ALICANTE. ¿Qué es la denominada regla del gasto?, se habrán preguntado en más de una vez. Pues según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. De acuerdo con esta filosofía, la aplicación de esta regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente.
Pues aplicando esta fórmula, la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, se ha desviado de la regla del gasto en casi 2,9 millones de euros; esa sería la diferencia entre el límite de la regla del gasto -lo que puede gastarse- y el gasto computable en la liquidación -lo que ha gastado finalmente-, que es negativa al final del ejercicio de 2017. En concreto, asciende 2.863.150,51 euros, que representa un incremento del gasto computable del ejercicio 2017 respecto al ejercicio 2016 del 3,52%, frente a un máximo del 2,1%. Así lo recoge un informe de la intervención de la institución provincial del pasado 18 de julio de 2018.
Por organismos, se ha desviado la cuenta general de la Diputación Provincial, que podía gastarse 118 millones y finalmente gastó 123 millones; el Auditorio de la Diputación de Alicante, que podía gastarse 2,5 millones y finalmente gastó 2,7; el Patronato de Turismo Costa Blanca, que también se desvió en 200.000 euros. En cambio, el organismo autónomo Proaguas -encargado de la construcción de las depuradoras-, ahorró casi 700.000 euros; el Consorcio Provincial de Bomberos, casi 500.000 euros, y el Consorcio Económico para la Recuperación de la Marina Alta (Creama), 75.000 euros. El resto de organismos y entidades dependientes de la institución provincial igualaron aproximadamente la cantidad que podían gastar y lo ejecutado finalmente.
Según el informe de la intervención, la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Diputación de Alicante refleja una disminución del 1,04% en el porcentaje de ejecución del mismo, que ha pasado del 72,21% en 2016 al 71,17% del 2017. El total de obligaciones reconocidas ha aumentado de 175,38 millones de euros en 2016 a 190,79 millones de euros en 2017. Respecto del Presupuesto de Ingresos, en 2017 se han liquidado ingresos por 232,64 millones de euros, que ha supuesto un aumento del 4,83% con respecto a 2016 y que ha conllevado un porcentaje de realización del presupuesto del 106,38%.
De acuerdo con este informe, a fecha de 31 de diciembre de 2017, la Diputación de Alicante tiene deudas de dudoso cobro por valor de 790.000 euros, 658.000 euros que arrastra de antes de 2015 y 131.000 euros de los ejercicios 2017 y 2016. Y en cuanto a los gastos realizados, pero no incorporados al presupuestos, la Diputación ha reconocido una cantidad cercana a los 3,9 millones de euros. De este montante, casi un millón de euros fue para "gastos de personal y prestaciones sociales"; 1,8 millones de euros en subvenciones a entidades, y 470.000 euros para Comunicación, Propaganda y Relaciones Públicas. Del ejercicio 2016 se arrastra otros 3,1 millones de euros en este tipo de epígrafes.
