ALICANTE. A vueltas con la instalación de la oficina de información turística de la Generalitat en el paseo de la Explanada. El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante baraja ya su posible traslado a otro emplazamiento alternativo antes de que expire el plazo de 15 años de permanencia previsto en los dos acuerdos que amparan su montaje en la Plaza de Levante del Puerto de Alicante, junto a La Explanada. Se trata, en primer lugar, del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Agencia Valenciana de Turismo (ahora conocida únicamente como Turisme) y la concesión concedida por la Autoridad Portuaria de Alicante.
La edil de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, la popular Mari Carmen de España, ha apuntado este miércoles, durante su comparecencia pública para dar cuenta de los asuntos abordados en Junta de Gobierno, que la intervención del PP en el proyecto se ha limitado a completar un proyecto tramitado bajo el mandato del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) con el objetivo de que no se perdiese la inversión planificada por la Generalitat y que no se incurriese en ninguna "responsabilidad patrimonial", toda vez que se había destinado cerca de 700.000 euros para su construcción e instalación.
Así, ha recordado que la fabricación de la estructura se adjudicó pocos días después de que el popular Luis Barcala accediese a la Alcaldía, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, y que el PP se limitó a comprobar si el proyecto se ajustaba a los requisitos para que pudiese considerarse una instalación desmontable. Es más, ha insistido en que, en un principio, fue ella como edil de Urbanismo quien le denegó la licencia ante las dudas que existían sobre su posible consideración como edificio, lo que impedía que tuviese encaje en el emplazamiento propuesto, en función de las previsiones del Plan Especial del Puerto.
Así, ha apuntado que, después de que se acreditase que se traba de una estructura modular desmontable, el PP se limitó a autorizar su instalación sin conceder ninguna licencia, ya que en ese supuesto no resultaba preceptiva. En cualquier caso, ha señalado que el equipo de Gobierno no comparte la ubicación propuesta ni el volumen de la oficina que se habría planificado toda vez que existían emplazamientos alternativos, como la isleta situada junto a la Plaza del Mar o el entorno del Hotel Meliá, por ejemplo. En esta línea, ha señalado que "ahora será el PP el que tendrá que modificar un asunto heredado del tripartito con las complicaciones que comporte reducir una concesión autorizada para un plazo de 15 años" que se tramitó desde el Patronato de Turismo sin informar a la Concejalía de Urbanismo.
Por ello, ha insistido en expresar su sorpresa ante el anuncio adelantada por el grupo municipal de Guanyar sobre sus intenciones de presentar una denuncia en Fiscalía por la comisión de un supuesto delito urbanístico en relación a la controvertida oficina turística. De España ha subrayado que "si Guanyar no estaba de acuerdo con el proyecto, podía haber presentado alegaciones y no lo hizo". "Además, se da la circunstancia de que el convenio suscrito entre la Generalitat y el Ayuntamiento se aprobó en una Junta de Gobierno, en noviembre de 2017, que precisamente presidió el señor Pavón", ha señalado, en alusión al portavoz de Guanyar. En esta línea, también ha subrayado que Pavón también era consejero del Puerto de Alicante cuando se aprobó la autorización de la concesión, por lo que no puede alegar ahora que no conocía en qué consistía el proyecto.
Fuentes de Guanyar han precisado que se está recopilando toda la información relacionada con el proyecto para registrar esa denuncia en Fiscalía. En esta línea, han apuntado que Pavón sí expresó su rechazo al proyecto en el consejo de Administración del Puerto (aunque, según fuentes consultadas por Alicante Plaza, acabó siendo favorable) y que en el seno del tripartito también defendió que existían otras ubicaciones alternativas para las que ya se había barajado proyectos alternativos. Además, según representantes de Guanyar, la plataforma política siempre ha estado a favor de la oficina turística pero no de que tuviese un exceso de volumetría y de que incumpliese el Plan de Protección del Castillo de Santa Bárbara.
La portavoz municipal del PSPV y exconcejal de Turismo y Urbanismo, Eva Montesinos, por su parte, ha apuntado que "el proyecto de la oficina turística estuvo en exposición al público después de que se presentase en un acto institucional cuál iba a ser su diseño y nadie registró alegaciones, por lo que cualquier movimiento que pueda anunciarse ahora parece mero oportunismo".
Además, sobre el emplazamiento seleccionado, ha defendido que toda oficina de información turística debe situarse en un lugar accesible, que cualquier visitante pueda tener a su alcance, por lo que se descartó la posibilidad de situarla en la isleta ubicada junto a la Plaza del Mar. Ese supuesto, ha insistido, habría obligado a modificar la regulación semafórica de todo el entorno. Por último, ha apuntado que en todo momento se trató de atender los dos requisitos planteados por Turisme: que la oficina tuviese 400 metros y que su diseño fuese icónico.