El PP de Alicante ve posible inconstitucionalidad en el nuevo decreto ley de plurilingüismo

ALICANTE (EFE). El PP de la provincia de Alicante observa posibles supuestos de inconstitucionalidad en el nuevo decreto ley de la Generalitat sobre el plurilingüismo, aprobado el pasado viernes para el primer curso del segundo ciclo de Educación infantil.

En rueda de prensa, el presidente de los populares alicantinos, José Císcar, ha informado este miercoles de que estudian "en profundidad" dicho decreto, que entró en vigor ayer con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y ha asegurado que si se confirma que se vulneran los derechos fundamentales se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

Aunque dicho recurso solo puede ser interpuesto en el plazo de dos meses por el Gobierno central, 50 diputados o senadores o el defensor del Pueblo, Císcar ha recalcado que si se aprecia inconstitucionalidad se recurrirá por parte de alguno de estos actores.

A falta de un estudio jurídico más exhaustivo, ha explicado que la figura aplicada para imponer el Plurilingüismo mediante un decreto ley no es el adecuado porque está ideado únicamente para asuntos excepcionales y urgentes, y en este caso el Consell no puede alegar ni lo uno ni lo otro porque conocía la suspensión cautelar del decreto de Vicent Marzà desde el pasado 23 de mayo (a raíz de un recurso de la Diputación de Alicante).

Además, también discrepa de "la excepcionalidad o extraordinaria necesidad" alegada por el Consell porque la suspensión cautelar no provoca un vacío normativo sino que, tal y como estipulaba en su auto el Tribunal Superior de Justicia valenciano, insta a aplicar el decreto de 2012, aprobado en el periodo del PP.

Para Císcar, esas situaciones ya constituyen "posibles supuestos de inconstitucionalidad", a los que se podrían añadir "otras posibles vulneraciones de los derechos fundamentales" recogidos en los artículos 14 (igualdad) y 27 (libertad de educación) de la Constitución por el contenido propiamente dicho del decreto ley.

A todo esto se suma, ha proseguido Císcar, que el Gobierno valenciano pretende la convalidación incumpliendo el Reglamento de Les Corts, que tiene naturaleza de Ley y que estipula que el primer pleno tras el verano debe estar dirigido al Debate de Política General mientras que será para esta ratificación del plurilingüismo.

Esta situación también podría invalidar la convalidación del decreto ley, ha insistido antes de comentar que el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra "no hace una a derechas" y provoca el "caos educativo" en la Comunitat.

Según Císcar, el inicio de curso "nace adulterado" por esta cuestión, al suponer una "clara maniobra para eludir un mandato judicial de volver al decreto educativo de 2012" mediante un "decretazo más".

El popular ha enmarcado la actuación del Gobierno regional dentro de la intención de Compromís "y de una parte importante del PSPV, entre ellos Ximo Puig", de repetir "lo que en su día se hizo en Cataluña" para la inmersión lingüística en perjuicio del castellano.

Ha recordado que el citado decreto de plurilingüismo, del que responsabiliza a Puig por no cesar al conseller de Compromís Vicent Marzà, ha generado "protestas y descontento" en la comunidad educativa porque "se quiere imponer el valenciano sobre el castellano", lo que se refleja en 11 recursos contencioso-administrativos.

Del mismo modo, ha defendido que el PP "no está en contra del valenciano" sino que pretende su promoción, uso, enseñanza y conocimiento pero sin vulnerar el derecho fundamental de los padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos.

También ha expresado su estupor porque el decreto "abra la posibilidad de que no se dé ni una hora de inglés en Infantil", cuando el de 2012 obligaba a una hora y media, lo que le lleva a concluir que no tiene un fin pedagógico "sino una cuestión política". Por todo ello, el PP alicantino defenderá mociones en los ayuntamientos para que los plenos exijan a Puig el cese de Marzà.

Císcar, que también ha criticado que el curso empiece en la provincia de Alicante con 3.000 alumnos en barracones, ha lamentado que el Consell no tenga dinero para más colegios "pero sí 55 millones de euros para abrir una nueva televisión pública con una plantilla de 500 personas".