El PP cree que el PSOE "hace el ridículo" al llevar al fiscal el contrato al que optaba un exasesor

ALICANTE. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, considera "que son ganar de hacer el ridículo" el anuncio del PSOE de llevar al fiscal el contrato de mantenimientos de zonas verdes para las Escuelas Infantiles, "cuya adjudicación no se ha llevado a efecto precisamente al detectarse la incompatibilidad con un asesor". 

De España ha hecho estas manifestaciones después de que ayer el grupo socialista anunciara que denunciará al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por intentar adjudicar un contrato municipal a uno de sus asesores, ya que la legislación impide que un cargo de confianza, con más de un 10% de una sociedad, acceda a un contrato municipal.

Para De España, "los socialistas, ante la falta de cualquier otra iniciativa política se están dedicando a intentar judicializar la vida municipal con asuntos que están absolutamente claros en un intento de ocultar los verdaderamente graves, como es el doble procesamiento del anterior alcalde, Gabriel Echávarri, y el procesamiento de dos asesores socialistas".

La portavoz del PP ha recalcado que el procedimiento de adjudicación "está inconcluso y que con toda seguridad se cerrará con el desistimiento de la empresa" y, en consecuencia, la adjudicación formal en un plazo de diez días a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso. Esa es la realidad".

Según de España, lo que los socialistas deberían hacer es llevar a fiscalía "la adjudicación que ellos hicieron de dos contratos por un total de 400.000 euros a la Liga Española de Educación, una ONG vinculada a esta formación y donde la ahora concejal Rosana Arques ha sido vicepresidenta".

"Esta polémica subvención a la ONG vinculada a los socialistas -añade la portavoz del PP- sí que va a suponer un grave quebranto económico a las arcas municipales debido a que por las irregularidades en la adjudicación el Ayuntamiento de Alicante no va a poder financiar el gasto con la UE y lo van a tener que pagar íntegramente de sus bolsillos los alicantinos".

"No tenemos nada que ocultar y hemos sido nosotros los que hemos detectado la incompatibilidad y los que hemos actuado en menos de 24 horas", ha recalcado De España.