ALICANTE. Salvo cambio improbable, el transporte público en autobús pasará a engrosar la larga lista de servicios pagados por el Ayuntamiento de Alicante sin el respaldo legal de un contrato en vigor, en la que ya han figurado la contrata de limpieza de colegios, el mantenimiento del cementerio, el montaje de infraestructuras para fiestas y actos culturales y, ahora, el mantenimiento de zonas verdes. El equipo de Gobierno, del PP, admitió este lunes por primera vez -tras las explicaciones facilitadas por los técnicos en la comisión de vigilancia de la contratación- que la concesión actual en manos de Masatusa (grupo Vectalia) se extinguirá el próximo mes de junio de 2019 sin que se haya resuelto el futuro de la prestación, bien a través de la convocatoria de un nuevo concurso, o bien de su asunción directa por parte del Ayuntamiento, una vez superadas las limitaciones que imponía el llamado Plan de Ajuste (ya cancelado).
En función de los plazos que se dieron a conocer en el transcurso de la comisión, a pregunta de los representantes de Ciudadanos (Cs), se prevé contar con el proyecto de prestación (un estudio sobre las características y necesidades del sistema, actualizado a las condiciones de la ciudad) en marzo de 2019. En estos momentos, su redacción se ha preadjudicado a una UTE formada por cinco consultoras que deben entregar su trabajo en un plazo de cuatro meses. En el transcurso de la comisión, no quedó claro si en ese estudio previo se debía valorar ya las posibilidades existentes para decidir sobre el modelo de prestación: público, semi-público o externalizado, tras una nueva licitación. Sólo el edil de Hacienda, Carlos Castillo, se apresuró a señalar que se estaba evaluando todo en paralelo, aunque, según fuentes de la oposición, no fue ese el contenido de las explicaciones de los técnicos.
En cualquier caso, sí se precisó, que una vez resuelta esa cuestión, en el probable supuesto de se optase por volver a dejarlo en manos de una empresa, se tendría que redactar el pliego de condiciones, lo que podría retrasar su adjudicación incluso hasta el año 2020. En ese escenario, el ayuntamiento quedaría expuesto a mantener la prestación del servicio mediante la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito (la operativa administrativa que se activa para pagos no contemplados en presupuesto) y ya sin las garantías de cobertura legal que procura un contrato en vigor.
Los grupos de la oposición -en especial, Cs, a través de su portavoz adjunto, Antonio Manresa- reprocharon al equipo de Gobierno que no se hubiese trabajado con la antelación necesaria para activar el proceso en los plazos previstos, cuando se tenía plena constancia de que el contrato del transporte se extinguía en 2019. Los portavoces de Guanyar y Compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, por su parte, también criticaron que en los estudios previos no se tuviese en cuenta ya cuál era el modelo de prestación que podía resultar más indicado (público, mixto o concesionado), aunque en todo caso recordaron que esa es una decisión política que debe votarse en el pleno de la corporación.
El exedil de Transportes por el PSOE, Fernando Marcos, apuntó, por su parte, que el proceso de estudios previos se había impulsado durante su etapa con el personal del que disponía la concejalía, por lo que auguró que "tampoco debía demorarse demasiado la toma de decisiones sobre la prestación del servicio". En ese momento, apuntó, también debería tenerse en cuenta que "la ley solo garantiza la subrogación de la plantilla en el caso en que exista una nueva concesión, y eso no está tan claro en el caso de que se opte por crear una empresa mixta o por asumirlo de manera directa".
Por último, el concejal de Transportes, José Ramón González, admitió, después de que se celebrase la comisión, que "efectivamente va a ser muy complicado sacar en los plazos previstos este contrato, ya que ni el tripartito, ni el PSOE han movido ningún un papel para tramitarlo a pasar de conocer su fecha de caducidad". "Nosotros desde que hemos llegado estamos tratando de tramitar este contrato con diligencia, pero los plazos administrativos son los plazos administrativos", aseveró.
Por último, tanto Cs como Compromís cuestionaron al equipo de Gobierno sobre la existencia de otros contratos que estuviesen a punto de vencer y que, igualmente, quedasen expuestos a pagos sin respaldo legal de un contrato. La respuesta a su petición llegó de manos de la edil de Contratación, María Dolores Padilla, quien instó a los grupos de la oposición a formular con antelación las cuestiones sobre las que solicitasen información para poder aportar los expedientes o la información requerida. El portavoz de Compromís, Bellido, apuntó, al respecto, que en lo sucesivo sería conveniente que los técnicos a cargo de cada contrato pudiesen asistir a las reuniones de la comisión. También solicitó que se estudiasen fórmulas para garantizar el correcto funcionamiento del portal de transparencia para que se publicasen en plazo todas las contrataciones menores, como establece la normativa.