Panorámica de los terrenos del barrio de Sangueta de Alicante.ALICANTE. Nueva fase para la ordenación urbanística del barrio de Sangueta de Alicante, aunque todavía sin fechas definitivas ni definición concreta, y desbloqueo para la rehabilitación del Teatro Principal, con una primera aportación de fondos municipales. Esos han sido dos de los principales compromisos adquiridos por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), dados a conocer este jueves en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, a colación del debate de dos iniciativas distintas promovidas por el PSOE.
Por partes. En primer término, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha anticipado, respecto al barrio de Sangueta, que ya se había dado pasos en la redacción de ese Plan Especial durante el pasado mandato con la activación del proceso de participación pública y la concertación de un concurso para la presentación de propuestas con la Universidad de Alicante (UA). Además, ha detallado que, en noviembre de este año, se había promovido una consulta previa de mercado para recopilar propuestas encaminadas a diseñar esa ordenación, cuyo plazo de presentación de alternativas ya se ha cerrado, con lo que ha asegurado que la planificación ya está en desarrollo. Pese a ello, no ha anticipado el contenido de las alternativas presentadas ni qué aspectos concretos se pretende priorizar.
Eso sí, esa argumentación ha sido suficiente para justificar que la propuesta planteada por el grupo municipal del PSOE, en la que se conminaba a promover la redacción de ese Plan Especial, haya quedado desestimada con los votos en contra del PP (14) y la abstención de los cuatro representantes de Vox frente a los 11 apoyos de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, había defendido la necesidad de que se redacte el Plan Especial del barrio en cumplimiento de la sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso hace tres años, ya ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en 2022. Así, había insistido en que ese plan debe dar solución a los problemas de degradación existentes en el barrio y proporcionar cobertura a sus necesidades, ante una situación en la que concurren carencias de servicios e infraestructuras o ruidos por el tránsito del tranvía, entre otros puntos.
En esos mismos argumentos habían incidido los representantes de Compromís, Sara Llobell, quien ha recordado la planificación ligada al proyecto fallido del centro de congresos, y de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha sumado a la relación de problemas existentes en el barrio el funcionamiento de locales de ocio que han generado problemas de ruido.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, había coincidido en el retraso en la redacción de ese Plan Especial, después de que el exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), anunciase durante el pasado mandato que se iniciaban los trámites para la redacción de ese Plan Especial de la Operación Integrada número 6 (OI/6). Con todo, también había señalado que algunos de esos problemas, como el ruido generado por el paso del tranvía, ya existían durante los ocho años de la etapa del Consell del Botànic. Así, a la postre, los cuatro ediles de su partido, se han abstenido.
En segundo término, tampoco ha prosperado la segunda propuesta de declaración institucional promovida por el PSOE en la que se instaba a reactivar la gestión del Teatro Principal con la elección de un nuevo director y la realización de las obras de rehabilitación comprometidas desde finales de 2018, cuando la Generalitat pasó a formar parte de la comunidad de propietarios que gestiona la sala. Con todo, el debate de esa iniciativa sí ha permitido que se anunciase la disponibilidad de uso de los 1,5 millones ingresados por el Ayuntamiento con la compra de un tercio de las participaciones de la comunidad de propietarios que gestiona el teatro, adquiridos por la administración autonómica hace cinco años.
En la defensa de la propuesta, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, había considerado indispensable la ejecución de la rehabilitación del teatro, tras lamentar que se anunciase hace más de tres años y que no se haya puesto en marcha. Además, también ha planteado un incremento de las aportaciones para reforzar el presupuesto del Principal, teniendo en cuenta que ciudades de un tamaño similar a Alicante, como Córdoba, destina hasta 5 millones anuales a su teatro. Por último, ha criticado el retraso en la convocatoria de los órganos de gobierno en los que se debe aprobar los presupuestos de 2023 y 2024, así como el avance de la programación del primer semestre, convocada finalmente para este viernes, día 22.
En esas críticas han coincidido los representantes de Compromís, Sara Llobell, y de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien, además, ha planteado una propuesta para que se nombre una dirección pública que asuma la gestión del teatro, a la vista de la investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción en relación a la concertación de la prestación de servicios de azafatas y de montadores.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha coincidido en la necesidad de la reforma del edificio, aunque ha reprochado que no se hubiese actuado sobre él en los últimos 32 años. Además, no ha desaprovechado la ocasión para afear al PSOE que, a su juicio, fuese su exportavoz municipal, Paco Sanguino, uno de los responsables de que se acumulase un déficit de 950.000 euros en su funcionamiento.
Por su parte, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha recogido el guante de la propuesta del PSOE para anticipar que, finalmente, se había llegado a un acuerdo con el departamento de Intervención por el que se prevé desbloquear la ejecución de la reforma pendiente sobre el edificio con el crédito generado con una primera aportación municipal para sufragar las obras, a la espera de que pueda completarse con la financiación que correspondería asumir a la Fundación Banco Sabadell. En esta línea, ha señalado que la Concejalía de Infraestructuras ya está trabajando en la redacción del proyecto de rehabilitación para acelerar la licitación de las obras en cuanto sea posible.
Además, también ha señalado, respecto a la propuesta de nombramiento de un director gerente, que el equipo de gobierno "está muy interesado en esa cuestión, pero con el objetivo de nombrar a un director con un perfil profesional, y no un perfil político" como el que, a su juicio, se pretendía designar durante el mandato pasado. Tras su intervención, en el turno de votación, la propuesta del grupo socialista ha quedado desestimada con los 18 votos de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Los ediles de Alicante, en un momento del pleno de diciembre.Con carácter previo, el pleno ha debatido y rechazado una propuesta de declaración institucional conjunta planteada por los grupos municipales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem por la que se proponía instar a la Generalitat a mantener las medidas de protección de los adolescentes frente a la ludopatía y la degradación de los barrios ante los cambios promovidos por el actual Consell, constituido por PP y Vox, frente a la regulación de las condiciones para la instalación de locales de juego y casas de apuesta trazada por el anterior Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem EU). Los representantes de los tres grupos proponentes -Silvia Castell, Sara Llobell y Manolo Copé- han defendido la necesidad de evitar que ese tipo de actividad quede situada en las proximidades de centros escolares.
No obstante, la propuesta ha quedado desestimada después de que la edil de Bienestar Social, Begoña León, haya manifestado que, en realidad, la propuesta del Consell "no elimina las condiciones de distancia". "Se mantiene el límite de 850 metros respecto a colegios y 500 entre locales", ha sostenido, para añadir que "lo único que se trata de acordar es que los que ya operaban, sigan en las mismas condiciones para dar seguridad jurídica a las empresas", ha señalado. Al tiempo, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha apuntado que el cierre de locales al que se daba alas en la regulación del anterior Consell exponía a la Generalitat a pagar indemnizaciones millonarias. Así, en el turno de votación, la propuesta ha quedado rechazada por 18 votos (PP y Vox) frente a 11 (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
Sí se ha aprobado la declaración institucional promovida por Vox por la que se acuerda declarar a Alicante 'Ciudad Antibullyng', tras un intenso debate dialéctico entre los representantes del partido de Santiago Abascal y de Compromís. Y, por último, ha quedado rechazada la declaración institucional promovida por Compromís por la que se instaba al Ayuntamiento a mantener las bonificaciones previstas en el servicio público de transporte en autobús, con los votos en contra de los ediles del PP y de Vox. Tanto la edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, como los ediles del PSOE y de Esquerra Unida Podem, Raúl Ruiz y Manolo Copé, han subrayado que la bonificación del 50% en los títulos multiviaje y la gratuidad para jóvenes de hasta 30 años son dos medidas positivas que permite aliviar las dificultades económicas de las familias y que, al tiempo, son útiles para fomentar el uso del transporte público, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.
Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha señalado que la prórroga de esa medida supone un coste, al que después habría que darle cobertura con la recaudación de impuestos, y se ha mostrado partidario de negociar un sistema de bonificaciones ajustado al nivel de renta, para no dar lugar a un tratamiento igualitario a personas que disponen de recursos suficientes para costear el uso del servicio.
En último término, ha sido el edil de Transportes, Carlos de Juan, quien ha confirmado que la predisposición del equipo de gobierno es la de mantener esas bonificaciones, en el momento en el que el Gobierno central ratifique que extiende esa medida y concrete hasta cuándo y en qué cuantía. Así, ha señalado que el Ayuntamiento no puede confirmar la asunción de ese esfuerzo económico, al margen de las ayudas al transporte público ya previstas a través de los presupuestos de 2024, sin que exista precisión respecto a la cantidad que se dispone a aportar el Gobierno, a qué grupos poblacionales iría dirigida la bonificación y durante cuanto tiempo. "Tenemos la voluntad de mantener las bonificaciones", ha asegurado, aunque ha incidido en que, por ahora, no se puede adoptar ese compromiso de gasto en base a una "manifestación genérica" por parte del presidente del Gobierno.
