El plan para reducir la temporalidad deja en el alambre a casi 500 funcionarios de la Diputación

ALICANTE. La Diputación de Alicante, como otras muchas administraciones públicas de la provincia, tiene una 'patata caliente' en las manos. A la Unión Europea se le ha terminado la paciencia con el llamado "abuso de temporalidad" en el sector público, es decir, la contratación de personal laboral o la incorporación de interinos para cubrir plazas que deberían haberse ofertado en oposición, y exige que dichas plazas se consoliden cuanto antes. En teoría, la interinidad o la condición de personal laboral no debería prolongarse más de tres años, pero en infinidad de corporaciones locales, y también en la provincial, se han convertido en una figura endémica.

Este no es un problema exclusivo de la Diputación, pero en el caso de la institución provincial afecta nada menos que a una tercera parte de su plantilla. Cerca de medio millar de empleados que ahora, con el plan contra la temporalidad puesto en marcha en 2017 con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ven cómo su futuro laboral está en el alambre. Porque, al contrario de lo que ha ocurrido por ejemplo con los empleados de Sanidad, para otorgar las plazas que ocupan de forma temporal (pero en algunos casos, y no pocos, desde hace décadas) no se realizará un concurso de méritos, sino que, en principio, habría que presentarse a una oposición de libre concurrencia tras la cual, a los aprobados, sí se les valorarían los méritos para adjudicar la plaza.

El escenario preocupa a decenas de trabajadores que, tras muchos años de trabajo en la institución, ven ahora cómo con más de 50 años de edad tienen que preparar una oposición y volver a estudiar, según explican fuentes sindicales. De hecho, los trabajadores afectados han iniciado una recogida de firmas y tienen previsto concentrarse este jueves en la Diputación, para trasladar la complicada situación que se ha generado con este plan al presidente de la corporación, Carlos Mazón. Básicamente, las reivindicaciones pasan por paralizar los procesos selectivos previstos hasta que se apruebe el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y plantear que la consolidación de las plazas se realice en base a los méritos de aquellos que las ocupan desde hace años.

Indemnizaciones

El sindicato STAS-IV calcula, en base al censo de empleados de la corporación provincial, que los trabajadores "abusados", en terminología de la propia Unión Europea, son unos 480, lo que equivale a más de la tercera parte de la plantilla de la institución (concretamente un 37% de los 1.288 trabajadores). Que el abuso de la temporalidad ha sido sistemático en la Diputación queda acreditado si se tiene en cuenta, según estos cálculos, que algunos de estos 480 afectados llevan más de 25 años en fraude de ley, y que hasta hace cuatro años no vieron equiparadas sus condiciones a las de los titulares de sus plazas. "Se han firmado contratos de mes en mes o cada dos meses durante años". El 50% de los afectados tiene más de 50 años de edad, y más del 60% son mujeres.

Al problema para el futuro personal de todas estas personas en caso de no superar la oposición, se suma la variante económica, que puede descuadrar las cuentas de la Diputación. Porque la Unión Europea no solo exige que se regularicen todas estas plazas (con un máximo permitido de un 8% de temporalidad), sino que además exige sancionar a la administración que ha abusado de esta fórmula. Una sanción, que no se ha cuantificado, pero que se traduciría en una indemnización para los interinos y laborales que se vieran desposeídos de sus plazas. Los sindicatos calculan que la indemnización media puede alcanzar los 25.000 euros (tomando como referencia un grupo C1 con diez años de antigüedad). Si hubiera que indemnizar a los 480 afectados por este abuso de temporalidad, el quebranto ascendería a 12 millones de euros, el 5,5% del presupuesto anual.

"Ya ha ocurrido que, en una categoría profesional de este Plan de Estabilización, el 100% de las personas a estabilizar en su puesto han sido cesadas al no superar el proceso. Y ya hemos visto que sin opción de optar ni siquiera a un contrato de sustitución", advierte el STAS-IV. Y, por otra parte, si la persona cesada plantea judicialmente la fijeza de su plaza, la Administración podría encontrarse con un aprobado del proceso selectivo distinto, y posteriormente con el empleado temporal que obtiene la misma plaza por vía judicial. Algo que el sindicato advierte de que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Calp.

Por todo ello, los sindicatos y los trabajadores que se concentrarán el jueves (y que han reunido unas 250 firmas, según indican sus promotores) proponen a la Diputación de Alicante la paralización de todos los procesos, incluidos los que están en marcha, que incluyan plazas ocupadas por personas en abuso de temporalidad por fraude de ley. Asimismo, exigen el compromiso de todos "para hacer las cosas bien después de tantos años de hacerlas mal obviando las normas". Es decir, estabilizar a este personal temporal en fraude de ley por abuso de temporalidad en base a los méritos acumulados, y convocar el resto de procesos selectivos, "que, por otra parte, se está evidenciando que son muy necesarios".