de Cuentas "por si de las irregularidades apreciadas pudiera derivarse un menoscabo en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance en los términos previstos en el artículo 72 de la Ley 7/1988, de 5 de abril".
Sobre todo ello la edil ha indicado que ya cuentan con la resolución del Tribunal de Cuentas, aunque no ha querido precisar los detalles. Tampoco ha mencionado cuáles serán las medidas a tomar: "El Ayuntamiento está actuando ya y desde el minuto uno sobre este asunto con la máxima diligencia". Asimismo, la portavoz del gobierno local ha reiterado que “el Ayuntamiento de Benidorm ha actuado desde la máxima transparencia, aportando toda la documentación que le ha sido requerida, entre ella los informes técnicos –todos ellos, por cierto, favorables- que forman parte del expediente y evacuando los que han sido necesarios para contestar a sus conclusiones provisionales”.
Esta misma mañana de jueves el PSOE lanzaba un comunicado con el portavoz adjunto, Sergi Castillo, tildado el asunto como un caso de corrupción, lo que ha provocado las reacciones del PP. Caselles remarca que Antifraude “no concluye que haya habido ningún delito ni acto ilícito en la prórroga y posterior gestión del aparcamiento de l’Aigüera como afirma el PSOE”. Al tiempo que afirmó que "pone en boca de la Agencia afirmaciones que el órgano no hace".
Así ha señalado que “el señor Castillo asegura que la Agencia confirma que se han producido actos ilícitos, cuando el órgano en su informe claramente habla de indicios y de presunciones, no dando nada por sentado”. “No contento con hacer una lectura tramposa, desproporcionada, sesgada y como siempre interesada de un informe de la Agencia, el señor Castillo llega a emplear la palabra corrupción y la liga de forma torticera pero clara al alcalde, con nombre y apellido”. Con estas declaraciones, “el portavoz adjunto del PSOE enmienda a la Agencia que él mismo aspiraba a dirigir, utilizándola para su propio interés, que no es otro que el de conseguir un titular a costa de quien sea”.
Finalmente, acusó al concejal socialista de haber accedido a la Corporación municipal con el único propósito de vender libros y rechazó cualquier acusación de corrupción, ligando a su vez los casos con condenas del PSOE "por acoso laboral y otro por responsabilidad contable" y la apertura de juicio oral "a dos exconcejales socialistas por presuntas contrataciones irregulares de personal".
